Grupo Polar: monopolios, guerra económica y subversión

Polar

Por: Hector Luis Garzón Ardila

Es evidente, público y notorio el significativo papel que juega el Grupo Polar en la “fase final” –como la califican sus autores intelectuales– de la guerra económica, al actuar prevalido de su condición monopólica alimentaria, como su “ariete” visible. Su acción desestabilizadora se combina con la participación del hampa común y de mercenarios, y está sincronizada con las grandes corporaciones transnacionales, responsables de abastecer el mercado a nivel nacional. Además, cuenta con el apoyo mediático globalizado.

Estas acciones desestabilizadoras son abiertamente dirigidas por el presidente Obama, tal como lo demuestran la ratificación del decreto intervencionista que declara a Venezuela “como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, y sus declaraciones pidiendo, sin disimulo alguno, cambio inmediato del presidente legítimamente electo hasta el año 2019, Nicolás Maduro. Todo esto corrobora la puesta en práctica de la “fase final” del plan. Pero la prueba más contundente de sus intenciones intervencionistas es el reciente informe del Comando Sur, titulado “Operación Venezuela Freedom 2” (firmado por el almirante Kurt Tidd, su actual jefe, fechado el 25 de febrero de 2016) en el cual se explican de manera detallada todos los pasos a seguir, las tácticas y la estrategias para apoderarse de las riquezas de nuestra patria.

En cuanto al papel de este emporio industrial, y de otros grupos empresariales de corte oligopólico y monopólico que responden a intereses del capitalismo mundial, se puede decir que estos siempre han actuado en contra de la instauración y construcción del modelo que el comandante Chávez denominó socialismo del siglo XXI. Su accionar opositor ha usado distintas formas coyunturales de lucha, a veces abiertas, como el golpe de abril de 2002 y el paro petrolero, y en otras oportunidades se han combinado las guarimbas con la manipulación de la oferta. Esta forma combinada fue utilizada, primero, de manera encubierta y a partir del año 2013 de forma muy bien orquestada y en perfecta armonía con el Grupo Polar. Este último fungió de ariete dentro del sector alimentos y actuó en coordinación con las empresas transnacionales, dedicadas a la producción, importación, distribución y comercialización de bienes de consumo masivo: medicamentos, productos de higiene, repuestos de vehículos y accesorios fundamentales como las baterías y cauchos.

Todo ello basado en el paraguas de las políticas sociales y económicas de protección del poder adquisitivo, de regulación y control de precios, creación de misiones (como Mercal, PDVAL etc.), implementadas para favorecer la inclusión y el acceso a productos y servicios de millones de compatriotas sumidos por años en la marginalidad y el hambre. Jugando con la miseria humana y sus debilidades, comenzaron a perfeccionar un plan que venían aplicando pero sin organización expresa ni cartelizada. Este plan ha sido identificado por el Gobierno como “guerra económica”. Para llevarlo a cabo utilizan a fondo la plataforma del capitalismo monopolista y oligopólico presente en el país: reducen la oferta o manipulan los factores de producción como una práctica de abuso de la posición de dominio, la cual es resultado de un “acuerdo consciente entre competidores” y es apalancada con el uso de factores endógenos y exógenos en algunos casos inducidos, combinados con complicidades, errores, omisiones y toma de decisiones demoradas, insuficientes, mal diseñadas y peor aplicadas por parte del Gobierno Nacional.

No es mi intención, por ahora, entrar en el plano crítico. En las actuales circunstancias debemos concentrarnos en apoyar nuestro proceso revolucionario a pesar de los errores que tenga. Criticarlo es contraproducente y además nos desviaría del objeto del presente escrito. Por tanto solo nos referiremos a algunos elementos que nos permitan aproximarnos a la identificación del modus operandi que vienen aplicando los monopolios para atizar la guerra económica. Aclaramos que estas formas de proceder no son de uso exclusivo del Grupo Polar. La idea es sugerir correctivos, aclarar algunos conceptos y proponer soluciones viables de corto y mediano plazo, todo dentro de un plano constructivo.

