El problema de los subsidios

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Por: Luis Salas Rodríguez

En toda economía existen tres tipos de subsidios: los explícitos o directos, los implícitos o indirectos y aquellos de los que nadie habla.

Los explícitos o directos son aquellos que todo el mundo conoce, enfocados a garantizar el acceso a servicios públicos como salud, educación, transporte o energías, a bienes de consumo masivo o a actividades estratégicas. Por lo general, se trata de una transferencia de recursos unilateral por parte del Estado al consumidor o al prestador-productor del servicio o bien en cuestión.

Los implícitos o indirectos son los derivados de políticas proteccionistas, por ejemplo, el cobro de aranceles para determinados bienes de importación, para proteger a los productores locales de la competencia extranjera. Los controles de precios también pueden considerarse formas de subsidio indirecto.

Y aquellos de los que nadie habla son esos que, como en el primer caso, resultan formas directas de transferencia de recursos. Sin embargo, tienen la particularidad de que en cuanto tales, más que a un esquema de protección de derechos, responden a algún tipo de privilegio.

En la medida en que la teoría económica convencional y el sentido común mediatizado que la acompaña no son neutrales, el objeto de atención, ataque y hasta indignación por parte de los “expertos” y opinadores es la primera forma de subsidios, y en menor medida, la segunda. En tal sentido, cada cierto tiempo, por ejemplo, se pone en cuestión si la educación o la salud deben ser gratuitas. Así como se discute públicamente si el transporte, los combustibles o la energía eléctrica deben estar subsidiados. O si, por el contrario, deben estar a precio de mercado, que es tanto como decir el que fijen los prestadores de tales servicios.

También suele pasar que les da por discutir cada tanto la utilidad de políticas arancelarias proteccionistas, a las que entienden como una manera de subsidiar indirectamente las ineficiencias locales frente a la “eficiencias” foráneas. Esto en no pocos casos resulta cierto. Sin embargo, por lo general, ocurre que dichas políticas parciales forman parte de una política más amplia de protección, el empleo o la producción locales, por ejemplo, cuando no directamente la soberanía y seguridad en determinadas áreas, por lo que los gobiernos que las aplican suelen considerar tal efecto no deseado un costo colateral menor. Una ley no escrita de la economía establece que cuando un “experto” económico ataca una política proteccionista, alguna transnacional está tras suyo.

Los mejores ejemplos de estos subsidios implícitos son los que aplican Estados Unidos y Europa a la agricultura (a la que también subsidian directamente). Ineficientes según la perspectiva económica convencional, se justifican para los gobiernos de estos países desde el punto de vista político, social, urbano y alimentario.

En el caso de los subsidios explícitos o directos, las motivaciones pueden ser muchas y muy variadas. La educación y la salud, por ejemplo, al tratarse de derechos universales, no deberían estar limitados a la capacidad de pago de la gente, razón por la cual se acostumbra mantenerlas subsidiadas, si bien la tendencia precarizadora mundial cada vez deja menos espacio para esto. En lo concerniente a las energías, combustibles, el agua y las telecomunicaciones, pasa otro tanto, si bien el criterio que prela acá es que la mayoría de las actividades económicas y no que se realizan en una sociedad, necesitan de acceso a estos servicios para poder desarrollarse. Como decía en la primera parte de esta nota, el caso del transporte público resulta paradigmático, pues implica la movilidad de la mayoría de las personas para ir a trabajar, estudiar, etc., lo que de otra forma no sería posible o resultaría tan costoso que no sería viable. Y para que el transporte público a su vez sea posible, necesita combustible, razón por la cual la mayoría de los países lo subsidia. A los que les escandaliza el caso venezolano, valga recordarles que los países del G-20 pagan en promedio mil dólares al año por persona en subsidio para combustibles fósiles. Los Estados Unidos paga 700 mil millones de dólares por este concepto, lo que equivale a 2.180 dólares por persona.

En el caso de la electricidad y las telecomunicaciones está claro que conforme pasa el tiempo se vuelven servicios más esenciales. Casi no hay nada que no funcione con energía eléctrica. Y más allá del simple derecho y necesidad que tiene la gente de comunicarse, sabemos que la tendencia en las transacciones económicas es cada vez más marcada hacia el uso de telecomunicaciones, bien por internet (compra, pago de servicios) o bien hacia el uso de dispositivos como los puntos de venta, e incluso, buena parte del trabajo actual depende del uso de las telecomunicaciones. De tal suerte, la exclusión por concepto de capacidad de pago de la gente es un problema más grave del que comúnmente se piensa, no solo en materia de derechos sino de la propia “eficiencia” económica, al tiempo de que el nivel de tarifas asociadas a las mismas tiene un alto impacto propagativo por las cadenas de costos, como bien sabemos en Venezuela.

