Constituyente o ¿barbarie?

INTER - Venezuela - AFP_4

Por: Pasqualina Curcio Curcio

Un gran peligro se cierne sobre nuestro país. El sabotaje económico, el acaparamiento, la especulación, el mercado negro, el crimen organizado, el asesinato de personas, el terror desatado contra la población, configuran el rostro tenebroso del fascismo, la nueva cara de la derecha, de los monopolios nacionales y extranjeros que, heridos de muerte, condicionan un clima propicio para el golpe de Estado y desencadenar la guerra civil. Este camino, el cual les permitiría, a los monopolios nacionales y extranjeros, recuperar las riquezas que el país ha puesto al servicio de toda la nación, se ha puesto en marcha.

Central Unida de Trabajadores. Puro Chile.  09 de septiembre de 1972

Ante las acciones violentas y antidemocráticas adelantadas por grupos radicales de la derecha opositora, el presidente Nicolás Maduro ha invitado a un gran diálogo por la paz. Convocó al poder originario, al pueblo todo, para que mediante votación universal, directa y secreta, conformase una Asamblea Nacional Constituyente.

Inmediatamente después y como reacción a la convocatoria, los factores políticos más radicales de la derecha llamaron a sus seguidores a un “trancazo nacional”, es decir a bloquear calles y avenidas impidiendo el libre tránsito a los venezolanos, actividad que incluyó hechos violentos y vandálicos por parte de sectores extremistas de la oposición. Al día siguiente, y con el mismo esquema, convocaron a una “gran marcha” como parte de la protesta. Simultáneamente, voceros de los partidos extremistas del ala de la derecha amenazaron con un llamado a la desobediencia civil si el gobierno insistía en su intención democrática de convocar al Soberano para dialogar por la paz.

Esta amenaza temeraria de desobediencia civil se enmarca en los planes y acciones de desestabilización económica, social y política que ha retomado, desde el 2013, la oposición no democrática en Venezuela con el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal como pretendieron hacer en 2002 y 2003 con el entonces primer mandatario Hugo Chávez, también constitucionalmente electo, a quien acusaban, en ese entonces, de dictador y de autor de un modelo social y económico fracasado.

Hace algunos días, incluso antes de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, se leía en los medios de comunicación: “La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evalúa un paro cívico o una tranca nacional como propuestas de agenda de calle después del 19 de abril para subir el volumen a las protestas y la presión en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro”. “Tenemos que irnos preparando para convocar un paro cívico”.[1]

No tenemos claro a qué se refieren cuando amenazan con una desobediencia civil, ni cuál sería su alcance en estos momentos. Tenemos, sí, la referencia de lo que dicho llamado significó a finales del año 2002, por cierto en el marco de un proceso de diálogo en el que participaban “representantes” de todos los sectores políticos del país. Mesa de diálogo que convocó el presidente Chávez después del golpe de Estado del 11 de abril.

A finales del año 2002, la entonces denominada Coordinadora Democrática integrada por las distintas organizaciones políticas que hacían oposición al gobierno nacional, conjuntamente con Fedecámaras (representantes del sector empresarial) y la CTV (supuestamente representantes de la clase trabajadora) convocaron a la desobediencia civil.

Llamado que se caracterizó por elevados niveles de violencia; actos terroristas; campañas internacionales solicitando la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la presión por parte de EE. UU. para que se realizaran unas supuestas “Elecciones Ya”; constantes llamados a paros económicos, incluso la convocatoria irresponsable a un paro “cívico” nacional indefinido, paro patronal con fines subversivos que estuvo acompañado de actos terroristas de sabotaje a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) surtidora de combustible a nivel nacional y principal fuente de ingresos por concepto de exportaciones. Buscaban la salida del presidente Chávez, ya fuese mediante su renuncia o generando las condiciones para otro golpe de Estado.

Recordamos que ese año también realizaron “trancazos” (11-09-2002), hubo presiones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que interviniese; solicitudes al entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, para que activara la Carta Democrática en Venezuela (03-12-2002); bloqueos de las principales calles del este de Caracas; llamados a cacerolazos; incluso, al igual que hoy, realizaron actos terroristas como, por ejemplo, el intento de incendio de un autobús con su conductor y pasajeros dentro (03-12-2002) o el asesinato de tres personas y 29 heridos en la Plaza Altamira de Caracas con acusaciones a priori  por parte de la oposición de que el responsable de la violencia y de las víctimas había sido el presidente de la República (06-12-2002). [2]

Carentes de originalidad, pareciera repetirse el libreto puesto en escena hace quince años, aunque ahora con mucha más violencia.

