¿Sueñan los bachaqueros con ovejas electrónicas?

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Para muchos analistas económicos, y expertos en tendencias de opinión, el fenómeno del bachaqueo –la versión venezolana e hipertrófica de la economía informal- es únicamente una consecuencia del desacierto de la dilación de ciertas medidas cambiarías que –a su juicio- el gobierno nacional aun no ha tomado.

Para estas tesis el bachaqueo sería el libre emprendimiento de una sociedad desesperada que, al no obtener fuentes de empleo –consecuencia de las medidas antes mencionadas, y también responsabilidad del mismo gobierno,encuentra en este tipo de práctica económica un aliviadero a sus insuficiencias, laborales y de consumo. Un mercado con una necesidad, que es satisfecha por un ofertantesui generis. Nada más.

Pero el trabajo que adelanta la Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), con el economista William Contreras al frente, viene echando por tierra esta versión virtuosa del fenómeno. En sus distintas apariciones mediáticas, las capturas de vídeo realizadas por su equipo desmontan una organización con amplio grado de sofisticación. Una organización, que además de cometer de manera flagrante crímenes ligados a la extorsión y el contrabando, está atentando contra los derechos socioeconómicos de los venezolanos.

Contreras y su equipo consiguen demostrar con sus acciones que el bachaqueo es un acto criminal, y es solo la punta del iceberg de una nefasta y compleja operación ilegal de usura con el derecho a la alimentación de la ciudadanía, y que –las pruebas lo demuestran de forma atronadora- tiene amplias ramificaciones dentro de exclusivos e importantes actores de la actividad productiva del sector alimentario, farmacéutico, y de cosméticos: los bachaqueros reales, o mejor aun, la realeza de los bachaqueros.

En una reciente entrevista con el programa La Hojilla, Contreras, junto al conductor del segmento Mario Silva, mostró laminas con información proporcionada por el superintendente, y en las que señalan a 10 empresas como las “responsables del boicot” al alterar la distribución de sus productos. Entre ese grupo de empresas destacan de forma escandalosa los siguientes: Alimentos Polar, Cargill Venezuela, Convelac, Johnson & Johnson Medical, Nestlé, Inlaca, Kimberly Klark, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Manpa y Paveca.

El dato, que revela una obscura trama de delito corporativo, también salta a la vista por su obviedad. Todas estas empresas son responsables de la puesta en anaqueles de los productos que son monopolio de las mafias de bachaqueros que azotan a nuestras ciudades. Y la investigación de la Sundde apunta a unir los cabos entre estas dos funestas corporaciones: la realeza y el estado llano del bachaqueo. La primitiva división de clases para un mal casi futurista y distópico de nuestra sociedad.

No negamos que el bachaqueo es la manifestación criminal y a pie de calle de un conjunto de distorsiones que el estado venezolano extractivista aun arrastra como materia pendiente. Pero el avance de las investigaciones obliga a pensar como ese mismo estado se imbricará en la responsabilidad que ahora Contreras pone sobre sus hombros. El mismo llamado toca las puertas de la ciudadanía organizada que en otro contexto, tal vez lejos de la esquizofrenia mediática, hubiera salido a defender sus derechos.

Mientras, y no es gratis la imagen, los analistas inefables miran a los bachaqueros y se preguntan en qué piensan esos inofensivos pastores de mercancías mientras el gobierno no unifica el tipo de cambio o no termina de dolarizar de una vez por todas la economía, las leyes, los habitantes, el tiempo, y hasta las programas de opinión que denuncian a los bachaqueros.

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