Para acabar de una vez con el Estado de excepción

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Toda esta historia que estamos viviendo comenzó –se nos dijo y sigue diciendo– por cuatro razones: 1) el atraso cambiario causado por el control de cambio, 2) la no asignación de divisas a los sectores productivos (por llamarlos de alguna manera), 3) el rezago de precios causado por el control de precios y 4) el exceso de demanda provocado por el populismo salarial chavista, esa práctica perversa de poner a la gente a vivir por encima de sus posibilidades reales dada la manía caribeña esa de repartir la renta petrolera sin ton ni son, como se lamentan Lander y Cabezas.
Eso fue a principios de 2013, aunque el tema ya se venía cocinando desde 2012, antes de las presidenciales de octubre de ese año. Ahora, saquemos algunas cuentas desde entonces hasta acá.
En cuanto al tipo de cambio, en 2012 el usado para la mayoría y prácticamente para la totalidad de las importaciones, estaba a 4,30 bolívares por dólar. Si tomamos como referencia el DIPRO (el destinado en la actualidad a la mayoría de las importaciones sobre todo las más esenciales, alimentos y medicinas), cuyo valor está en Bs. 10 por dólar, eso quiere decir que el tipo de cambio se ha devaluado en más de un 130%. Pero si tomamos en cuenta el DICOM, cuyo valor actual es de Bs. 640 por dólar, eso nos da un astronómico 14 mil 783% de devaluación. Ahora bien, si nos vamos al paralelo, que es el favorito de los comerciantes y los expertos económicos criollos, y lo redondeamos a Bs. 1.000 por dólar, eso quiere decir que los comerciantes especuladores han operado una devaluación ilegal de más de 23 mil por ciento. No debería haber ya atraso cambiario, pero… ¿han aparecido los productos desde entonces hasta ahora?
Si nos vamos a la asignación de divisas, la empresa de Lorenzo “Grey” Mendoza, por ejemplo, recibió, en 2014, 367% más divisas que las recibidas entre 2004 y 2011. Es decir, recibió en un año tres punto seis veces más que en ocho anteriores. Y en el caso de la empresa de moda: Kimberli-Clark, recibió en 2014 958% más divisas que en los años anteriores. Sin embargo, la gente toda está pasando las penurias de no conseguir los productos sobre los cuales ellos ocupan posiciones monopólicas o del tener que comprarlos tras largas colas, matraqueos varios y precios exorbitantes, todo porque el gobierno –según ellos– les niega las divisas para importar….
En el caso de los precios de los productos la cuenta es más escalofriante aún. Dentro de los 12 productos regulados dentro de la canasta básica, representada por los 20 productos más consumidos por las familias venezolanas, el promedio de ajuste autorizado por la SUNDDE ha sido de 1.504%, entre 2012 y 2016. Sin embargo, cuando se toman en cuenta los precios observados en anaqueles (precios no oficiales ajustados ilegalmente por los comerciantes vía desacato), la variación asciende a 17.856%, entre 2013 y 2016.
Un caso paradigmático a este respecto es la harina de maíz precocida. Hace alrededor de un mes el gobierno autorizó un aumento de 100% por cierto pues el argumento de la empresa era el precio atrasado. Ahora bien, de entonces hasta ahora lejos de producirse y aparecer más harina, está ocurriendo todo lo contrario. Pero de hecho, eso es exactamente lo mismo que ha pasado desde 2013 hasta la fecha. En 2012, el precio del kilo de harina era Bs. 5,93. Actualmente, como dijimos, de Bs. 190, lo que resulta 3.100% más 4 años después. No obstante, las personas no la encontramos siquiera a ese precio a no ser en los CLAP y la red pública. Debemos pagársela a los bachaqueros y en la red privada (valga la redundancia) hasta en bolívares 2.300, que es un 38 mil y tanto por ciento más que su precio en 2012.
El ajuste ilegal especulativo dentro de los restantes 8 productos que forman la canasta básica y que no están regulados por el gobierno (es decir, se rigen por la “ley” de oferta y demanda, la mano invisible o como se quiera llamar) gira en torno al 11 mil %, lo que hace un promedio aproximado de ajuste de la canasta básica de 14 mil % entre 2012 y 2016. Destaca el caso de la mortadela, un producto cuyo precio está liberado: antes una Cenicienta de la mesa, pues resultaba comida para pobre, ahora toda una princesa. Gracias a la magia de los especuladores, el kilito hoy vale 27 mil % más que en 2012, todo un lujo pues. La margarina tampoco está regulada, y hoy escasea y está más cara que nunca.
En el mismo lapso, ya para cerrar, el ingreso mínimo legal se ha ajustado en 991%, lo que más allá de la evidente voluntad del gobierno de defender el poder adquisitivo de la mayoría trabajadora, supone un rezago –esta vez cierto entre salarios y precios por causa de la ferocidad especulativa. Este desajuste, ha venido siendo solventado, por las familias, de diversas maneras: en principio, eliminando la opción de ahorrar, tanto por no generar los excedentes necesarios como por destinarlos a la compra de bienes que funcionen como reserva de valor o para adelantarse a los nuevos precios; luego, recurriendo al endeudamiento vía tarjetas de crédito e incluso el adelanto de prestaciones y otras figuras; otra alternativa usada es el sumarse ellas mismas a actividades especulativas y de compra-venta; mientras que otra es la obligada recomposición del gasto familiar, lo cual significa en criollo sacrificar productos o reducir su consumo. En esta última etapa se encuentra la gran mayoría de la población, la cual destina todo su ingreso al pago de las cosas más esenciales, todo en medio de una escasez que sigue sin retroceder.

El verdadero estado de excepción existente en nuestro país, dictatorial e ilegal, es este: el impuesto unilateral y antidemocráticamente por los especuladores y corruptos, sus cómplices y alcahuetes mediáticos contra la gran mayoría honesta.

Por el bien de todos, del futuro de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, debemos apostar a que las medidas en defensa de la población tomadas por el gobierno nacional rindan frutos. No puede hacerse de otra manera: a la excepción plutocrática toca responderle con la excepcionalidad institucional, ciudadana, popular y democrática. 

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