Pedagogía del Especulado / Los peligros de la "normalización" económica

Comerciantes-mi-dinero-II-

Por: Luis Salas Rodríguez

Existen tres formas de ahuyentar a las personas de un artículo sobre economía: hacerlo muy largo, teorizar mucho y abusar con los números. El siguiente sufre de estos tres males, pero en diferente proporción: es largo, se abusa un poco con la teoría y se sacan algunas cuentas.

Sin embargo, dada la importancia del tema tratado, motivado como está por la reyerta de opinión pública desatada en torno al aumento de las tarifas de CANTV / MOVILNET y sus implicaciones, considero necesario desempolvar algunas viejas polémicas teóricas y extenderse en ellas, para coadyuvar en una mejor compresión de los temas tratados, en la medida en que, como he sostenido siempre, la especulación ideológica es tanto o más peligrosa que la especulación monetaria.

De todos modos, para facilitar la lectura, hemos picado este texto en dos parte. Una primera a publicarse hoy, mientras que la segunda se hará antes de finalizar la semana. Así pues, entremos en materia.   

Todo precio en toda sociedad es siempre relativo. Relativo con respecto a los precios de otros bienes y servicios. Pero también en relación a la naturaleza del bien o servicio al cual representa o del cual viene a ser expresión monetaria de su valor.

En cuanto a lo primero, la relatividad de los precios deviene de su comparación con los otros precios. Así las cosas, un precio suele ser alto o bajo cuando se le compara con otros, de manera que algo se abarata o encarece no solo cuando aumenta o disminuye nominalmente su valor, sino también cuando este valor nominal se compara con el de otros productos o servicios, con independencia de que pertenezcan o no a la misma rama.

Es por esta razón que los economistas suelen medir la relatividad de un precio de algo, a partir de las cantidades que permite comprar de otra cosa. Supongamos que el precio de un pan es Bs. 100 y el de un litros de jugo Bs. 200. Eso significa que, nominal y monetariamente hablando, un pan equivale a medio litro de jugo, mientras que un litro de jugo es equivalente a dos panes.

Pero además de esta relación puramente nominal, la relatividad del precio en cuanto se le compara con otros entraña un coste de oportunidad. Es decir, volviendo al ejemplo del pan y el jugo, la comparación no sirve solo para indicar cuántos panes vale el jugo o viceversa, sino cuántas unidades de pan se dejan de comprar en la medida en que compramos el jugo o cuántas de jugo si decidimos comprar los panes. Este es un tema sumamente importante, sobre el cual volveremos después, pues nos permite evaluar el poder adquisitivo de la población, pero también el efecto sustitución (la preferencia a la hora de comprar una cosa por otra para sustituirla), así como el de propagación o amplificación que opera en los precios en una economía a partir de la variación que sufre uno o varios.

Ahora, como decíamos al inicio, la relatividad de un precio no viene dada solo por la relación nominal o monetaria que establece con los precios de otros bienes o servicios. Sino que también puede expresarse a partir de la naturaleza del bien o servicio al cual representa. Al contrario de lo anterior, este suele ser un aspecto muy poco tomado en cuenta por los economistas convencionales, por la básica razón de que es un tema propio de la, siempre mucho más integral economía política, exactamente la que no se enseña en las universidades ni es hegemónica en los medios.

La relatividad del precio a partir de su naturaleza o cualidad implica que el precio de determinados bienes o servicios es más determinante para el precio de los restantes de lo que pueden ser otros. Por ejemplo: el precio de la fuerza de trabajo (salario) o el de la moneda propia en relación con las otras (tipo de cambio) suele tener más peso e incidencia que el de las medias o el de las afeitadoras, por más importantes que estos puedan llegar a ser. Lo mismo pasa con el precio de las materias primas y los recursos naturales, como por ejemplo el petróleo, que además tienen la cualidad de ser finitos (no renovables) y por eso tienen un comportamiento tan particular. El alquiler del suelo o de bienes inmuebles como comercios, oficinas y viviendas, también tienen características muy especiales.

En el caso específico de la fuerza de trabajo, el precio que se paga por ella (salario) es determinante siempre, tanto porque implica la vida de la gente (la capacidad que tiene de costearse las cosas que necesita para vivir) como porque supone la capacidad de adquirir para la población asalariada (que es la mayoría) los bienes y servicios que se comercian, de modo que el que esta capacidad se reduzca supone la reducción de la realización de las mercancías (de las ventas) y por tanto aumenta la posibilidad de caída en procesos de contracción y crisis económica.

