La mirada exclusiva de la OEA

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Por: Angerlin Rangel

A partir de la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, han sido muchas las lecturas dadas en torno a las consecuencias que pudiera acarrear para la patria bolivariana. Esta acción es, sin duda, un movimiento que se suma a los avatares a los que asiste la región desde que se materializó el golpe de estado en Brasil y se evidenció la desproporción en las acusaciones que golpean de muerte la izquierda regional.

Lo ocurrido en Brasil forma parte de una estrategia no convencional que algunos académicos como Boaventura de Sousa Santos han denominado neogolpe. Mecanismo que mostró eficacia en 2009 y 2012, cuando Manuel Zelaya y Fernando Lugo fueron destituidos de sus cargos frente a los gobiernos de Honduras y Paraguay, cuando se generó una esfera discreta de un estado de excepción, con presencia no muy obvia de militares. Similar a aquel momento se percibe en Venezuela la presencia de elementos de derecha que se suman a la participación entusiasta de personalidades muy conocidas.

Aunque los amantes de la democracia nos habíamos convencido de que la única forma de apartar a un mandatario del poder era por la vía electoral, los últimos acontecimientos ponen en peligro esta visión participativa. La estabilidad regional se tambalea y en su lugar se imponen el desgobierno, la impunidad y la doble moralidad de las organizaciones internas e internacionales que en “defensa de la democracia velan por la estabilidad y la paz regional”, se pronuncian a conveniencia. Ocurre que la OEA mira con preocupación y resalta, la necesaria sanción a Venezuela al tiempo que existe un debate tímido o mudo sobre lo ocurrido en Brasil.

Lo anterior sirve para constatar el deterioro de esta institución y el codiciado interés por reinsertar un viejo esquema en urgencia por la recuperación del poder. La sinergia entre el parlamento venezolano (que no ha cesado de plantear como su principal punto de agenda la salida del presidente Nicolás Maduro y el necesario cambio de la política nacional) junto con las corporaciones mediáticas, proyectan un gobierno corrupto, antidemocrático y auspician la necesidad de una intervención internacional en auxilio al caos dictatorial en el que viven los venezolanos. La pedantería reina y, sin más, se solicita ayuda de manos de un organismo a todas luces vencido, caduco y deslegitimado en la región. Como si Estado y gobierno fueran lo mismo, se presenta esta solicitud en perfecta sintonía con la propuesta de Ley de Amnistía auspiciada por la Asamblea Nacional. Lo que nos indica que ni la defensa de los derechos humanos ni la idea misma de reimpulso a la democracia tienen el carácter que dicha solicitud les atribuye.

Asusta pensar  cuál es la idea de consenso y de diálogo que debemos esperar los venezolanos de las clases políticas que las disputan. Reflexionar sobre los principales problemas que nos convocan y leer una solicitud donde versa la prioritaria y necesaria liberación de todas las personas aún detenidas por razones políticas, llena de profundo pesar. La precariedad de nuestra cultura política que hoy aclama intervención como sinónimo de auxilio.

La pretensión de excluir a Venezuela de su participación en el sistema interamericano, no es solo la muestra de una mirada bastante focalizada en la búsqueda por la “estabilidad democrática regional”. Es una estrategia argumentativa que deslegitima un gobierno y además desconoce y descalifica a los organismos regionales que le han manifestado reiteradamente su apoyo. Los mismos organismos que rechazan las políticas injerencistas de Estados Unidos (Unasur, Celac, ALBA, Petrocaribe y Caricom).

Con la activación de la Carta Democrática Interamericana se abriría un proceso de reuniones y votaciones que podrían acordar la suspensión temporal de Venezuela en la OEA anulando su derecho de participación, pero no es menos cierto que para que esto sea posible se requiere del voto de los dos tercios (23) de los Estados que conforman la Organización (35 países). La reunión extraordinaria del Consejo Permanente llevada a cabo el miércoles 9 de junio del presente año, mostró un respaldo de la diplomacia regional al gobierno venezolano, con 21 naciones apoyando la propuesta de diálogo. No es que se trate de una derrota sobre las pretensiones de desestabilización e injerencia, pero demuestra una inclinación de la balanza que, a lo menos, no termina por favorecer a la derecha internacional.

Es prematuro hablar de la victoria que celebra el diálogo en Venezuela. En definitiva, un diálogo intervenido, y desde la perspectiva de intereses particulares, en el corto plazo podría generar un posterior pronunciamiento de Mercosur en contra de Venezuela.  Evidentemente, la consecuencia inmediata de la activación de la carta, de contar con el quorum necesario, podría verse reflejada sobre todo, en la neutralización de Venezuela en cuanto a su relación con el exterior. Pero también abona el terreno para el entierro definitivo de la izquierda.

La verdad es que la incoherencia de dicha sanción se sostiene con raíces mucho más profundas, por eso hay que insistir en examinar muy bien las consecuencias, pues quizás este sea el principal aprendizaje que necesitamos obtener. La habilidad con la que se impulsa comunicacionalmente un Estado forajido, una crisis democrática, una crisis del parlamento, del Estado, en fin, de gobernabilidad, exige mayor cuidado. Finalmente lo que se proyecta es un sistema democrático fracasado.

Basta solo recordar el error histórico del aislamiento internacional al que se sometió a la Cuba de los 60. A pesar de que incluso EE.UU. ha manifestado lo errónea de esa política, hoy la medida hacia Venezuela cuenta con su entusiasta apoyo. Además del suspicaz movimiento de un Paraguay bastante resentido con lo ocurrido en 2009 cuando fue sancionada y suspendida como Estado miembro del Mercosur.

En Venezuela las amenazas se pasean de un lado  hacia otro, el escenario se complejiza y el origen de este fenómeno vuelve a estar completamente vinculado con nuestra preocupación: la justicia social. No son suficientes las contradicciones sobre las cuales se forjó el nacimiento del Socialismo del Siglo XXI, ni las nefastas consecuencias de la restauración neoliberal para enseñarnos los límites. Volvemos así al punto de partida.

Es cuestionado el carácter social del gobierno bolivariano. La inyección de altas dosis de desesperanza, el descontrol mediático, los traumáticos efectos de la crisis económica, la confrontación política y la violencia, son causa y consecuencia del dinamismo que han tenido las corporaciones mediáticas alineadas para la construcción de una subjetividad.

Preocupan la intencionalidad subyacente y los resultados hasta ahora arrojados. Este momento, que muestra el saldo de la reanudación neoliberal en América Latina, la marcada tendencia hacia el ajuste y el sacrificio del gasto público anunciados como medidas banderas, sin duda será recordado como uno de los más funestos y deshonrosos hitos en la historia democrática de nuestra región.

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