Basta leer los titulares de los medios de comunicación de aquel momento para notar las similitudes [3]: “Trancazo Activo”; “EE.UU. presiona por solución electoral”;“Ortega asegura que Chávez ha decidido declararse dictador”; “OEA urge a partes solución de buena fe” [4]; “La FAN (sic) tiene el deber constitucional de intervenir” [5]; “Descomunal marcha exigió la renuncia de Chávez” [6]; “Paro hasta que haya elecciones” [7]; “Oposición advierte sobre agudización de la violencia” [8]; “Chávez se sostiene en el chantaje de la FAN (sic)” [9]; La FAN (sic) se reducirá a un gueto” [10]; “Cuatro individuos vaciaron sus pistolas sobre la gente en Plaza Francia de Altamira. Terrorismo. Cuatro muertos y 18 heridos es el saldo trágico de la cobarde acción atribuida por los oficiales en desobediencia a los seguidores del Gobierno” [11]; “Silencio por los caídos. La caminata inició en Chuao y culminó en el Marqués”. [12]

Todas las acciones antidemocráticas promovidas por la oposición durante 2002 y 2003 generaron inestabilidad política, económica y social. Desde el golpe de Estado del 11 de abril hasta el paro patronal y el sabotaje a la industria petrolera, pasando por los actos de violencia y de terrorismo, no solo ocasionaron grandes e irrecuperables pérdidas económicas al país, sino sobre todo tuvieron efectos atroces en las condiciones de vida, en la salud, la tranquilidad y en la paz de los venezolanos.

Se ha escrito y dicho mucho acerca de las pérdidas mil millonarias, hasta ahora incuantificables, de aquel llamado irresponsable y subversivo de desobediencia civil, pero poco acerca de las consecuencias económicas y sociales. Mostramos gráficamente algunas de ellas:

1. El Producto interno bruto disminuyó 17% entre 2001 y 2003. Se registraron los niveles de producción históricamente más bajos desde 1999. Ha sido la mayor caída del PIB registrada desde 1999.

CONSTITUYENTE.001

2. Ambos sectores de la economía, tanto el público como el privado se vieron afectados en sus niveles de producción. Sin embargo, las acciones de desobediencia civil que caracterizaron esos dos años y especialmente el paro patronal afectó en mayor medidala producción del sector privado. En el sector privado, la disminución del PIB entre 2002 y 2003 fue 15%, en el caso del sector público cayó 12% durante el mismo período.

CONSTITUYENTE.002

3. Alrededor de 590.000 trabajadores se quedaron sin empleo entre 2001 y 2003, en su mayoría mujeres, lo que representó un aumento del 14% de la tasa de desocupación, la cual pasó de 13,3% en 2001 a 18,4% en 2003. La más alta registrada desde 1999.

CONSTITUYENTE.0034. La pobreza general, medida por niveles de ingresos, en la que se contrastan los salarios con el costo de la canasta básica, alcanzó niveles de 55,10% y la pobreza extrema, medida de la misma manera, llegó a 25%. También los niveles históricamente más altos desde 1999. El aumento de la pobreza extrema fue 76% entre 2001 y 2003: pasó de 14,20% de hogares en pobreza extrema en 2001 a 25% de hogares en 2003.

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5. Incluso, la pobreza estructural, que mide las necesidades básicas insatisfechas de la población incrementó durante los años 2002 y 2003 de desobediencia civil. La pobreza general alcanzó niveles de 31,21% de hogares en 2002 y la extrema, 13,02% de hogares.

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6. El consumo diario de alimentos por persona disminuyó a 2.236 kilocalorías, históricamente los más bajos desde 1999. Llegó a ubicarse por debajo del mínimo establecido por la FAO (2.720 kilocalorías diarias) como garantía de seguridad alimentaria.

