Brasil: del ajuste económico al desajuste social

Espiritu-Santo

En el sudetino estado brasileño de Espírito Santo tiene días aconteciendo un fenómeno que recuerda a varias películas posapocalípticas y particularmente a La Purga. En sentido estricto, La Purga no es una película posapocalíptica, dado que ningún evento sobrevenido causa una catástrofe, lo que es la norma del género. Pero en sentido amplio sí,  en su caso la catástrofe es el de la pobreza y la violencia causada lenta pero profundamente por un modelo económico excluyente: el del hipercapitalismo corporativo especulativo.

En La purga, la trama gira en torno a un evento que ocurre cada año desde las 7:00 p. m. del 21 de marzo, hasta las 7:00 a. m. del 22 de marzo. Durante ese tiempo, todo crimen conocido es legal y todos los servicios (policía, bomberos y hospitales) están cerrados. Se dice que actúa como una catarsis para los ciudadanos, pero en realidad, se utiliza como método artificial de control poblacional, en el que las personas más pobres y sin hogar son eliminadas.

Pues bien, eso es poco más o menos lo que está pasando actualmente en Espírito Santo, no por decreto sino por la vía del hecho, cuando la policía regional decidió ir a huelga tras cinco años de salarios congelados. Valga decir que el gobernador del estado hace poco fue considerado un ejemplo de aplicación de las políticas de ajuste económico recetadas por el actual presidente Temer. De tal suerte, puede que estemos en presencia de la primera gran masacre de la actual restauración neoliberal continental. Una vez más queda claro que tras el ajuste económico inevitablemente deviene el desajuste socia,l y su espiral de muerte y destrucción. El escritor brasileño Eric Nepomuceno nos lo cuenta en esta perturbadora nota.   

Por: Eric Nepomuceno

Hasta las seis y media de la tarde de ayer, fueron al menos 90 muertes violentas en el estado de Espírito Santo. La mayoría en la capital, Vitoria, y su periferia. Eso, en cuatro días y medio. En exactas 84 horas. Un asesinato cada 56 minutos.

El número, impactante, es el resultado de una huelga de la Policía Militar, que empezó el pasado viernes. En Brasil, hay dos policías: la Civil, que funciona como policía judicial e investigativa, y la Militar, responsable de tareas de seguridad y vigilancia. Por ley, las huelgas de las fuerzas de seguridad están prohibidas. Los policías militares de Espírito Santo supieron innovar: para exigir reajuste en sus sueldos, congelados desde hace cinco años, pusieron a sus familiares delante de los portones de los cuarteles y guarniciones, impidiendo la salida de los patrulleros. Y con semejante obstáculo por delante, se declararon imposibilitados de salir a la calle. Fue cuando la capital entró en colapso.

Ayer, para complicar aún más el ambiente de descontrol total, también la Policía Civil se declaró en huelga, como respuesta al asesinato de uno de sus integrantes en la tierra sin ley en que se transformó el estado.

El pasado lunes llegaron fuerzas del ejército enviadas, a pedido del gobernador, por Brasilia. Y el martes más hombres de una Fuerza Nacional de Seguridad, y para hoy son esperados más refuerzos. Ayer por la tarde, el gobernador Paulo Hartung pidió, además de los mil soldados que ya están en la capital, más tropas federales. De paso,declaró formalmente que entregaba a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública en su estado. “La población es víctima de un secuestro”, dijo Hartung, “y los secuestradores del derecho de ir y venir quieren cobrar su rescate. No pagaremos”.

El semblante desolado del gobernador no sirve para que la Constitución cambie. Y dice la Constitución que las Fuerzas Armadas no pueden ejercer funciones de seguridad pública en tiempos de paz.

