¿Qué se esconde detrás de la solicitud de Referendo Revocatorio? Parte I

revoca

Por: Minerva Morales

Transcurría el año 1998, en el propio acto de toma de posesión, el recién electo presidente de la República, Hugo Chávez, juraba impulsar “las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los tiempos”.

Al calor de arduos debates y la batalla de las ideas durante el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, algunos forcejeaban por mantener el statu quo de la democracia representativa, esa que más que representar al pueblo representaba la oportunidad de acceder al poder para unos pocos. Otros mientras tanto, entre ellos el propio presidente Hugo Chávez, se atrevían a pasar la barrera que separaba el modelo representativo, incorporando la idea de la democracia participativa y protagónica, concepto totalmente novedoso de democracia en el cual el poder popular se ejerce de manera directa y permanente.

Asimismo, en el proceso de identificar mecanismos mediante los cuales pudiera materializarse esa nueva idea de democracia, surge la propuesta de los denominados referendos populares, quedando expresadas sus distintas versiones en los artículos 71 al 74 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los cuales destaca, por su trascendencia, la figura de Referendo Revocatorio.

El Referendo Revocatorio nace como una figura para el ejercicio de un derecho político que permite al pueblo expresar su opinión acerca de la permanencia o no en el ejercicio de sus funciones de un gobernante electo por votación universal, directa y secreta. Al respecto, el artículo 72 de la CRBV establece como supuestos para la procedencia del revocatorio, en primer lugar, que haya transcurrido la mitad del período del funcionario que se quiere revocar y, en segundo lugar, que un número no menor del 20% de los electores soliciten la convocatoria de un referendo revocatorio.

Adicionalmente, establece dos supuestos para la procedencia de la revocatoria:

A) Cuando voten a favor de la revocatoria del mandato igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario, y siempre que el funcionario a quien se pretende revocar no obtenga mayoría de votos a su favor en el proceso, según decisión N° 2750/2003 del Tribunal Supremo de Justicia.

B) Que hayan concurrido a sufragar al menos el 25% de los electores que estén inscritos para el momento del referendo.

Por tanto, la realización de un referendo revocatorio debe cumplir con varios supuestos que garanticen que el mismo no se convierta en un instrumento que atente contra la estabilidad de la democracia; en un método de chantaje por grupos políticos en contra de los gobernantes o el secuestro de la voluntad del pueblo por unos pocos.

Tampoco debe entenderse el referendo revocatorio como un mecanismo al que se tenga que someter obligatoriamente todo funcionario, por cuanto este mecanismo no se define como un plebiscito, sino como una forma de participación opcional para que un determinado número de electores pueda promoverlo y la totalidad de los electores pueda decidir.

Destaca, además, la previsión que tuvo el constituyente de establecer que el referendo revocatorio solo puede ser solicitado por el pueblo (20% de los electores) y no por partidos políticos, esto con el firme propósito de que grupos políticos no se abroguen la voluntad popular para actuar en contra de una opción política que no les sea afín.

Revisando un poco nuestra historia reciente es importante resaltar que el primer Referendo Revocatorio de mandato presidencial se realizó el 15 de agosto de 2004, el cual resultó en la ratificación del presidente Hugo Chávez Frías con más de 59% de los votos, 8 puntos porcentuales más que cuando fue electo en el año 1998.

Vale la pena recordar que el proceso de revocatorio de 2004 se desarrolló además, en el marco de una Constitución que había sido derogada ‒y con ello el derecho a referendo‒ durante el golpe de Estado de abril de 2002, impulsado por quienes luego harían, irónicamente, uso de esa figura constitucional.

Hoy, ante el inicio de una posible solicitud de Referendo Revocatorio del mandato del presidente Nicolás M

aduro Moros, y aplicando los supuestos constitucionales, surgen diversas interrogantes y detalles curiosos sobre el proceso.

Siendo que el presidente Nicolás Maduro se encuentra completando el período del presidente Hugo Chávez Frías, dada la falta absoluta y la elección sobrevenida, y por tanto la mitad del período constitucional se cumplió el 10 de enero de 2016 ¿por qué dicho proceso se solicita cuatro meses después de cumplido el lapso? Más aún, cuando los promotores actuales vienen de obtener una clara mayoría en las elecciones del mes inmediato anterior? Sin ánimos de mermar el derecho de los ciudadanos de solicitar el revocatorio en cualquier fecha posterior al cumplimiento de la mitad del período presidencial, pareciera una señal de que la mencionada Unidad de la MUD no pasa de ser un mero nombre o referencia y que además, si resultare aprobada la realización de ese referendo, no existe en ellos la confianza de obtener unos resultados que les sean favorables electoralmente.

Siendo que la normativa relacionada con los referendos revocatorios, a saber Normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular, fueron aprobadas en fecha 18 de diciembre de 2007, conocida ampliamente por la MUD y en donde se describe claramente el proceso para la activación, ¿por qué razón presentaron solicitudes incompletas en tres oportunidades ante el Poder Electoral que impedían dar el inicio a la recolección de la fase previa a la solicitud de dicho referendo?

¿Cuál es la razón para que hayan entregado un número de manifestaciones de voluntad muy superior al exigido por la norma para la fase de legitimación del partido MUD como intermediario entre los electores y el CNE? Sobre este punto profundizaremos en una segunda entrega‒. ¿Se corresponde esta actuación con un acto de soberbia simple o a una estrategia que busca complejizar el proceso de tal manera que tienda a justificar acciones al margen del hilo constitucional?

Sin menoscabo de los derechos políticos contemplados en nuestra Carta Magna y más allá de las decisiones que competen al órgano electoral, se hace evidente que la solicitud de referendo revocatorio que pretende ser promovida por la MUD no constituye más que otra versión del “se va” de 2004 o “la salida” de 2014, revestida de un proceso de legalidad repleto de un montaje comunicacional sin precedentes.

No puede convertirse un derecho constitucional en el soporte legal de un grupo para consolidar el golpe contra la institucionalidad democrática y tal pretensión debe ser rechazada de manera contundente por el pueblo venezolano.

@Expresión Karuachi

expresionkaruachi@gmail.com

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