CONSTITUYENTE.0067. Las muertes por desnutrición aumentaron 31% entre el año 2001 y 2003. Solo en 2003 fallecieron 1.342 personas a causa de la desnutrición, de las cuales, 448 fueron niños menores de 1 año y 359 entre 1 y 4 años.

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8. Más de 22.000 hogares dejaron de enviar sus niños a las escuelas entre 2002 y 2003.

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Ciertamente, la desobediencia civil es un mecanismo establecido constitucionalmente. El artículo 350 de la Carta Magna reza: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

La historia de 10 años, entre 2002 y 2012, se encargó de demostrar el error en el que los factores políticos de entonces incurrieron con el llamado a la desobediencia civil. No había razones para tal atrocidad, así como no las hay ahora. No estábamos ante un dictador, el presidente Chávez no solo se sometió a dos elecciones presidenciales los 10 años siguientes (2006 y 2012) obteniendo una victoria con más del 55%, sino que inmediatamente después al llamado de desobediencia civil, convocó un referendo presidencial (2004) en el que obtuvo el 59,1% de votos a favor. Tampoco nos encontrábamos ante la presencia de un modelo supuestamente fracasado que no garantizaba los derechos humanos, la invitación es a volver a revisar los gráficos anteriores, ya no centrando la mirada en los años 2002 y 2003, sino en los siguientes.

Más allá del poder que actualmente pueda tener o no el ala más radical de la derecha opositora para convocar a una desobediencia “civil” o a un paro “cívico”; más allá del financiamiento, que para estos fines pueda llegarles de los Estados Unidos; más allá de las presiones que el Comando Sur pretenda ejercer sobre nuestro país, sobre nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre la opinión pública internacional; apostamos a la sensatez y el liderazgo del ala democrática de la oposición para no cometer los mismos errores de 2002 y 2003. En estos momentos, pareciera no solo estar en juego el mejor o peor comportamiento de indicadores económicos y sociales, sino la paz del pueblo venezolano.

Pero sobre todo confiamos en el nivel de conciencia del pueblo, que ha demostrado ser pacífico y democrático, que quiere trabajar y vivir en tranquilidad. El mismo pueblo que ha sido invitado a ser protagonista de un amplio diálogo por la paz en los espacios de una Asamblea Nacional Constituyente.

___________

[1] http://www.el-nacional.com

[2] La nube negra, de Sánchez Otero Germán.

[3] Se recomienda la revisión del trabajo: Un registro del sabotaje petrolero, diciembre 2002-febrero 2003 publicado por el MINCI.

[4]  El Universal, 13-12-2002.

[5]  El Universal, 07-10-2002.

[6]  El Nacional, 15-12-2002.

[7] El Universal, 21-12-2002.

[8] El Universal; 17-12-2002.

[9] El Universal, 13-12-2002.

[10] El Universal, 24-12-2002.

[11] El Universal, Edición Especial, 07-12-2002.

[12] El Universal, 08-12-2002.

4 Comentarios en Constituyente o ¿barbarie?

  1. Profesora….desde hace años J.V. Rangel avezadísimo político y ahora usted hacen referencia a eso que llaman “ala democrática de la oposición”, yo deseo que tal cosa exista y que tenga un liderazgo que sea sensato, pero habida cuenta de todas las atrocidades del 2.014 y las de ahora que amenazan al Estado, a la Patria Venezolana, tendrian que haberse manifestado…… debe tratarse de un grupo de personas tan tímidas, con tanto miedo escénico o patéticamente hipócritas que no merecen el calificativo de líderes. Alguna vez he preguntado quienes serán y cuando me sugieren algunos nombres los encuentro en los videos del golpe de 2.002, de Plaza Altamira y del sabotaje petrolero con lock-out patronal…..