Un criterio muy similar aplica, por supuesto, para determinados servicios considerados públicos, así como para aquellos bienes o servicios que, aún no siéndolos en sentido estricto, son considerados esenciales o básicos. El razonamiento que priva a la hora de hacer gratuita la educación y la salud, en casi todas partes del mundo, es que antes que mercancías son derechos, al tiempo una buena y masiva educación tanto como una buena y masiva salud de la población, son condiciones de posibilidad para el desarrollo de la sociedad, lo que compensa con creces el costo de oportunidad de no cobrarlas. Y por supuesto, de alguna manera el mismo razonamiento aplica a la hora de determinar el precio de servicios como la electricidad, las telecomunicaciones o el transporte público. En el caso concreto venezolano, todas estas cosas tienen inclusive rango y garantías constitucionales, en la medida en que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a una vida digna.

Y es que en la CRBV, la universalidad de los derechos es una condición sine qua non de la vida republicana democrática. Y, para que un derecho sea universal, no solo tiene que estar decretado tal, sino que debe garantizarse el acceso de la población al mismo para su ejercicio.

Esto es precisamente lo que hace a la CRBV, la más avanzada del mundo en materia de derechos y la más inclusiva y democrática digan lo que digan. Y por esto el Estado en Venezuela es social, de derecho y de justicia, lo cual lo faculta para intervenir en la vida social y económica, pues priva este interés superior colectivo sobre cualquier otro, lo que significa, en sentido contrario, que todo otro interés debe subordinarse a este. Esa fue una conquista histórica de Chávez y es por lo que se bate actualmente el presidente Maduro en su compleja situación.

Pero como a los expertos económicos convencionales todo esto le suena a cháchara igualitarista, tal vez buena de origen pero altamente inefectiva en la práctica, hay que recordarles que ese proteccionismo, ese garantismo y ese intervencionismo, no solo son ingredientes esenciales –como dijimos– de la vida digna en una sociedad, sino que lo son también de cualquier sistema económico que pretenda ser eficiente.

Para concentrarnos en el caso concreto de los servicios públicos, la gratuidad de estos, el que estén subsidiados y/o sus precios regulados, suele ser una garantía necesaria para que –como ya dijimos también– la gente acceda a ellos: pero igual lo es para que puedan acceder a otras cosas y para que las actividades necesarias para producir, comercializar y vender esas otras cosas se puedan desarrollar.

El caso del transporte público a este respecto resulta paradigmático, pues implica la movilidad de la mayoría de las personas para ir a trabajar, estudiar, etc., lo que de otra forma no sería posible o tan costoso que nos es viable. Y si eso supone que el transporte público es deficitario en términos contables, pues lo tendrá que ser si lo contrario a rentabilidad es exclusión del servicio o condicionamiento que puede propagarse a otras áreas de la economía. Esto desde luego no significa que su sostenibilidad no importe. Pero en Europa por ejemplo la mayoría de los trenes no son rentables, pues el criterio que priva no es la rentabilidad, sino la prestación del servicio para garantizar la movilidad de personas y bienes sin lo cual la vida diaria en general y la económica en particular no serían posibles. Es lo mismo que pasa con la agricultura, que aunque no es un servicio público, la política de servicios altamente ineficiente en sentido contable estricto –no da retorno monetario inmediato– se compensa con la garantía de soberanía y seguridad alimentaria.

En el caso de la electricidad y las telecomunicaciones, está claro que conforme pasa el tiempo se vuelven servicios más esenciales. Casi no hay nada que no funcione con energía eléctrica. Y más allá del simple derecho y necesidad que tiene la gente de comunicarse, estamos claros que la tendencia en las transacciones económicas es cada vez más marcada hacia el uso de telecomunicaciones bien por internet (compra, pago de servicios) o bien hacia el uso de dispositivos como los puntos de venta. Por lo que resulta perfectamente esperable que cualquier acción que afecte el precio de las mismas, terminará propagándose y multiplicándose por toda la economía, haciendo no solo que el rally especulativo se dispare aún más, sino que al verse afectado aún más el poder adquisitivo de la población asalariada –que ya tiene que vérsela con los precios especulativos actuales de todas las demás cosas– se traduzca en un subconsumo cada vez mayor, que necesaria e inevitablemente se traduce a su vez en una contracción económica cada vez más profunda.

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