Por otra parte, es un falso dilema el planteado por los economistas convencionales y los expertos mediáticos, aquel según el cual los subsidios generan forzosamente ineficiencias. Es un riesgo, cierto está. Pero no solo pasa que en cuanto tal es preferible y más fácilmente solucionable que otros mayores, sino que existen muchos ejemplos de servicios públicos cuya prestación es muy eficiente incluso siendo gratuitos. El transporte de trenes en Europa y Japón resulta de nuevo un buen ejemplo, altamente subsidiados hasta el punto de no ser rentables y nadie duda de la calidad de sus servicios. Ni qué decir del caso de la educación en Finlandia, a la cual todos reconocen como la de mejor desempeño y resultados del mundo siendo universal, pública y gratuita. Es lo mismo que pasa con el sistema educativo y de salud en Cuba, mal le caiga a muchos. Y es lo mismo que ha pasado de hecho en nuestro país en la última década con la educación, la salud y las propias telecomunicaciones. La CANTV, pese a todos los problemas y tensiones que pueda tener, es más grande y mejor ahora que cuando estaba en manos privadas.

La red pública venezolana de salud tiene una cobertura universal que ciertamente enfrenta tensiones, pero la población puede asistir a ella incluso para cuestiones tan complejas como operaciones y tratamientos cardiovaculares para niños y niñas que en otros países son un lujo. Buena parte de los medicamentos para enfermedades complejas como cáncer, VIH o diabetes, los venezolanos y venezolanas pueden adquirirla subsidiada completamente por el Estado, incluso en este momento pese a los retrasos causado por la restricción de divisas. Y en el caso de la red privada, debe decirse que es tal solo a la hora de las ganancias que reporta, pues la transferencia que realiza el Estado venezolano a las clínicas y laboratorios privados para que la población venezolana pueda atenderse en ellos, es más grande incluso que el presupuesto destinado a la red pública de salud. De hecho, lo más indignante de la salud “privada” en Venezuela, es que pese a los más de 7 mil millones de dólares al año que el Estado le transfiere (lo que representa más o menos el 80% de su ingreso) tratan mal a todo el mundo y los médicos y médicas, perceptores de increíbles honorarios, hacen su trabajo como si de un favor se tratara.

En lo que a la educación respecta, la prueba empírica del éxito del modelo educativo venezolano subsidiado, universal, público y gratuito, es la cantidad de jóvenes que ahora se nos fugan hacia otros países donde tal derecho no existe. En la Venezuela actual, cualquier hijo de vecino puede graduarse de médico, ingeniero o cualquier otra cosa en una universidad pública sin pagar nada. En cambio en Chile, México, Panamá o Colombia, no cualquiera puede. Y en el caso de que lo haga, por lo general es tras sacrificios muy grandes, incluyendo deudas con las cuales debe arrastrar por años. En Chile, por ejemplo, entre 15 y 20 años puede pasar un profesional pagando la carrera que estudió. Países como estos, son los que ahora tienen una activa política dirigida a usufructuar (chulearse, pues) la inversión del Estado venezolano para formar a sus jóvenes aprovechándose de la crisis causada por los ataques especulativos contra la economía nacional. Inversión que no solo se limita a la red educativa pública, sino también a la privada receptora de muchos subsidios directos e indirectos. Por esa razón es que pasamos de la población flotante al problema de la fuga masiva de cerebros. Independientemente de que emigrar sea un derecho y de que la situación actual del país imponga a los jóvenes serias dificultades para desarrollarse profesional y personalmente, todos aquellos y aquellas que sienten que no tienen un futuro acá deberían considerar que la posibilidad de labrárselo en otro lado, más allá de los méritos propios, supone una fuerte carga de subsidio que hemos pagado todos los venezolanos y venezolanas con nuestro trabajo, y que fue posible materializarlo dada una política pública inclusiva como casi ya no existe en el mundo.