  2. Oye Pasqualina, eres muy buena para los análisis económicos, pero hasta ahí llegas, por ejemplo, cuando haces un estudio, en anteriores documentos, sobre como las empresas han mantenido el nivel de producción y hasta han aumentado, no obstante el producto ha escaseado en la población mucho, y expones que es un problema de distribución, tienes toda la razón, la escasez, aparte de falta de producción (Mal sistémico, típico de la Venezuela mono productora-petrolera), es producto de la manipulación, no la “mano invisible” del mercado sino de una “mano peluda que mueve la cuna”, igual que ahora, en este articulo que demuestras con estadísticas como las guarimbas (Acciones terroristas) y los golpes de la derecha tanto del 2002, 2003 y habría que agregarles el 2004, las primeras guarimbas de Chacao y Baruta dirigidas por López y Capriles como Alcaldes de esos municipios, como esas acciones desestabilizadoras, generaron crisis y pérdidas económicas, al igual que ahora debe estar pasando, tienes toda la razón y pudiera servir de base técnico científica, entre otros elementos, para una fiscalía que tenga el sentido del deber, el sentido de patria y el sentido de sociedad y no el sentido del guiso, del oportunismo y el “dejar hacer, dejar pasar, a mí que me importa”, para imputar por los delitos de traición a la patria, subversión y terrorismo, aparte de los daños cuantiosos al país que provocan la subversión, la desestabilización; ya que estamos hablando de millardos de dólares, cantidades que sirven para desestabilizar a un país rico como Venezuela y arruinar por 50 años a un país pobre.
    Estos datos que tu das, en tus análisis muy acuciosos y acertados Pasquilina, ya deberán ser documentos base para un tribunal militar, que se debe instaurar por delitos de guerra, en donde se le impute a la derecha por el delito de traición a la patria, subversión y terrorismo, como delitos base, mas los agregados del caso concreto; que me imagino debe estar en un decreto, tardío, bastante tardío, del Presidente Maduro, en el marco de un estado de excepción provocado por la actuales “guarimbas-Almagro” o el tercer golpe de la derecha aupado por Washington o “golpe-OEA”. Este tercer golpe de la derecha, aupada por Washington, es una agresión al país por parte de nada menos y nada mas de la principal y única superpotencia militar mundial existente en el mundo y único factor de violencia y guerra en la humanidad como lo es el imperialismo anglosajon-franco, encabezado por USA.
    Vuelvo y digo que eres muy buena en los análisis técnicos económicos, pero en los políticos si es verdad que eres un desastres, y eso es porque adoptas la tesis del chavismo-madurismo, por ejemplo, es un error tuyo (No es tuyo es del chavismo-madurismo, ideología que adoptas), hablar de una “oposición violenta”, en contraposición a una “oposición democrática”, eso es un error de Chávez, y ahora de Maduro y del chavismo en general, para justificar la “mano blanda” en contra de la derecha, que lo es toda violenta y anti-democrática y golpista, y es así, Pasqualina, porque son unos títeres de Washington, ellos no se gobiernan y Washington lo quiere todo, quiere a todo el país, todas las riquezas del país y eso solo lo puede lograr, no solo desplazando al chavismo, que es una tesis reformista y centrista, pero imperio no anda con esas delicadezas de tener consideraciones por ser menos o más radical o menos o mas anti-imperialista, y no es solo desplazar al chavismo, el objetivo Pasqualina, sino erradicar al chavismo de raíz o la posibilidad de que en los próximos 50 años surja otra tendencia disidente análoga al chavismo o más radical. Entonces, según mi óptica, el primer error de apreciación política tuyo, es el error de considerar o pensar que existe una oposición democrática y otra violenta y querer separar o maniquear para lograr el deslinde de la una con la otra y así negociar con la “oposición democrática” una nueva gobernabilidad, es algo, aparte de irreal, desacertado.
    AL NO EXISTIR OPOSICION DEMOCRATICA Y ESTAR TODA ELLA ALINEADA Y ALIENADA POR WASHINGTON, LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ES UNA ENTELEQUIA. NO TIENE RAZON DE RAZON SERA OTRO DESACIERTO MAS DE MADURO, ESTA VEZ CON MUY GRAVES CONSECUENCIAS DE LLEGAR A CONSUMARSE.
    Cuando analizamos el decreto de Maduro que convoca a la constituyente y vemos su motivación, ella tiene un solo fin: La Paz, por cierto bastante escueta y no clara, pudiera decirse que el decreto no tiene motivación, ya que habla de paz en etéreo, no especifica no aclara no profundiza sobre el tema, simplemente “la paz”. Repito, cuando el decreto constituyente se justifica por “la paz”, me imagino que la idea es que dentro de ese proceso constituyente se involucre los factores que amenazan tanto interna como externamente a la paz de la republica, estrategia para mi errática; por supuesto, uno se imagina que ese factor anti-paz es la oposición, en donde están tanto la violenta como la “democrática”, digo esto con dudas porque el decreto no aclara ni especifica cuáles son los factores anti-paz; y si la constituyente se convoca para que se involucren los factores que atentan en contra de la paz del país, y estos no participan, ni la oposición violenta, que sería lógico que no lo hiciese pero tampoco lo hace la “democrática”, entonces significa que el llamado a constituyente pierde su razón de ser, lograr la paz con los factores en pugna o anti-paz.
    Por lo anterior y para no alargar mas, considero que esa propuesta de constituyente al no participar la contra parte, los enemigos de la paz, para dialogar y hacer su propuestas dentro del proceso constituyente, esta es inútil y no cumple los objetivos que se plantearon en su creación, por lo que la iniciativa debe ser retirada, lo más pronto posible.

