El acontecer que marcó el 2016: breve revisión del mensaje presidencial

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Por: Angerlin Rangel

2016 fue, sin duda alguna, un año retador para las fuerzas políticas venezolanas y para Latinoamérica en general. A lo interno, el debate entre economía y política se posicionó a lo largo del año, imponiéndose un balance negativo con respecto al comportamiento macroeconómico que estuvo enmarcado en la caída del precio del petróleo y el abaratamiento de las materias primas.

A lo anterior, en materia internacional, se sumó la carrera de la derecha en los gobiernos de América Latina, EE.UU. y Europa, la agudización de las acciones del fundamentalismo islámico y la aceleración del impacto climático, temas que marcaron el acontecer geopolítico y mediático durante el año que cerró.

Las perspectivas miran como prioridades la agenda económica de cara a la primera mitad de 2017. La combinación del persistente y recesivo comportamiento del mercado petrolero, ha llevado a una coyuntura especialmente difícil para las economías de la región.

Económico

En el marco de un panorama económico desacelerado, el gobierno venezolano concentró sus fuerzas en la implementación de una Agenda Alternativa Bolivariana que se acompañó principalmente de dos estrategias gubernamentales: el decreto de emergencia económica y la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva para formalizar el diálogo entre el gobierno y el sector privado. Se puso en marcha el Plan de emergencia económica con el respaldo internacional de ALBA y Unasur.

Durante el primer trimestre del año la patria bolivariana se vio inmersa en un laberinto de crisis económica que congregó a las fuerzas productivas del país en torno a la necesidad de generar nuevas fuentes de riqueza nacional. En un esfuerzo por dinamizar la inversión, conseguir mercado y captar divisas, en este trimestre también se dio un avance en las relaciones con países como China, Rusia, Brasil, Irán e India. Algunas medidas a lo interno tuvieron que ver con el aumento de la gasolina, la activación del plan de los 100 días para la agricultura urbana y la creación del nuevo sistema de administración de divisas, caracterizado por ser un sistema complementario flotante, al mismo tiempo que se puso en funcionamiento el Sistema Centralizado de Compras Públicas y se implementó la figura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema para la distribución de alimentos regulados de primera necesidad.

Desde los principales medios privados, se posicionaron las matrices de “devaluación” respecto a la entrada en vigencia del Simadi. Mientras que los medios públicos potenciaban la matriz de “fortalecimiento del sistema económico” manteniendo como línea discursiva el concepto de “guerra económica”.

Desde las redes sociales, usuarios y formadores de opinión, se potenció la matriz de “devaluación” e “inflación desmesurada” con una línea discursiva de “legalización del dólar paralelo”. Algunos economistas vinculados con la derecha pronosticaron “la inevitable profundización de la crisis económica” e “ineficiencia gubernamental”. El entorno mediático manejó tópicos y matrices en el ámbito económico: crisis en el sector salud, crisis económica, escasez, desabastecimiento, colas, inflación.

Se dibujó un escenario duro en el sector salud que arrojó a la luz pública un conjunto de denuncias sobre las deficiencias en el sector, el desabastecimiento de medicinas, escasez de equipamiento, déficit de personal, mal estado de infraestructuras y paralización de servicios en los centros asistenciales, incluyendo la Misión Barrio Adentro.

En este escenario de crisis y desabastecimiento del sistema, el gobierno perdía terreno y la oposición capitalizaba el descontento, como una estrategia que mostró efectividad en las elecciones parlamentarias que le otorgó la mayoría de votos a ese sector.

La realidad por su parte se mostraba incierta y ponía en evidencia la correlación de fuerzas desestabilizadoras, donde a cada medida del gobierno para apalear la crisis, le seguía una monstruosa respuesta, que desde este primer semestre estuvo asociada principalmente a la inhumana “inflación”, que sirvió para desestabilizar, abonar desesperanza en la población y a que el partido de gobierno fuera percibido en su forma de perder el control.

En el segundo trimestre del año, el gobierno anuncia la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de la Faja Petrolífera del Orinoco y la Zona Estratégica de Desarrollo Integral del Arco Minero del Orinoco, con inversión nacional e internacional. A este respecto, resalta la firma del acuerdo de inversión con la petrolera rusa Rosneft. Se implementó una estrategia de defensa del mercado petrolero, con países OPEP y no OPEP, para la recuperación paulatina de los precios del petróleo.

Como parte de la estrategia de la Agenda Económica, en julio se desarrolló una gira por parte del gabinete económico del país en busca de inversiones no petroleras, el primer país receptor fue Panamá. En agosto el gobierno y empresarios firman un conjunto de acuerdos en el marco del impulso a la inversión en el Arco Minero del Orinoco, resaltando un decreto mediante el cual se destinaría el 60% de las ganancias a las misiones sociales.