Además, se trata de una medida inocua: al fin y al cabo, ni Ejército, ni Marina y menos la Fuerza Aérea recibieron el entrenamiento necesario. La llegada de los primeros 500 hombres del Ejército no impidió, por ejemplo, que los saqueos al comercio siguiesen sin control alguno, ni la quema de autobuses, ni los robos por doquier. Ni, claro, los asesinatos en secuencia. Hasta ayer, los comerciantes ‒principalmente los supermercados‒ decían no tener una idea del monto de los saqueos. Grabaciones que circulan por la internet muestran saqueadores disputando hasta cajas de huevos en los supermercados abandonados a la suerte de los dioses. En muchos edificios los moradores se revezan para tratar de impedir la entrada de asaltantes.

Irónicamente, el gobierno de Paulo Hartung estaba considerado ejemplar por haber aplicado a fondo el duro ajuste fiscal defendido por el equipo económico de Temer. La impotencia del gobierno provincial frente al movimiento ilegal de la Policía Militar puso en evidencia la fragilidad institucional que poco a poco se alastra por todo el mapa brasileño, frente a la discutible legitimidad del gobierno nacional surgido a raíz de un golpe institucional que culminó con la destitución de Dilma Rousseff en 2016.

En Brasilia, el principal temor del gobierno es que lo que ocurre en Espírito Santo se repita en otras provincias brasileñas. La vecina provincia de Río de Janeiro, por ejemplo, está virtualmente en quiebra desde el segundo trimestre del año pasado. Los funcionarios provinciales no han recibido todavía el sueldo de diciembre y del aguinaldo ni hablar. Lo mismo pasa con jubilados y pensionistas. El pasado martes empezaron a circular avisos de huelga de la Policía Militar que empezaría mañana viernes. El anuncio asusta: “No salga de casa el viernes, por su propia seguridad. La Policía Militar decretará huelga”.

Tanto el secretario provincial de Seguridad Pública como el comandante general de la Policía Militar dijeron enfáticamente que se trata de un comunicado acéfalo, que no debería ser tenido en cuenta. Claro que nadie creyó en ellos: al fin y al cabo, en los últimos once meses la violencia urbana en la ciudad de Río de Janeiro experimentó un salto de 63%, con énfasis en robo a mano armada.

Mientras, la Policía Militar enfrenta, en niveles cada vez más alarmantes, condiciones negativas para cumplir con sus funciones. Por ejemplo: hay un cupo limitado para el combustible de los patrulleros, además de un recorte en el número de policías en las calles.

Como respuesta a la amenaza, ayer el gobernador Luiz Fernando Pezão anunció que el próximo martes no solo pagará a policías civiles, militares y a los bomberos todo lo que está retrasado, decretó un aumento en los sueldos. Con las finanzas estadales en estado de coma profundo, no explicó de dónde sacará recursos para cumplir lo prometido.

En irónica coincidencia, casi que a la misma hora el Tribunal Regional Electoral decretó la destitución tanto de Pezão como del vicegobernador Francisco Dornelles, a raíz de irregularidades en las finanzas de la campaña electoral de 2014. Los dos recurrirán a la instancia máxima, el Tribunal Superior Electoral, y hasta que salga la sentencia final seguirán en sus puestos.

Pero una vez más, queda evidente la falencia institucional que sacude al país. ¿Quién creerá en lo que dice el mismo hombre que contribuyó para la quiebra y la falencia de Río de Janeiro y, además, es acusado de irregularidades de todo calibre?

Publicada originalmente en Página 12

2 Comentarios en Brasil: del ajuste económico al desajuste social

  1. Puede convertirse Brasil en un “estado fallido” declararlo como tal y que la ONU o EE.UU. y la Unión Europea intervengan, después de todo no creo que el golpe se dio para poner a Temer a implementar medidas económicas que muchas de ellas fueron realizadas por Dilma, ¿es posible que las intenciones sean otras de apoderarse de la Amazonía y el gran país y sus inmensas riquezas que constituyen Brasil?

  2. Se promueven situaciones(puede ser un golpe parlamentario) que deriven en caos….se gerencia el caos para destruir el Estado y toma el control el corporativismo neoliberal…

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