Inmunidad parlamentaria: ¿derecho o privilegio?

cristobal

“La inmunidad parlamentaria no es una garantía constitucional, no es un derecho constitucional, es un privilegio constitucional”, así lo expresó Cristóbal Cornieles en exclusiva para 15 y Último.

Como es por todos conocidos, y en vista de los reiterados llamamientos a la ruptura del orden constitucional por parte de voceros del oposicionismo actualmente ejerciendo cargos de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás decidió consultar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una interpretación con respecto a los alcances y límites de la inmunidad parlamentaria, con vista a su posible suspensión en el marco del actual Estado de Excepción.  

Debido a ello, en los últimos días se ha generado un sinfín de información en favor y en contra. Por una parte, hay quienes señalan que no se podría eliminar la inmunidad parlamentaria de los representantes del Poder Legislativo a través de un decreto presidencial enmarcado en el Estado de Excepción y Emergencia Económica o una sentencia del TSJ y, por otro lado, quienes argumentan que la inmunidad parlamentaria tiene sus límites.

Ante las distintas opiniones y las diversas matrices de opinión que se han generado respecto a este tema, el equipo de 15 y último decidió entrevistar a Cristóbal Cornieles, con el objetivo de comprender las razones de la decisión y solicitud presentada por el presidente Nicolás Maduro en días pasados al TSJ.

Cristóbal Cornieles es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario e investigador de amplia trayectoria con múltiples publicaciones. Es magister en Derecho Constitucional y entre sus responsabilidades estuvo la de ejercer como asesor ejecutivo de la Comisión de Derechos Sociales y Familia de la Asamblea Nacional Constituyente. También ha sido redactor y corredactor de varios instrumentos jurídicos vigentes.  

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¿Es posible suspender la inmunidad a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional (AN) como parte del estado de excepción?

Lo primero que habría que abordar para responder esta pregunta, es, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los estados de excepción? Los estados de excepción se encuentran contemplados en el Título VII de la Constitución Bolivariana que se denomina “De la Protección de esta Constitución”. Es decir, forman parte de las medidas que están previstas para la protección de la integridad de la Constitución, de los derechos humanos de las personas y de la democracia, ante circunstancias excepcionales graves, tales como catástrofes naturales, crisis económicas, golpes de Estado o guerras. Son concebidos como medidas excepcionales, provisionales y transitorias que resultan imprescindibles para garantizar la vigencia de la Constitución.

En nuestro país los estados de excepción tienen como consecuencia el fortalecimiento de las potestades del Ejecutivo Nacional, otorgándole la más amplia discrecionalidad para adoptar todas las medidas que sean necesarias para superar las circunstancias que afectan la vida de la Nación y garantizar la plena vigencia de la Constitución. Entre estas potestades se prevé expresamente la ampliación de la potestad normativa del presidente de la República para adoptar decretos con rango, valor y fuerza de ley y la restricción de las garantías de los derechos constitucionales. Los límites a esta amplísima discrecionalidad del Ejecutivo Nacional se encuentran previstos en la propia Constitución, ejemplo, la prohibición de restringir las garantías de los derechos a la vida, la integridad personal, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Desde esta perspectiva, si durante los estados de excepción el Ejecutivo Nacional se encuentra habilitado jurídicamente para legislar, esto es, para ejercer una competencia de la Asamblea Nacional, e inclusive para restringir temporalmente las garantías de los derechos constitucionales, ¿por qué estaría impedido de restringir temporalmente la inmunidad parlamentaria, que es un privilegio que se otorga a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para el ejercicio de sus funciones?

Lo que quiero decir es que la inmunidad parlamentaria es institución jurídica de menor relevancia que una garantía constitucional de los derechos humanos de todo el pueblo. En nuestra opinión, siguiendo el axioma del Derecho según el cual quien puede lo más puede lo menos, el Ejecutivo Nacional podría restringirla temporalmente si considera que esto es imprescindible para proteger la Constitución, los derechos humanos y la democracia. Es más, no existe una norma constitucional que prohíba adoptar esa medida, en contraposición con lo que ocurre, por ejemplo, con la prohibición expresa de restringir las garantías del derecho a la vida.

Otra cosa es debatir si resulta conveniente o no desde una perspectiva política, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, no queda dudas que el presidente de la República podría adoptar una medida de esta naturaleza dentro del marco del estado de excepción.

Tomando en cuenta esa explicación, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la inmunidad parlamentaria?