El panorama de la crisis tomó fuerza y presentó la realidad que acompañó la lucha del gobierno venezolano durante todo el resto del año. Algunos analistas económicos señalaron como principal causa de la crisis las distorsiones entre los costos de los alimentos y medicamentos y el subsidio que el gobierno sostiene, alimentando la aparición de la figura que se puso de moda desde inicio de año, la de los bachaqueros.

Saltando uno a uno los obstáculos comienza la cuenta regresiva y en noviembre Venezuela desayuna con la noticia de incorporación de dos importantes empresas del sector de alimentos en el país, Polar y Confagan, a las reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva. En cuanto a relacionamiento externo, se suman inversiones y acuerdos de financiamiento con estatal India ONGC Videsh y se acuerda con El Salvador avanzar en temas de preferencias arancelarias y la eliminación o disminución de restricciones no arancelarias.

En este ámbito la oposición se presentó fracturada y poco cohesionada en torno a sus llamados de calle frustrados y lineamientos improvisados. El gobierno se proyectó como el negociador, protagonista del diálogo a lo interno y, además, demostró el peso que tiene Venezuela en el terreno internacional en cuanto a su influencia en defensa de la OPEP y los precios del petróleo.

No obstante, aunque en diciembre el Banco Central de Venezuela (BCV) anuncia la tan esperada noticia de que establecerá un nuevo cono monetario, adaptado a los niveles de inflación, para facilitar el manejo de efectivo por parte de las personas e instituciones bancarias, la medida fue percibida como una “mala” respuesta, además “tardía” e “improvisada”.

Dichas matrices tomaron mayor impulso debido a que no había comenzado a circular la nueva familia de billetes y monedas, cuando un nuevo Decreto de Emergencia Económica dejó sin efecto el billete de 100 bolívares, el de más alta denominación en el país. Se reactivó el descontento y vuelve la especulación sobre el costo político que pudiera acarrearle al partido de gobierno, próximo a enfrentar las elecciones de gobernaciones y alcaldías.

A todas luces la emergencia económica se convirtió en una amenaza constante para la estabilidad social y los logros sociales enarbolados por el proceso bolivariano. Los principales medios de comunicación atacan el discurso del gobierno en cuanto a justicia social y democratización política y económica, proyectan la dificultad de sostenimiento de la política social y la responsabilidad de la gestión gubernamental, también se proyecta un crecimiento de la pobreza que algunos generadores de opinión equiparan con la de los años noventa. El presidente Maduro en su mensaje anual ante el TSJ, el 15 de enero, informó que durante 2017 la “Agenda Carabobo 2017-2021” tendrá, en materia económica, la tarea de “fortalecer la agenda bolivariana de abastecimiento local, a través de los CLAP, así como avanzar en materia tributaria para garantizar la obtención de recursos fiscales que serán destinados a la inversión social” y contrarrestar los ataques a la economía.

Más allá de los ataques, cada día cobra más vigencia aquella famosa canción “Hay un niño en la calle” de la cantautora popular Mercedes Sosa. Los sectores más vulnerables ocupan las calles del país.

Político-social

En la batalla política actual la oposición venezolana dio pasos firmes para capitalizar a su favor la crisis económica. Con su campaña “en contra de las colas” se presentó como la solución al problema de “desabastecimiento” y configuró un círculo virtuoso en el que capitalizó la crítica y señaló a un culpable creíble: la mala gestión del Gobierno, su ineficiencia y corrupción, la debacle del socialismo en dos sentidos: su deterioro moral y su desfase histórico.

Sobre la base de este descontento y las demandas colectivas que le otorgaron la mayoría, la oposición venezolana toma posesión de la Asamblea Nacional desde enero de 2016, dando inicio a una situación que desbordó la confrontación política nacional cuando la nueva Asamblea juramentó a tres diputados de Amazonas previamente impugnados por el TSJ.

Más allá de la mayoría alcanzada por la oposición, algo a todas luces cierto y que no se puede despreciar tiene que ver con la votación chavista. Es importante señalar que el voto al partido de gobierno se mantuvo alto, aun y en medio de una crisis tan severa y de una campaña tan efectiva liderada por los principales medios hegemónicos, lo que pudiera tener la lectura de que, en efecto, la tendencia del voto fue en contra de la gestión del partido de gobierno y no a favor de la oposición. Quedó claro en el panorama de la opinión pública la existencia del voto castigo.

No obstante, amparada en una amplia mayoría, la oposición abre un nuevo campo de ataque en dos frentes. Las dos solicitudes fueron: aprobación de la Ley de Amnistía que fue declarada inconstitucional por el TSJ, en el mes de abril, mismo mes en que se conoce la segunda solicitud relacionada con la activación de la Carta Democrática ante la OEA, en respaldo a la activación del referendo revocatorio como la alternativa opositora ante “la gravísima situación política, económica y social del país”.

