Kimberly Clark también bachaquea el papel toilet en Colombia

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Por: Luis Salas Rodríguez

La gran explicación que los expertos, los dueños de los negocios y los políticos de la derecha ofrecen al país, sobre la escasez de determinados productos en los mercados nacionales es de sobra conocida: los precios regulados por el gobierno desestimulan la producción, a lo cual hay que sumarle la escasez de divisas, lo que conspira para la no importación de dichos productos o de los insumos que se necesitan para producirlos acá.

Esta explicación es más o menos invariable para todos los casos: alimentos, medicinas, detergentes, jabones de uso personal, ropa, calzado y hasta para el papel tualet. “Nadie puede producir a pérdida”, se nos dice, “si el Estado levanta los controles eso no pasaría”, “es el costo que hay que pagar por intervenir en las leyes del mercado”.

¿Pero es realmente esa una explicación o simplemente una excusa? En el trabajo publicado en este mismo espacio por la economista y profesora Pasquialina Curcio La mano visible del mercado se argumenta de manera bastante convincente que parece más una excusa que una explicación. Sin embargo, a tenor de lo que uno se entera que pasa en otros países, más elementos se tienen para concluir que como explicación. Veamos el caso del papel toilet.

El año pasado en Chile se descubrió el caso de colusión en que incurrieron las principales empresas productoras de dicho producto de consumo masivo. Como en Chile al tualet se le llama confort, la prensa chilena bautizó el caso como el cartel del confort. El caso consistió en que las empresas CMPC y SCA se pusieron de acuerdo de forma ilícita para fijar los precios y repartirse el mercado con fines domésticos, incluyendo servilletas, pañuelos desechables y faciales, toallas de papel y papel higiénico. En resumen: no era la mano invisible del mercado ni el libre juego de la oferta y la demanda la que fijaba los precios, eran las empresas que se ponían de acuerdo para ello fingiendo competir cuando, realmente, lo que hacen es repartirse cuotas de mercado y articular para quedarse con mayores tajadas de salario de los trabajadores y trabajadoras consumidores. O sea: especulaban con los precios manipulando la oferta. Y conste que en Chile no existen controles de ningún tipo, ni cambiario ni de precios.

Pero ahora en Colombia, donde tampoco existen controles de ningún tipo y el Estado brinda todas las libertades a los privados para que tengan “confianza” y operen, acaba de salir a la luz pública un caso similar, que por lo demás involucrada una vieja conocida nuestra: la empresa norteamericana Kimberly Clark. Esta empresa es uno de los oligopolios más grande que operan en Venezuela, entre otros productos con los pañales Huggies, las toallas sanitarias Kotex y el papel higiénico Scott, todos muy escasos como bien sabemos.

La práctica de la que está siendo acusada Kimberly sigue invariablemente el mismo patrón de lo descubierto en Chile: en un informe motivado de 277 páginas redactado por el grupo de trabajo para la Protección y Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, se detalla paso a paso cómo el grupo de empresas más grandes del país en el negocio de los papeles suaves tenían montada una serie de acuerdos para fijar los precios de sus productos y, de esa forma, obligar a los colombianos a pagar más por cada uno de ellos por más de una década. El documento detalla que fue evidente “un acuerdo restrictivo duradero y permanente entre los investigados durante los años 2000 a 2013”. Allí aparece, por ejemplo, la declaración de Luis Fernando Palacio González, quien fuera gerente de Kimberly para la Región Andina y quien participó en el acuerdo durante todo el tiempo de su existencia.

Así las cosas, las diferencias con lo que hacen en nuestro país pueden que sean tan solo de método, pero el objetivo es el mismo: especular a través del bachaquerismo corporativo.

Vea la reseña de este caso hecha por el diario El Espectador de Bogotá

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