Para explicarlo de manera apropiada es preciso entender que la regla general de la función pública en el ejercicio del poder público es la responsabilidad por sus actos y actuaciones, esa es la regla en Venezuela y de todos los países democráticos de occidente. En nuestro país los funcionarias públicos y las funcionarias públicas responden penal, civil, administrativa y disciplinariamente por el ejercicio de sus funciones. Se trata de una regla que se encuentra asociada de manera indisoluble al tema de la garantía de los derechos humanos, por eso es que en nuestro país la responsabilidad en el ejercicio de la función pública está prevista en el artículo 25 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el título referido a los derechos humanos.

Desde esta perspectiva la inmunidad parlamentaria es la excepción a esta regla general. Se trata de un privilegio que se otorga a los diputados y diputadas para el ejercicio de sus funciones, que los coloca en una posición desigual con respecto al resto de quienes ejercen la función pública. No es propiamente un derecho humano, ni una prerrogativa de un órgano del Estado, sino un privilegio de un selecto grupo de funcionarios públicos y funcionarias públicas.

Ahora bien, la inmunidad parlamentaria está regulada en el artículo 199 y 200 de la CRBV. En el 199, se establece la irresponsabilidad por los votos y opiniones que emiten los diputados y diputadas en el ejercicio de sus funciones en el parlamento, en el artículo 200 que se establece propiamente una inmunidad, haciendo referencia única y exclusivamente a la inmunidad en materia penal.

¿Esto qué significa? Que en Venezuela nuestros diputados y diputadas no tienen inmunidad en materia de responsabilidad civil, disciplinaria y administrativa. Recordemos que todo privilegio establecido en el ordenamiento jurídico, como toda excepción a una regla general, siempre debe ser interpretada de manera restrictiva, es decir, no puede pensarse que se trate de un instituto jurídico que se pretenda interpretar de manera extensiva para abarcar la mayor inmunidad posible, entre otras, porque implicaría profundizar la desigualdad intrínseca que genera todo privilegio.

En nuestro criterio, por ejemplo si un diputado o diputada choca su carro y produce un daño, este o esta puede ser perfectamente demandado ante un tribunal con competencia en materia de tránsito porque no goza de ninguna inmunidad en esta materia. Lo mismo ocurriría si causa un daño civil moral o si incumple con su obligación en materia de manutención de un hijo o hija. Siguiendo esta misma lógica, lo mismo ocurriría con la responsabilidad administrativa, que es aquella que investiga y sanciona la Contraloría General de la República para proteger el patrimonio público. Por ejemplo, si un diputado o diputada genera un daño doloso al patrimonio público, la Contraloría podría iniciar un procedimiento en su contra y, eventualmente, imponer las sanciones administrativas a que hubiere lugar, incluyendo la inhabilitación política de ser el caso.

De hecho existe un precedente durante la vigencia de la Constitución de 1961 en la cual en algún momento el antiguo Congreso de la República aprobó una ley que extendía la inmunidad parlamentaria a la responsabilidad civil y la antigua Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia derogó por inconstitucional dicha ley, porque ampliaba indebidamente los parámetros de la inmunidad parlamentaria más allá de lo previsto en la Constitución.

Pero volviendo al tema de la inmunidad penal, en las últimas décadas se ha generado un debate intenso acerca de cuáles son los límites de esa inmunidad en materia penal. ¿Por qué?, porque algunos estudiosos de la materia, sobre todo académicos y activistas de derechos humanos, se han planteado el debate acerca de si esa inmunidad en materia penal de los diputados y diputadas puede abarcar violaciones graves a los derechos humanos.

Sobre este punto voy a aprovechar para exponer un ejemplo que suele citarse en la literatura: si un diputado o diputada hace apología, promueve y fomenta el racismo, los crímenes de odio, la discriminación hacia la mujer que son violaciones graves hacia los derechos humanos, si un diputado o diputada fomenta, impulsa o promueve el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, la gran pregunta que se hacen los académicos y los estudiosos, es si esas expresiones y esas opiniones deben ser sancionadas o no, y si la inmunidad parlamentaria se extiende a estas gravísimas violaciones de los derechos humanos.

Eso ha sido especialmente importante en algunos países donde existen partidos políticos de extrema derecha, que están vinculados a los neonazis, que enarbolan el racismo como bandera, donde se ha generado un debate importante acerca de si la inmunidad parlamentaria, que fue concebida para el ejercicio de la democracia, puede extenderse y evitar la sanción de las opiniones de diputados y diputadas de estas tendencias que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, una afrenta directa a la democracia o a la misma vigencia de la constitución. Las mayorías de las opiniones más progresistas en estos países tienden a argumentar que se debe desarrollar un proceso en el cual la inmunidad parlamentaria se vaya circunscribiendo cada vez más a aquellas opiniones, votos, actuaciones que ejercen los parlamentarios y parlamentarias en el ejercicio de sus funciones siempre y cuando estén dentro del marco del ordenamiento jurídico constitucional.

