La economía política del desabastecimiento

desabastecigghh

Por: Lenín Brea

Economía política en acción

Cada vez que hastiado de las colas, el desabastecimiento y el desbocado aumento de precios  alguien alza la voz para demandar justicia, una de las respuestas más comunes es que estos fenómenos se deben al control de precios. Sin embargo, puede que esto sea más complicado, al menos según lo demuestra Pasqualina Curcio en la segunda parte de su investigación La mano visible del mercado. Guerra Económica en Venezuela (2012-2016). Y es que allí la autora no solo se da a la tarea de desmentir esta tesis con estadísticas y datos bastante fiables, sino que además demuestra que estos fenómenos obedecen a prácticas de desestabilización social, económica y política desplegadas por los factores nacionales e internacionales que adversan al Gobierno con la finalidad de forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro, de manera similar, pero bajo un formato distinto al que en el pasado utilizaron para intentar derrocar al presidente Chávez

El trabajo de la investigadora y docente de la USB merece ser leído por dos razones.

En primer lugar, somete a prueba los principales argumentos y tesis, adelantados por los economistas, empresarios y políticos de oposición, que defienden la necesidad de abandonar las políticas sociales y económicas vigentes para implementar medidas neoliberales. Es decir, no se trata en lo absoluto de un panfleto, pero tampoco se trata de un desmontaje teórico, sino de un análisis riguroso de las relaciones entre las principales variables de la economía venezolana basado en métodos econométricos. El resultado de comprobar la veracidad de las tesis opositoras con datos empíricos ha resultado hasta ahora en la invalidación de dichas tesis.

En segundo lugar, el trabajo de la Dra. Curcio en su conjunto es una contribución a la definición en términos concretos de la guerra económica mediante la descripción del fenómeno, su conceptualización y la determinación de sus causas, para lo cual traspasa las estrechas fronteras de la economía vulgar y se ubica en el panorámico punto de vista de la economía política. Tal perspectiva no solo trata de dar cuenta las determinaciones políticas de la economía y viceversa, sino que además apunta a producir insumos para la toma de posición ante la situación en la que nos encontramos. En concreto permite responder a la siguiente pregunta: ¿quién tiene la responsabilidad por la situación presente y en particular por el desabastecimiento y la inflación?

¿Cuál es la causa del desabastecimiento y el aumento de los precios?

En la segunda entrega de su investigación, la cual lleva por subtítulo “¿Control de precios o boicot en el suministro?”Pasqualina Curcio profundiza y fortalece la demostración de una de las tesis formulada en su ya célebre Desabastecimiento e inflación en Venezuela. No es el control de precios lo que determina el desabastecimiento de productos y el consecuente aumento de los precios, sino una práctica de boicot económico que tiene una finalidad política.

Lo primero que hace la autora para probar su tesis y desmontar las tesis oposicionistas es constatar que desde la entrada en vigencia de los controles no ha habido una disminución en la producción ni en la importación, esto es, demuestra que la oferta de los productos que escasean se ha mantenido constante. Para probar esto evalúa el consumo de los productos de primera necesidad y alta preferencia, rubro a rubro, desde 2012 hasta 2015, concluyendo que dicho consumo se ha mantenido constante a pesar de las dificultades inherentes a la obtención de los alimentos dadas por las largas colas y los altos precios.
Dos aclaratorias son importantes antes de continuar.

Primera: es un presupuesto de la investigación que el acaparamiento de productos o su distribución limitada y de forma intermitente tiene como finalidad y efecto el aumento del precio de los mismos. Es decir la inflación desmedida es en gran parte un efecto del desabastecimiento.

Segunda: al afirmar que el consumo de los productos básicos se ha mantenido constante Curcio no quiere decir que no haya habido una caída en el consumo global de los venezolanos. Lo que sucede es que cada vez se fue haciendo más necesario que cada familia sacrificase el consumo de otros bienes y servicios para mantener el consumo de lo básico.