***

 1. En la coyuntura actual de guerra económica el Grupo Polar, como empresa monopólica, es el ariete empresarial visible de la contrarrevolución, mas no el objetivo único a atacar o vencer.  Sin embargo no se deben tomar medidas de expropiación o de toma de empresas, a no ser que las abandonen. Esta opinión, que puede ser polémica, y puede prestarse a interpretaciones erróneas, tiene su base de apoyo en las siguientes consideraciones:

1.1 Mutación del concepto de monopolio y oligopolio clásico para eludir sus prácticas violatorias de las leyes antimonopólicas.

Los conceptos de monopolio y oligopolio, en su visión clásica y según su realidad actual, han cambiado mucho en su interpretación y aplicación y han pasado por algunas mutaciones de adaptabilidad para eludir las leyes que sancionan y combaten sus prácticas.

Incluso la ley antimonopolios Sherman Antitrust act de 1890, la primera ley federal estadounidense en contra de prácticas empresariales que perjudicaran a los consumidores (monopolios y pactos colusorios en contra de la competencia), y la Clayton Antitrust act, que fue una ley federal aprobada en Estados Unidos en 1914 para remediar las deficiencias en la ley antimonopolios de 1890, han encontrado en los últimos años algunas dificultades en su aplicación sancionatoria por cuanto los litigantes en materia societaria, especialistas en impuestos, legislación e ingeniería empresarial y financiera han creado mecanismos legales para eludirla, basados en algunos baches y subterfugios legales que dificultan su aplicación. Estas limitaciones son extensibles a la Ley Antimonopolios venezolana promulgada en el año 2014. Así, por ejemplo, en uno de los casos más sonados recientemente en Estados Unidos, la empresa Microsoft, después de múltiples apelaciones, salió prácticamente ilesa (decisión del Tribunal de Apelaciones de Washington DC, en su dictamen del 28 de junio del año 2001) [1], si se comparan las pruebas fehacientes de sus prácticas monopólicas con la aspiración de los demandantes.

En Venezuela el lobby de los monopolios cuenta con organizaciones gremiales y Ongs muy especializadas, con gran poder de penetración mediática, y un apoyo transnacional de considerable peso. En el punto 1.2 haremos mención de una de las más importantes organizaciones controlada por el Grupo Polar.

Igualmente ocurre en materia societaria, los porcentajes de participación accionaria en la práctica no son determinantes, pues se puede ser solamente poseedor del 5% de acciones (ver artículos 13 y 14 de la Ley Antimonopolio vigente en Venezuela. Decreto 1415 de noviembre 2014), y tener el control operativo de la comercialización y el mercadeo de productos a través de la división del conglomerado en múltiples empresas y áreas de influencia en apariencia de distinto dueño, con productores y “empresarios independientes” off shore vinculados a la distribución, sobre todo en materia de servicios de transporte. Por otra parte la diversidad de propiedades de sus patentes (con fines tributarios, facilitación de remesas en divisas, captación de divisas preferenciales, ilícitos en facturación de importaciones y creación de créditos externos fantasmas o groseramente abultados no necesariamente coincidentes con la cabeza del grupo, etc., etc.) hace ilusoria y  contraproducente, en la actual coyuntura, la adopción de medidas extremas.

Esto no quiere decir que los dejemos actuar impunemente en la aplicación de políticas violatorias de leyes como la LOTTT, o en prácticas ilícitas como la manipulación de la oferta mediante el uso de depósitos escondidos para el acaparamiento de productos y la extracción de productos incluso con figuras de apariencia legal (reexportación etc.) y el apoyo al bachaquerismo. Esto es válido para todas las empresas del país, concertadas en lo que ellos denominan “acuerdo consciente entre competidores” para disfrazar sus prácticas monopólicas y oligopólicas usadas en la guerra económica como valioso arsenal para sus fines subversivos.

1.2 La estructura económica venezolana, productiva y distributiva, está controlada en un 75% de manera directa e indirecta por grandes corporaciones transnacionales.

Con base en esta premisa, enfocarnos solamente en el Grupo Polar, que evidentemente es un conglomerado monopólico de cuidado pero no el único ni el más peligroso, es desviar la atención de aspectos fundamentales de la economía. Con la connotación de ser una “industria de ensamblaje”, dependiente de insumos y materias primas, estas grandes corporaciones de capital extranjero son las responsables de abastecer la totalidad de los mercados. Sus decisiones tienen efecto inmediato y poderoso sobre la oferta, la cual manipulan a placer. Son grandes monopolios y oligopolios que concentran los capitales, la tecnología, la producción y la distribución mundial de estos bienes.