  3. A continuación muy humildemente y bajo la óptica de trabajador asalariado y consumidor final, como lo es la inmensa mayoría de nuestro pueblo, siendo a quienes de manera keynesiana nos toca asumir la carga inflacionaria de la coyuntura económica, con su permiso me tomo la libertad de compartir con Ud. una propuesta para que sea considerada por quienes conformarán las mesas de economía, donde sin duda sería un honor contar por lo menos con su asesoría; la propuesta es la siguiente:

    PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DEL VALOR DEL BOLÍVAR A CONSIDERAR PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

    En estos momentos de fuertes coyunturas que atraviesa el proceso revolucionario, donde el enemigo arrecia y enfila toda su artillería para despojarnos de las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo, se abren nuevos espacios de lucha para salirles al paso, neutralizar todos sus planes y preservar dichas conquistas. El proceso constituyente convocado por nuestro comandante presidente obrero Nicolás Maduro, es sin lugar a dudas el mejor de los terrenos para dar dicha batalla en paz y en democracia, este ofrece la oportunidad de derrotarlos estratégicamente en los ámbitos: político, social, económico, geointernacional, mediático, cultural y hasta ambiental.

    En esta ocasión y dada la fuerte crisis que atraviesa el capitalismo a nivel mundial, donde estamos a punto de ver el colapso del dólar y la salida de un nueva divisa respaldada en oro por parte de Rusia y China, se dan las condiciones para replantearnos la política cambiaria y monetaria de nuestro país para no seguir alimentando con nuestro petróleo la posibilidad de subsistencia del dólar, dándole a la FED la hegemonía con su moneda que no vale más que la tinta y el papel que se utiliza para imprimirlos. Cabría hasta retomar la propuesta de “El Petro” de Cháves, una divisa internacional respaldada con las reservas petroleras de cada país, ver en youtube https://www.youtube.com/watch?v=c_FgNrSsHwI .

    Ahora bien en cuanto a nuestros problemas domésticos de corte canbiarios, para nadie es un secreto que la principal arma empleada por la derecha para someter al pueblo es la manipulación arbitraria de la paridad cambiaria en el mercado paralelo a través del portal Dólartoday, la cual en cierto modo es legitimada gracias al acuerdo de libre convertibiliidad del Peso-Bs. entre el BCV y el Banco de la República de Colombia; paridad esta que es utilizada por la cadena de comercialización para fijar los precios de bienes y servicios, con lo cual han inducido de forma artificial una inflación meramente especulativa, que en modo alguno se corresponde con las estructuras de costos de producción de tales bienes y servicios, lo cual adicionalmente crea escasez, ya que por efecto de un arbitraje fraudulento a su favor, estimulan el contrabando de extracción porque obtienen más ganancias y a la vez crean malestar en el pueblo para que este le endose la culpa del desabastecimiento al gobierno, capitalizando políticamente el descontento popular.