Ahora bien, si el consumo de los rubros básicos se ha mantenido igual esto indica inequívocamente que la producción y la importación se han mantenido constantes, ya que no se puede consumir lo que no se ha producido o importado. Entonces, se pregunta Curcio, “¿qué ha estado ocurriendo entre la producción/importación y el consumo para que los productos no se encuentren en los anaqueles con la regularidad y en las cantidades necesarias?, ¿por qué si la producción y la importación se han mantenido debemos hacer largas colas para adquirir algunos de estos alimentos, o debamos comprarlos en el mercado paralelo e ilegal a precios muy elevados (bachaqueo)?”.

La respuesta pasa por una revisión de las principales tesis que, según los agentes políticos y económicos que se oponen al Gobierno, explican la situación. El argumento principal es que los empresarios se han visto en la necesidad de parar la producción o disminuirla, razón por la cual se da la situación de desabastecimiento. La caída de la producción se debería, primero, a que el Gobierno no habría otorgado las divisas para importar lo necesario para producir y, segundo, a que los precios establecidos por las regulaciones son más bajos o muy próximos al costo de producción.

Ya hemos visto que al menos hasta fines de 2015 no ha existido tal caída de la producción. En cuanto a la importación y la entrega de divisas la autora desmonta esta tesis en Desabastecimiento e inflación en Venezuela. Allí demuestra que las importaciones totales y las de alimentos han aumentado en promedio más del triple desde 2003 hasta 2013; que las divisas otorgadas al sector privado por parte del Estado han aumentado en promedio 442% entre 2003-2013, y que no obstante lo anterior el índice de escasez ha registrado un incremento de 38% entre 2003 y 2013. Esto indica que el desabastecimiento no es el resultado del no otorgamiento de divisas por parte del Gobierno y que no está vinculado a una caída en las importaciones.

Sin embargo es necesario hacer un paréntesis aquí para preguntarse ¿por qué debe el Estado venderle divisas a un particular para que importe materia prima –por ejemplo, maíz o cebada– o peor aún, bienes elaborados, cuando podría usar esos recursos para fomentar la producción nacional de ciertas materias primas y de bienes con valor agregado? Más aún ¿por qué no pueden estas empresas importar con sus propios dólares y amasar en bolívares?, ¿no fortalecería esto de manera inmediata el valor de la divisa nacional?

Volviendo al trabajo de Curcio, al respecto de la supuesta influencia del control de precios en el desabastecimiento la autora muestra que la producción e importación de los bienes en cuestión se ha mantenido constante desde 2003, año de la entrada en vigencia de las regulaciones, hasta 2013. Esto a pesar del rezago relativo de los precios regulados con respecto a las variaciones del índice nacional de precios de alimentos y bebidas. Argumenta Curcio que si el precio fijado por el Estado estuviese por debajo del precio “real”, es decir, del costo medio de producción, las empresas hubiesen tenido necesariamente que dejar de producir, pero, como ya se dijo, ese no es el caso.

Más significativo es que a pesar de que a partir del año 2010 hubo un mayor ajuste y aumento de los precios regulados, esto no resultó en un aumento en la disponibilidad de los productos. Es decir, en las circunstancias actuales subir los precios o eliminar las regulaciones no es garantía de que aparezcan los productos. Volvemos a preguntar con Curcio ¿a qué se debe esto?

Pero aún más significativo es el desabastecimiento de productos cuyos precios no se encuentran regulados, como los granos y en especial las caraotas:

“Entre 2003 y 2004, un aumento del precio máximo [de las caraotas], por encima del de equilibrio, no implicó un aumento de la disponibilidad, por el contrario, disminuyó. A partir de 2005 se excluyen las caraotas de la regulación de precios. Aumenta la disponibilidad entre 2005 y 2009, pero a partir de 2009 desciende. Actualmente, a pesar de que es un rubro cuyo precio no es controlado, presenta niveles de escasez”.

Esto muestra a las claras que no hay una relación directa entre control de precios y el desabastecimiento, y en específico que este último no obedece a que los precios regulados estén por debajo del costo medio de producción.