Por otra parte, y ya para ir cerrando, hay que recordar que aunque lo óptimo es que una empresa pública sea autosustentable, lo cierto es que la sostenibilidad en el sector público no tiene los mismos parámetros de medición que en el privado, entre otras razones porque el Estado es un ente único e indivisible que constituye una unidad, particularmente notable en el caso de la hacienda pública. Este principio es, de hecho, lo que ha permitido que en anteriores ocasiones (incluyendo el año pasado), la CANTV generara excedentes que pasaban a ser invertidos en otras áreas que entre poco y nada tenían que ver directamente con su razón social. Lo cual, por cierto, fue una de las razones para su nacionalización y estatización, ya que cuando era una transnacional dichos exedentes no solo se fugaban, sino que al hacerlo había que restarlos al haber de las divisas. Así las cosas, una alternativa planteable al problema de subir las tarifas en medio de un contexto de hiperespeculación e hipersensibilidad social por retroceso del poder adquisitivo, es que otras empresas del sector público –como por ejemplo la creciente y cada vez más dinámica banca pública– puedan en este momento apoyar a CANTV sin necesidad de cargarle la cuenta a los usuarios y usuarias. Lo único que hay que tener es la prudencia y planificación suficientes para que lo que puede concebirse como una alternativa coyuntural no se convierta en una práctica permanente.

Otra alternativa es la determinación de cuáles son exactamente los conceptos y costos operativos realmente pesados que pueden estar comprometiendo la sostenibilidad de la empresa o en todo caso creándole problemas en su funcionamiento. Y es que entre otras razones, no es lo mismo por ejemplo si el caso es que dichos costos deben cubrirse en divisas, o si por el contrario deben cubrirse en moneda nacional. Si el caso es este último, tiene más sentido plantearse lo anterior referido al apoyo que la banca pública puede darle a la empresa. Pero si el caso es el primero, no tiene mucho sentido entonces aumentar las tarifas, al menos que se quiera solucionar un problema de capacidad reduciendo la cantidad de usuarios, lo cual suele ser una salida muy convencional. Y es que si el tema es falta de divisas en medio de un contexto general de restricción de las mismas, por más cara que se pongan las tarifas eso no se traducirá en un mayor acceso a estas. Lo único que solucionará eso es una decisión ejecutiva de dar acceso a las mismas, o que CANTV aproveche la inversión ya hecha y se diseñe una estrategia de expansión que, aprovechando su capacidad instalada, internacionalice algunos servicios.

Una tercera alternativa es que CANTV desarrolle un sistema de subsidios cruzados similar al de CORPOELEC y otras empresas, cobre sus servicios segmentadamente, siguiendo el viejo principio de que quien más gana más paga. Pero en realidad, en mi criterio, como lo que está de fondo no es un problema de la empresa en sí sino de la hacienda pública en general –incluyendo el de la restricción externa de divisas–  lo que debe hacerse en principio es poner sobre la mesa los subsidios de los que nadie habla, que son los subsidios a los ricos y a los especuladores, como dijimos y por razones obvias privilegios atávicos que son la verdadera causa de las distorsiones históricas de la economía venezolana. El primero de ellos: el que nuestro país sea uno de los que cuenta con las más bajas tasas impositivas de la región (12%), muy por debajo de por ejemplo Brasil (34%) e incluso el neoliberal Chile (20%), todo sin contar los altos niveles de evasión fiscal (que algunos calculan en torno al 70%) dada que la ingeniería comercial del sector privado recurre a todos los medios concebibles para burlar la contribución. Y el otro, la transferencia unilateral de riqueza que opera hacia las transnacionales e importadores por concepto de precios de transferencia (precios que se cobran las transnacionales mismas a través de compras entre empresas vinculadas o firmas creadas para tales fines). Para que se tenga una idea de lo que estamos hablando, comparadas en volumen, las importaciones venezolanas del año 2012 no resultan sustancialmente mayores a las de 2003 (más o menos un quinto más). Sin embargo, comparadas en precios (divisas) resultaron casi cinco veces más caras. Así las cosas, no solo resulta cierto que la discusión sobre la escasez de divisas no puede limitarse exclusivamente a su menor disponibilidad nominal si no tomamos en cuenta los precios a los que estamos comprando, sino que tampoco, y por la misma razón, tiene mucho sentido hablar de restricciones presupuestarias causadas por crecimiento de costos, si en muy buena medida dichos costos pueden optimizarse entre otras formas haciéndolos más transparentes.

1 Comentario en El problema de los subsidios

  1. Dices que cantv ahora es mejor? No tenemos buenas velocidades de ancho de banda que permitan apalancar el crecimiento tecnológico del país. Estamos totalmente rezagados lo cual no nos permite mantener un ritmo competitivo con el resto de los paises.

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