Estas corporaciones no solamente concentran los capitales, la tecnología, la producción y la distribución, sino que también poseen importantes organizaciones gremiales de influyente lobby ante las autoridades nacionales con el apoyo masivo de redes y la mediática global para presionar.

Solamente en la industria alimentaria, a la cual nos referiremos puntualmente en el presente escrito por razones de espacio, fue creada hace 57 años, Cavidea (Cámara venezolana de la industria de alimentos), afiliada a Fedecámaras. Esta organización de fachada “industrial” es controlada por el Grupo Polar (no es coincidencia que la mayoría de sus presidentes y asesores han trabajado o han estado estrechamente vinculados a ese grupo).

En la actualidad la organización posee afiliados clasificados en 112 empresas procesadoras de alimentos, 16 cámaras y asociaciones y 13 compañías proveedoras de insumos, maquinarias y servicios para la industria de alimentos, las cuales se agrupan en 37 sectores del área de alimentos.

La mayoría de las empresas denominadas “procesadoras” y las compañías proveedoras de insumos, maquinarias y servicios para la industria de alimentos, son importadoras y envasadoras de productos traídos a granel. Lamentablemente por razones de espacio no podemos citar ejemplos concretos de ello, pero incluso muchos productos bandera del Grupo Polar, como muestra representativa, solo pasan por pequeños procesos de mezcla y preparación. El grupo no desarrolla ningún proyecto de siembra, salvo algunos experimentos en materia de semillas desarrollados puntualmente. Su principal actividad gira en torno a la importación de materias primas e insumos donde predominan la captación de divisas preferenciales y su doble juego cambiario en combinación con sus socios internacionales, que en la mayoría de los casos son empresas filiales manejadas por sus mismos ejecutivos o socios transnacionales. Así crean deudas fantasmas en divisas y subfacturan o sobrefacturan a conveniencia.

Para Cavidea su principal papel, el cual realiza con la participación de múltiples asesores (que en la mayoría de los casos fungen como representantes industriales en las reuniones de diálogo promovida por el Ejecutivo Nacional), es hacer el lobby extractor de divisas preferenciales, esto les ha traído fabulosos resultados hasta fechas muy recientes. Además impulsan acciones por la vía de la presión política y pública sobre el Ejecutivo y sobre los distintos organismos con competencias concretas; tratan de influir de manera determinante en la Sundde para imponer su viciada estructura de costos y obligar en concertadas tácticas a ajustar los precios (es tema de otro artículo que los aumentos de precios se siguen haciendo sin existir una base de cálculo cierta sobre la veracidad de la estructura de costos); intentan obligar a las inspectorías del trabajo a aprobar calificaciones de despido, además, en la actualidad ha participado en la elaboración y promoción del proyecto de Ley de Producción Nacional, que forma parte de la oferta legislativa presentada por la MUD, y por último exigen el reconocimiento de la deuda comercial con los proveedores externos. Para ello incluso proponen un refinanciamiento con base en títulos de la deuda soberana, deuda de Pdvsa o emisiones de nueva deuda. Y adicionalmente exigen mecanismos de pagos a la vista para reactivar el suministro de materia prima, empaques, entre otros. Esta exigencia ha sido reiterativa de Polar y explica los planteamientos de la conversación Haussmann-Mendoza en la que planteaban la necesidad de recurrir a financiamiento del FMI.

Esta organización juega un papel estelar junto con la ANSA (Asociación Nacional de Supermercados y Afines) en la guerra económica, incidiendo de manera directa en materia de distribución de alimentos procesados, regulados, productos de higiene y afines, despachando a los sitios de distribución lo que ellos quieren, y en un desorden muy bien orquestado fomentan las colas y el bachaqueo con distintos modus operandi. Por ejemplo, envían distintos productos regulados a cada uno de los supermercados y abastos, en cantidades limitadas dentro de una misma zona para mantener en jaque a los consumidores; los gerentes y personal de cajeros informan a los bachaqueros con antelación sobre los productos a distribuir, aparentan rigurosidad en el tema de las cédulas, pero por los depósitos salen y llegan productos sin control; como quiera que controlan el transporte utilizan diversos mecanismos para trasladar productos con destinos distintos y precios superiores a los regulados a otros usuarios que a su vez los inyectan a los canales bachaqueros (bachaqueo corporativo).