    En este sentido, el llamado es a elevar una propuesta constitucional para que el gobierno elimine ese nefasto acuerdo de libre convertibilidad Peso-Bs. entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República de Colombia y cualquier otro acuerdo para tranzar en monedas propias, preservando el valor de nuestra moneda, el Bolívar, recuperando el poder adquisitivo del trabajador y creando estímulos para que las inversiones se orienten a la producción y comercialización en el mercado interno. Así pues, el comercio binacional entre Colombia debe ser solo en divisas libremente convertible a nivel global reconocidas por el FMI, de tal manera que el colombiano que requiera comerciar con Venezuela, cambie sus pesos por divisas allá en Colombia, se las traiga para Venezuela y cámbielas por Bolívares acá para hacer sus operaciones. Con esta medida , se obtendría la paridad real y nos liberaríamos del nefasto Dólartoday.

    Independencia y Patria Socialista, viviremos y venceremos.

  4. EN ULTIMA INSTANCIA EL PROBLEMA ECONÓMICO ES SITEMICO, DE LO QUE SE TRATA NO ES DE INTERPRETAR AL CAPITALISMO SINO DE TRANSFORMARLO, ENTREGUEMOS EL PODER AL PUEBLO Y CAMBIEMOS LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
    .PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTICULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS CONSEJOS COMUNALES

    MODIFIQUEMOS LAS LEYES DEL PODER POPULAR Y ENTREGUEMOS AL PUEBLO EL PODER DE DECISIÓN PARA CONCRETAR EL ART 70 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    En medio de esta coyuntura histórica, donde nos estamos jugando la estabilidad y el destino de todos los venezolanos, se hace imprescindible un diagnóstico acertado de la realidad, para la realización de una correcta línea política. Hay quienes creen, que con convocar a un Referéndum Revocatorio y cambiar un gobierno, por otro gobierno, un partido, por otro partido, unos hombres, por otros hombres, resolverían las contradicciones de fondo de la sociedad, basta con revisar un poco la historia, para determinar, que no son más, que mecanismos de dominación de clase, para obtener el Poder Político, pues de lo que se trata, es que el pueblo asuma el poder de decisión política, para garantizar la emancipación social, política y económica de la sociedad, a quienes, si consideramos competente y capaces de construir la sociedad justa que todos queremos. Por tal motivo, nosotros planteamos mediante este Proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional, la reforma del artículo 20 de la Ley Orgánica De Los Consejos Comunales, con el Objetivo de entregarle el Poder de decisión política al Pueblo Venezolano y más allá… Solo el Pueblo salva al Pueblo.

    José Gregorio Rojas Silva
    Teléfonos: 0416-107.75.37
    Correo: rojasjgg@hotmail.com

    EXPOSICION DE MOTIVO

    Desde el 1999, con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la justicia social se ha convertido en un derecho y un poder, hasta ahora solamente es un derecho, porque la definición de poder, en lo social, queda claramente confiscada en la elaboración de cinco (05) Leyes del Poder Popular, que se conjugan como un todo, para usurpar el poder de decisión político de las Comunidades Organizadas en los Consejos Comunales y Comunas, dejando con esta medida jurídica intacto el fondo de esta contradicción, la democracia representativa.
    Es evidente que los medios sancionados hasta ahora no son efectivos, porque en el fondo deja vivo el contraste que existe entre la Ficción Legal y los hechos, contradicción esta que explicaremos más adelante y que forman parte del trasfondo ideológico de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Comunas, Poder Público Municipal y de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, materializándose de esta manera el carácter confiscatorio de las mismas.
    De no producirse un cambio, se estaría materializando el Fetichismo Jurídico que tanto combatió Carlos Marx, en su obra “Crítica a La Filosofía Del Derecho” y le estaríamos dando cabida a la ficción legal, como la expresión más acabada del racionalismo idealista, el cual hace aparecer la Ley, el Derecho y el Estado como sustantivado o independiente del contexto social, alejado del sujeto político, es por ello, que debemos hacer un profundo análisis filosófico, ético y jurídico, que nos permita clarificar el fondo ideológico de esta desviación, que deja intacto los Fundamentos de la Democracia Representativa de manera peligrosa, obstruyendo el desarrollo integral del poder social o popular.