Entonces es posible volver a preguntar cuál puede ser la causa del desabastecimiento y de la inflación, pero no ya dentro del campo de la economía concebida como un dominio aparte y aislado del resto de la vida social, sino en su conjunción con la política.

¿En qué consiste la guerra económica?

Según Curcio el desabastecimiento y la inflación son los efectos de prácticas económicas (acaparamiento y especulación) supeditadas “a intereses políticos que buscan la desestabilización económica y social, más que a intereses de maximización de beneficios”.

Para demostrar esta tesis la autora analiza la evolución del desabastecimiento comprobando que este aumenta en los momentos de alta tensión política y próximos a las elecciones. Además, evidencia que su intensificación coincide con la muerte del presidente Chávez y la victoria de Nicolás Maduro.

Uno de los puntos más relevantes de la investigación que comentamos es que da cuenta, mediante un análisis histórico, de un cambio fundamental en la estrategia opositora: si bien, casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana los factores de oposición se enfrentaron mediante la fuerza al Gobierno, sus tácticas han cambiado radicalmente. El paro de la gerencia petrolera de 2002 y el lock out patronal de 2003 fueron intentos de apropiarse del poder que se basaron en prácticas de no “cooperación económica”, condimentadas, claro está, con violencia. Tras el fracaso de estas acciones la intención de desestabilización política y social continuó, pero se optó por “prácticas de boicot económico”. Según Curcio, existe una gran diferencia entre estas tácticas:

Primero, “la huelga requiere el concurso, la movilización y la aprobación de diversos y múltiples sectores de la economía y de la política. En cambio, el boicot no necesariamente precisa de movilizaciones y de la aprobación de diversos sectores políticos y económicos, por el contrario, con manipulaciones individuales, o con el acuerdo de pocos puede llevarse a cabo”.

Segundo, en el caso del boicot el objetivo no es atacar la producción, sino que las acciones estén dirigidas a “alterar los mecanismos de distribución de estos bienes y obstaculizar el acceso oportuno y regular por parte de la población a estos”. Así, mientras que la huelga patronal implica un gasto de fuerzas tal que el paso del tiempo debilita a sus promotores, el boicot no genera pérdidas sino ingentes ganancias para quienes manipulan los canales de distribución. Es decir, el boicot tiene la virtud de hacerse fuerte con el tiempo: al no detener la producción y aprovechándose de las divisas concedidas por el Estado y el monopolio en la distribución se pueden amasar grandes beneficios económicos, ya que: “1) solo importan una parte de los bienes; 2) venden los bienes importados a precios calculados a la tasa de cambio del mercado paralelo, a pesar de que las divisas le fueron otorgadas a tasa preferencial; 3) el acaparamiento ‘intermitente’ les permite colocar los productos en el mercado a la par de generar malestar por las colas, pero al mismo tiempo lo venden, en muchos casos a precios muy superiores por el fenómeno ‘escasez’”.

Pero a lo señalado por Curcio hay que agregar otra diferencia que tiene la mayor importancia: la huelga patronal implica una toma de posición política de carácter público por parte de aquellos que la promueven. Todo concurre como una extorsión en la cual los propietarios y sus aliados, en su propio nombre y de manera ostensible, se proponen como los agentes de una determinada voluntad política: “¡No hay alimentos ni medicinas ni combustible hasta que no se vaya el Gobierno!”. Por eso deben cargar con las consecuencias políticas de sus acciones y la nación los responsabilizará por sus actos sobre todo en el caso de derrota. Esto fue lo que pasó efectivamente en 2002 y 2003. En el caso del boicot los perpetradores hacen como si sus acciones no tuviesen una motivación política, no asumen públicamente sus intenciones ni su responsabilidad, más bien se presentan como víctimas que no tienen más remedio que proceder como lo hacen dada una política gubernamental equivocada. En este caso hay igualmente extorsión, pero no hay un sujeto político que asuma, en tanto que tal, las acciones.