Para finalizar este punto vamos a citar parte de una entrevista realizada al camarada Erick Rodríguez, en fecha 10/02/2016 en el programa “El Desayuno por Venezolana de Televisión (VTV)”, porque da datos relevantes:

“La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) y la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (Ansa), controlan el 86% de la producción manufacturada y remanufacturada en Venezuela… este porcentaje representa unos 171 mil puntos de venta en el país…”.

•  “Venezuela está sometida a una situación de guerra económica desde 2013 y para comprender la situación es necesario ubicar las empresas y empresarios que tienen el control de la estructura de producción, tanto alimentaria como de productos de higiene personal y limpieza”.

•  “El Estado venezolano se ubica en 14% en la escala distributiva en comparación a los 171 mil puntos de venta correspondientes a alimentos, artículos de limpieza y aseo personal (papel sanitario) que dominan las referidas asociaciones. Los productos que están “desaparecidos” son precisamente los prioritarios y esenciales, encontrándose con facilidad los complementarios. Así, el yogurt y el queso se consiguen, pero no la leche”.

•   “El argumento que utilizan (Ansa y Cavidea) para aumentar los precios no tiene soporte técnico, es por ello que hacen uso del agiotaje o abuso de posición de dominio. Esto es posible porque muchas empresas son “estructuras montadas bajo la presión internacional para imponer hábitos de consumo importados, en el marco de la explotación petrolera de la época”. Es el caso de la leche marca Mamá Carabobo, fundada por Nelson Rockefeller en 1949, y comercializada por Ilapeca, Cadipro y otras, con el dominio de Nestlé y Fonterra –tercera productora láctea del mundo, radicada en Nueva Zelanda”.

1.3 Fortalecimiento de las empresas del Estado, como condición sine qua non para ampliar la base productiva.

Como medidas preventivas que den mayor libertad de acción al Gobierno Bolivariano para la aplicación de correctivos y medidas sancionatorias a los abusos de los monopolios ut supra señalados, se debe adoptar (sin demagogia) una política de Estado inteligente y audaz, realizada con la mayor severidad, seriedad y racionalidad económica, que permita en “corto plazo” detectar y corregir las trabas legales, técnico/operativas y de administración de todas las empresas productoras de harina de maíz y similares, así como todas las empresas en manos del Estado y extender sus capacidades al procesamiento de derivados aguas abajo. Cuando hacemos hincapié en el corto plazo es porque los diagnósticos y detección de fallas, y los posibles correctivos ya existen, pero falta voluntad política para desalojar de posiciones de poder a algunos factores enquistados en las empresas, donde existe la quinta columna, incapacidad, ineficacia y la nociva burocracia alimentada con el nepotismo y otros ingredientes que conforman un coktail de corruptelas. Se debe ir a fondo en esta materia.

Por ello no estamos de acuerdo, en la actual coyuntura, con anuncios mediáticos, con poses tremendistas que amenazan con la toma por parte de los trabajadores de plantas en funcionamiento o de grupos empresariales determinados como en el caso del Grupo Polar, si primero no se acomete el reordenamiento que ya apuntamos de las empresas del Estado. Debe imponerse realmente el control obrero y su participación paulatina en la administración y gerencia de las mismas, cerrándole el paso a los sindicatos viciados de la CTV con sus prácticas cuartorrepublicanas que aún campean en algunos sindicatos de apariencia socialista. Este es un tema difícil pero hay que afrontarlo.

El objetivo final radica en intentar, de manera sistemática, con mucha honestidad política, romper esa matriz de opinión que constituye una bandera para la derecha, sus empresarios y conversos: “las empresas en manos del Estado no sirven y las expropiaciones son un fracaso”. A pesar de que existen honrosas excepciones que contradicen estas matrices, siendo autocríticos debemos reconocer que no es mucho lo que se hace para desmentir la matriz mencionada.

[1] The Microsoft Antitrust Case: “A Case Study For MBA Students” por Nicholas Economides (2003).

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