La oposición comenzó a transitar la ruta hacia el revocatorio que era precedido en la línea discursiva de este conglomerado, por la solicitud de liberación de “presos políticos” y denuncia por “violación de derechos humanos”. Por su parte, el organismo electoral solicitó el cumplimiento de requisitos como la recolección del 20% de las firmas y el respeto por los lapsos establecidos para la verificación y recepción de las actas.

No tardaron las respuestas. Por un lado, acusaciones y ataques hacia el CNE por “retrasar” el proceso, y por el otro, la anulación por parte del TSJ de la primera etapa de recolección de firmas, en la que hubo acusaciones de fraude hacia la oposición. Algunos analistas señalaron que a este respecto la “oposición mordió el anzuelo que puso el gobierno”. Lo cierto es que fuera de los tiempos y lejos de ser el interés de la oposición “sustituir al presiente Maduro”, en el fondo subyace la intencionalidad de abolir el partido de gobierno.

Esta intencionalidad, para nada democrática, para nada ingenua, ha estacionado y relegado a la oposición al recinto meramente legislativo. Resalta como victoria del gobierno el hecho de que el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución consensuada para apoyar a Venezuela en el inicio de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición.

Mientras tanto, el gobierno avanzó con la iniciativa del diálogo y diseñó un documento que dibujó una ruta “para normalizar la relación constitucional de los poderes públicos”, el mismo fue firmado por los partidos que forman parte de la MUD y algunos representantes de la oposición, como Henry Falcón. La figura del gobierno comenzó a resaltar por su disposición al diálogo y su esfuerzo para normalizar la situación política y económica del país.

Por su parte, la oposición solicitó el juicio político al jefe de Estado luego y declarar abandono del cargo. Por la otra, cobran fuerza matrices relacionadas con la “violación de derechos humanos”. En cuanto a este tema destacan las denuncias por “abuso de autoridad”, “represión desmedida” y “falta de preparación” de los funcionarios garantes del orden público quienes este año son “resultado” de la política de seguridad ciudadana implementada principalmente a través de las llamadas OLP. Este tema conduce al caso de Cariaco (11-11) y el de Barlovento (25-11).

Se reactivó la discusión sobre DD.HH. a partir de la matanza, tortura y desaparición de personas sin antecedentes ni vinculaciones delictivas en manos de la fuerzas de orden público, trae a la memoria la desaparición de 28 mineros en Tumeremo (4-3). Se puso en tela de juicio el papel del Estado en el resguardo de la seguridad ciudadana.

Cabe destacar que en la presentación de su mensaje anual, el presidente Maduro también hizo alusión a los documentos firmados el 13 de noviembre de 2016, donde la oposición “firmó acuerdos de trabajo en conjunto para luchar contra cualquier boicot hacia la patria venezolana”.

Asimismo, entre los anuncios resalta la puesta en marcha de la “Agenda Carabobo 2017 al 2021” que en lo político, pondrá énfasis en una nueva etapa del gobierno de calle y la reactivación del diálogo. Es importante recordar que la delegación internacional está conformada por representantes de: Unasur, el Vaticano y los expresidentes de España, Pananá y República Dominicana.

Un panorama poco favorable que en líneas generales dibuja el campo donde se debaten las fuerzas políticas internas, sin perder de vista los próximos comicios municipales que, el CNE informó, están previstos para finales del segundo semestre del próximo año.

Internacional

La crisis política venezolana no solo coincide con el final de un ciclo en la región, que algunos denominaron “la primavera progresista”. El derrumbe de los precios de los productos primarios y la desaceleración y/o recesión en las principales economías a nivel mundial convergen con el reverso de los gobiernos progresistas de la región.

Los nuevos gobiernos en Argentina y Brasil marcaron una especie de coalición en contra del gobierno venezolano, lo que se puso en evidencia tras su actuación violenta en Mercosur. Las tensiones geopolíticas se dejan ver en un momento en el que la debacle en los precios del crudo impide que el mismo funcione como mecanismo de negociación y concertación internacional.

El escenario que enmarca la segunda PPT de Venezuela en Mercosur está ensombrecido por el conflicto y la confrontación directa con una estrategia de relocalización de fuerzas en el hemisferio, liderada por Argentina, Brasil y Paraguay. En este sentido, Venezuela ha tenido que lidiar con un panorama predominantemente permisivo a la retoma imperial.

En el acontecer internacional protagonizan el avance de los partidos de ultraderecha en Europa, principalmente en Polonia, Francia, Italia y Austria, donde se abre la discusión sobre la inmigración, el avance del islam y los brexit. También resalta el triunfo de Donald Trump y, por el momento, existen dudas sobre las próximas decisiones políticas ante un escenario de cambios profundos en la correlación de fuerzas entre las potencias. Privan la rivalidad económica en el terreno industrial, comercial y financiero, sumada a la tensión mundial.

Finalmente, en lo sucesivo, el mundo estará alerta ante potenciales conflictos que pudieran hacer insostenible la paz global. En adelante, el deseo de paz obligará a abrir el debate y a reflexionar sobre las premisas que postula.

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