De la población flotante al me quiero ir demasiado

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El tema de la emigración masiva –real o aparente– de los venezolanos se ha puesto nuevamente de moda a partir de un artículo publicado por el sociólogo y exministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. Lo particular del texto de Iturriza es que pone en cuestionamiento el ya impuesto lugar común de que en Venezuela se está yendo todo mundo, recurriendo para ello al recurso obvio, pero no menos ignorado por los sostenedores de esta especie: analizar las cifras de migración de los organismos nacionales e internacionales involucrados con el tema.

Pero también es cierto que los datos aportados por Iturriza, a partir de los cuales se concluye que estamos más en presencia de un mito que de otra cosa, contrastan no solo con la idea socialmente aceptada de que los venezolanos y en especial los jóvenes están emigrando en masa, sino con la percepción y experiencia individual de prácticamente todos los habitantes del país que aseguran conocer a alguien, ser pariente, vecino o amigo, de algún o alguna que se haya ido demasiado. De la misma forma, con las colas que se observan en el Saime para la expedición de pasaporte, así como en la Cancillería y las oficinas del Ministerio de Educación Universitaria para los trámites de validación de los títulos universitarios, a fines de que estos sean reconocidos en el exterior.

A este respecto, creemos que el ejercicio de Iturriza debe complementarse con algunas consideraciones, ya no solo de orden cuantitativo sino también cualitativo, que tampoco suelen considerarse a la hora de tratar este tema. En este sentido, y para decirlo rápido, nos atrevemos a lanzar, como hipótesis para el debate, que el hecho de que los venezolanos estén emigrando masivamente, en el fondo y de origen, debe interpretarse por paradójico que suene, como un resultado no deseado del éxito, mas no del fracaso, del modelo de sociedad de las últimas dos décadas, o sea al chavismo y, particularmente, de su modelo educativo. Lo que queremos decir es que todas las causas circunstanciales actuales que pueden estar disparando fuga al exterior de venezolanos, tienen como piso común el éxito del modelo de inclusión masiva operado a partir de 1999, el cual, pese a todas sus debilidades, aún se mantiene.

Para la mejor comprensión de esta afirmación habría que tomar en cuenta al menos dos cosas:

La primera, que toda política pública en términos amplios supone el riesgo de la generación de efectos no deseados. En política pública –como en la medicina– un efecto no deseado suele ser valuado como una reacción de cierta manera inevitable, sucedida a partir de la aplicación de tal o cual medida. Pero también es considerado como un costo menor. Es decir: en la valuación final, el efecto no deseado resulta ser menor en términos de daños, que los beneficios que reportan los efectos deseados.

Y la segunda, que en un mundo como el de hoy, plenamente globalizado, interconectado y donde todo opera en tiempo real, existe un fuerte componente de variables y factores externos que los países y sus gobiernos no controlan o controlan muy superficialmente mediante sus políticas públicas, pero que no por ello dejan de tener impacto profundo. Un ejemplo es la fuga de capitales o el terrorismo, fenómenos no solo transnacionales sino que son usados y promovidos por algunos países en perjuicio de otros. Panamá, por ejemplo, es un país cuyo modelo de crecimiento económico consiste en el usufructo –o chuleo, como decimos en criollo– de la riqueza ajena, promoviendo el secreto fiscal y la opacidad comercial en perjuicio de otros (hace un par de años Colombia la acusó de guarida fiscal). En cuanto al terrorismo, allí vemos el terrible caso Sirio, cuyo ejército por más esfuerzo heroico que hace en eliminar al ISIS y demás grupos sanguinarios, debe vérselas con la colaboración que a tales grupos prestan sus vecinos, países miembros de la UE, ni qué decir los Estados Unidos, colaboración sin la cual ninguno de estos grupos sería sostenible bélica y militarmente.

Entonces, para seguir con nuestra hipótesis, la actual fuga masiva de cerebros (y otros no tanto, evidentemente) que se denuncia, de estarse produciendo, es posible de origen como resultado no deseado de la política de inclusión masiva operada luego de 1999. A este respecto, debemos recordar que para aquel año en Venezuela había una matrícula universitaria de unos 600 mil estudiantes, conviviendo con una población excluida de alrededor de 700 mil, tomando en cuenta las cifras más conservadoras. Era esto lo que en aquel entonces la tecnocracia cuartorrepublicana llamó “población flotante”: conjunto de jóvenes que habiendo culminado el ciclo secundario, quedó atrapado en un limbo burocrático negado su ingreso a la universidad pública. Hoy día, dicho fenómeno ya no existe. De hecho, según la Unesco Venezuela cuenta con la quinta matrícula más grande del mundo y la segunda del continente. Hablamos de casi tres millones de estudiantes, y solo este año se estima el ingreso de 450 mil nuevos y el egreso de 200 mil.