Dicho de otra manera, digamos que las corrientes progresistas desde el punto de vista constitucional han planteado que cuando los diputados y diputadas en el ejercicio de sus funciones generan violaciones a los derechos humanos, inclusive violaciones a la propia Constitución, esas opiniones, votos y actuaciones no deberían estar protegidos por el privilegio de la inmunidad parlamentaria. Esto es un poco de lo que podría ocurrir en Venezuela y es lo que está en el centro del debate si se presenta un recurso de interpretación acerca de la inmunidad parlamentaria ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En nuestro criterio, en este escenario es probable que el Máximo Tribunal atienda las tesis más modernas y más democráticas que se han venido desarrollando en Europa y el resto de América sobre el tema de la inmunidad parlamentaria.

¿Cuáles serían las consecuencias políticas y jurídicas si se materializa la propuesta planteada por el Ejecutivo Nacional?

De ser ese el caso, en mi opinión creo que se favorecería el ejercicio democrático de la función pública, se le pondrían límites a algunos excesos que se han venido realizando desde hace algunos meses en el ejercicio de la función parlamentaria y sobre todo, sería un aporte importantísimo para la protección de los derechos humanos de las personas, porque es inaceptable que en un Estado constitucional, democrático, social, de lucha y justicia como el venezolano, se permita que algunos diputados y diputadas expresen opiniones abiertamente fascistas y discriminatorias e inclusive antidemocráticas, ya que en ningún Estado democrático y constitucional pueden permitirse esos excesos, porque tampoco lo permiten los tratados Internacionales en derechos humanos.

Si por el contrario, esta solicitud o propuesta no es admisible, ¿qué otras alternativas o mecanismos podrían ser implementados para evitar este tipo de excesos?

Toda la ciudadanía en general, no solamente el Ejecutivo Nacional, sino todas las personas, deben actuar ante la violación a los derechos humanos, si es imposible, investigarlos y sancionarlos desde el punto de vista penal.

A este respecto, creo que se deben acudir a estrategias que se han desarrollado en otros países, como en EE.UU., por ejemplo, donde muchas violaciones a los derechos humanos fueron dirimidas y sancionadas a través de demandas civiles por daños patrimoniales. Eso lo hizo Green Peace con la pesca de Ballenas. Asimismo, lo hizo el Gobierno Federal con  el Ku Klux Klan también en EE.UU., de ahí, que muchas veces sorprende que hayan algunas personas sancionadas por violaciones graves a los derechos humanos, pero que no se les exige la responsabilidad civil por los daños causados.

En este punto voy a aprovechar de exponer otro ejemplo: una persona que haya sido sancionada penalmente de manera firme por generar violencia, incendios y destrozos al patrimonio público, ¿debería responder civilmente por esos actos? Esto es lo que plantea la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos, y sin embargo, no se ejercen las acciones civiles. Una persona que lesiona el patrimonio público tiene de manera dolosa una responsabilidad administrativa, es decir, la Contraloría General de la República debe iniciar un procedimiento y establecer las responsabilidades a que hubiera lugar, imponiendo las multas y reparaciones y en este caso la inhabilitación política.

1 Comentario en Inmunidad parlamentaria: ¿derecho o privilegio?

  1. Dr Buenas noches,en primer lugar Ud ratifica el concepto de. Estado de Excepciòn ,que como protecciòn de la Constituciòn lo avala: El TSJ y sus decisiones,en segundo tèrmino,si en un Estado de excepciòn ,el Presidente de la Repùblica se vè amenazado o vulnerado en sus competencias!! y funciones!1,y el TSJ lo DECRETA!,de que estamos hablando Juridicamente,de que el Presidente tendrìa bajo su potestad la suspensiòn de la Inmunidad parlamentaria de Diputados y Diputadas,por dos razones :una Por el Decreto de rango y fuerza del mayor tribunal de la Repùblica y en segundo tèrmino por la Seguridad de la Naciòn y con ella todas las perrogativas de orden de las demàs Instancias de Poder Central.En resumen Ud se contradice,y el Presidente està FACULTADO para suspender en el hemiciclo la inmunidad de los parlamentaristas.

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