Se comprende entonces que el trabajo de Curcio intente demostrar el carácter políticamente interesado de las prácticas de la oposición político-económica y la dificultad de esta tarea, y también porque sus trabajos, así como la de otros científicos sociales abocados a la comprensión del presente con la finalidad de superarlo (Luis Salas, José Gregorio Piña, entre otros), se constituyen necesariamente en una denuncia basada en criterios de objetivad, que señala no solo las causas abstractas sino las responsabilidades concretas.

De ser cierta la tesis de la guerra económica ¿qué se puede esperar de unos empresarios que están dispuestos a dejar sin alimentos y medicinas a la gente con tal de realizar sus objetivos políticos y económicos?, ¿qué pueden aportar a la solución de la situación quienes, como Luis Vicente León, se visten de académicos y profesionales de la economía para promover la práctica de ilegalismos y en concreto el acaparamiento, la especulación y el bachaqueo?, ¿qué tipo de gobierno pueden hacer unos políticos empeñados en la conquista del poder sin considerar las consecuencias de los medios empleados y dejando de lado el bienestar de la gente?

Consecuencias y actualidad

En el presente apartado intentaremos sacar algunas consecuencias que se derivan de los planteamientos de Curcio relativas a la situación presente. El ejercicio se hace necesario porque el periodo estudiado por la autora llega hasta 2015. Entonces nos preguntamos ¿cuál es la situación en el primer trimestre de 2016?

Una primera cuestión es relativa al nivel de consumo de las familias trabajadoras. En la actualidad es factible suponer que su consumo se ha deteriorado al punto que faltan los productos alimenticios considerados básicos e indispensables. Además de los efectos sociales que esto trae en términos de sufrimiento y angustia, es relevante que la radical modificación de la estructura de gastos de los hogares tiene por lo común como efecto la disminución de la demanda de los bienes “no necesarios”, presiones para la reducción de la producción y el aumento del desempleo, es decir, conduce a una depresión económica y al empeoramiento de la situación.

Más allá hay que preguntarse si la situación actual está definida exclusivamente por la guerra económica, entendida como el uso de medios económicos con fines de desestabilización política por parte de los partidos de oposición y actores vinculados al capital “venezolano”. Esto porque es posible suponer que no todos los agentes que participan y se benefician del acaparamiento y la especulación tienen como finalidad la desestabilización del Gobierno, sino que para muchos el fin es la acumulación rápida y violenta de ganancias de una forma tal que no se preocupan por bandera política alguna e incluso se puede decir que parecen no preocuparse por el futuro. Los vínculos del crimen organizado con el negocio del bachaqueo, la vinculación de fuerzas públicas, funcionarios y empresarios en esos negocios atestiguan quizás una voluntad de enriquecimiento que exige la falta de escrúpulos antes que una voluntad política y lo mismo puede decirse de la conducta de muchos bodegueros, caucheros, comerciantes de electrodomésticos y repuestos, en síntesis, de todos aquellos que pueden con mayor o menor fuerza manipular el mercado.

Para los asalariados, que siguen siendo la mayoría de la población verdaderamente productiva, la situación actual se traduce en una expropiación violenta del ingreso, donde los beneficiarios son los grandes capitales y las mafias que se han creado a la sombra de las prácticas de desestabilización adelantadas por los primeros en complicidad con la oposición política. Es un hecho que cualquiera puede constatar el que en la actualidad están disponibles en el mercado negro y en abundancia todos los productos que escasean a condición de que se esté dispuesto a pagar las sumas exigidas por ellos. No hay prueba más fehaciente de que la situación actual no está determinada exclusivamente por variables económicas, sino que estas últimas tienen en la actualidad una forma patológica que se conjuga con intereses políticos.

Los recientes anuncios de transformación del sistema distributivo hechos por el Gobierno apuntan a una solución del problema, toca a nosotros, asalariados (públicos y privados), organizarnos para apoyar las medidas y combatir la guerra económica.

Deja un comentario

Tu email no será publicado.


*