A todas estas, esta masificación de la educación universitaria se realizó bajo el paradigma de la gratuidad, de manera que el aumento de la matrícula, tanto como del número de universidades, no le representa al estudiante ningún costo, por lo que dicha barrera de ingreso al sistema universitario no existe en Venezuela, tanto que, en líneas generales, cualquier hijo de vecino puede graduarse de médico o abogado sin que esto le represente costos de matrícula o aranceles.

Esto contrasta abiertamente con la realidad de países como Chile, Colombia y el propio Estados Unidos. En Chile, todo el debate en torno a la gratuidad de la educación implica una fuerte segmentación social entre quienes acceden y quienes no pueden, y dentro de estos últimos el problema posterior es el endeudamiento. Un joven promedio debe pagar para estudiar unos 20 mil dólares por carrera (en el caso de Comunicación Social la cifra puede llegar a los 30 mil dólares). Y si al final de cursar la misma debe alguna matrícula, no puede titularse, lo cual hace que la gran mayoría se endeude con los banco pasando entre 15 y 20 años endeudado por este concepto. Una de las consecuencias de este drama es que en todas las áreas de trabajo –como por ejemplo la medicina– suele haber un fuerte déficit de profesionales.

Lo mismo pasa en Estados Unidos, donde en promedio un universitario por haber estudiado debe unos 35 mil dólares. En total, se estima que los estadounidenses cargan con una deuda de US$ 1,2 billones por sus estudios superiores. En días pasados en el blog La Tabla del periodista Víctor Hugo Majano, se publicó una nota donde se relataba cómo adultos mayores con más de 30 años de graduados aún arrastran deudas por este concepto. 

¿Y qué decir de Colombia? También en La Tabla vimos en días recientes cómo estudiar Medicina en Colombia cuesta unos 70 mil dólares. Lo que evidentemente causa un problema adicional a la negación del derecho al estudio: el déficit de profesionales en esta área se estima en torno a un 25% en Medicina General y más aún en Medicina especializada.

¿Cómo cubre un país como Colombia este déficit? Pues en principio podría hacerlo replanteando el modelo excluyente universitario basado en el lucro. Pero esta solución está del todo negada –como pasa en Chile– pues implicaría poner en cuestión el modelo neoliberal en términos generales. De tal suerte, pareciera estar resolviéndolo por la vía oficiosa: usufructuando por varias vías (entre ellas la manipulación del tipo de cambio) el talento humano venezolano posibilitado por la gigantesca inversión social en materia educativa realizada por el Estado desde 1999, que por lo demás, es la misma fórmula oficiosa utilizada para resolver el problema del déficit de alimentos de aquel lado de la frontera, y la que usa Panamá para apalancar su crecimiento promoviendo la evasión fiscal entre sus vecinos.

Esta forma oficiosa de resolver el problema tiene la enorme ventaja de serle mucho más económica (por más que le paguen bien a los médicos que se van demasiado para allá, nunca serán más costosos que reformar el sistema universitario) sin poner en juego los pilares del sistema económico, político y social imperante. Por otra parte, contribuye con el socavamiento del proceso revolucionario venezolano, utilizando el mismo libreto aplicado por Estados Unidos contra Cuba para usufructuarle sus profesionales. Mismo libreto, dicho sea, al cual recurre Alemania promoviendo la entrada de refugiados sirios a Europa, no tanto por humanitarismo sino porque se trata de mano de obra muy calificada llegada en condiciones de emergencia y que no solo es barata en sí sino que abarata la mano de obra ya existente en Alemania, tal y como se narra en esta nota publicada por el, nada izquierdista, medio europeo el economista.es.

La otra parte de esta historia es que la poca capacidad de absorción de la economía venezolana, dada la baja y hasta nula propensión a invertir del sector privado (fenómeno que Miguel Ignacio Purroy, nada sospechoso de chavismo o comunismo, llama la huelga de inversiones del capitalismo venezolano, que ya lleva al menos tres décadas), termina generando cuellos de botella, por los cuales lo invertido por el Estado en talento humano no puede ser aprovechado más que por sí mismo. Pero este es otro tema, que abordaremos en una próxima oportunidad.

2 Comentarios en De la población flotante al me quiero ir demasiado

  1. Buenos días, de acuerdo con tu articulo, creo que la situación de la emigración de los profesionales también se revertiría en divisas para nuestro país y así lo invertido en su formación regresaría en especies. Puede ser.

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