    CAPITULO I
    PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
    TITULO I
    OBJETO
    Poder Popular
    Estamos convencidos de la complejidad de los fenómenos sociales, y aún más, creemos, que la discusión y el libre debate de las ideas, aunado a la práctica, deben conducirnos a la creencia firme de que cualquier realidad, lleva en ella implícitamente su contrario.
    Es por ello, que el sistema de la participación, visto como un todo, debe demostrar que los elementos que la integran ya sean políticos, legislativos o éticos, deben necesariamente ser coherentes en sí mismo, pero a la vez ser necesarios e irrefutables, para que la síntesis del mismo nos permitan seguir creciendo en la teoría del conocimiento de la democracia participativa, la cual, debe ser desarrollada únicamente por el pueblo, que es el único que puede garantizar la emancipación social y política, a través del fortalecimiento del poder popular por ser el único depositario de la soberanía y el poder por demás intransferible.

    CAPITULO II
    ASPECTO JURIDICO

    TITULO I

    DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGONICA
    Democracia Real
    Ahora bien, ¿porque es necesario realizar una revisión sobre la participación democrática que tenemos hasta ahora?; ¿porque resulta difícil comprender que pueda existir democracia real, sin un ámbito adecuado para su gestión eficaz?; el pueblo debe controlar y tomar todas las decisiones, que le permitan pasar de simple participante a Gobernador de la Gestión General de Gobierno, solo así, habrá desarrollo y se elevara el nivel político del pueblo organizado.
    Carlos Marx, establece como clave de su filosofía, en el materialismo dialéctico, conceptos muy claros sobre la necesidad de que, todo análisis debe partir de la realidad y no de la idea, porque realidad es, en primer lugar lo histórico, todo lo que pretende escapar a la historia e imponerse como una verdad, es para la dialéctica materialista, ¡necesariamente

    falso!, es por ello, que toda categoría social (Estado, Municipio, Parroquia), es una abstracción de las relaciones sociales; por lo tanto no son categorías eternas, solo existen en la medida, en que dichas relaciones subsisten, ya que nada dura eternamente, y que el movimiento, el desarrollo y las contradicciones es la Ley que rige todos los cambios que existen.

    Análisis de las Leyes

    Por otro lado, se hace imprescindible el análisis de las Leyes del Poder Popular, partiendo de una premisa esgrimida por los movimientos sociales organizados, cuando manifiestan un rechazo, al contenido de fondo del Artículo 21, de la Ley Orgánica de las Comunas, cuando define al Poder Popular, como una instancia, un espacio, un lugar, para su realización, (Ver Artículo 5 Ley Orgánica de las Comunas). Debemos señalar, que, “El Poder Popular no es una instancia, nivel o rama particular del Poder del Estado”, sino un principio rector que debe definir al Estado Popular y Democrático de nuestra sociedad.
    De mantenerse la redacción actual de las Leyes del Poder Popular, quedaría limitado a los niveles más locales de Gobierno, y privado de incidencia en la conducción de los asuntos fundamentales de la República. “La soberanía reside en el pueblo, del cual emana todo el Poder Popular”. Éste se ejerce y se expresa en todos los espacios del Estado, directamente en las Asambleas de ciudadanos de los Consejos Comunales, de Trabajadores y Trabajadoras, de Campesinos y Campesinas, de Estudiantes y otros entes que señale la Ley, e indirectamente en la constitución de todos los órganos y poderes del Estado, sea por medio del sufragio o por otros medio.
    Es altamente conocido la expresión: “…en la constitución y en las leyes, lo quintas columnas introdujeron gazapos, que desvirtuaron el sentido ideológico de los cambios fundamentales revolucionarios…”, Por ejemplo: La contradicción Política Jurídica de la Ley del Poder Popular, que en la letra enarbola algunas prerrogativas jurídicas que hablan del desarrollo y consolidación del Poder Popular, a través del ejercicio directo de la soberanía, cuando se pretende confinarlo a niveles locales, se fragmenta el Estado, generando la división social del mismo.
    Artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Popular:
    “La presente Ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en la Ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la

    democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarios y comunales, para el ejercicio directo del poder”
    Artículo 5 de la Constitución: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley”

    CAPITULO II
    TITULO II
    DE LA CONFISCACION DEL MANDATO CONSTITUCIONAL
    Soberanía
    Si examinamos con detenimiento la constitución en su Artículo 70, observaremos la contradicción de fondo que existe entre la Constitución y Las Leyes del Poder Popular, cuando confiscan de forma y de fondo, el Mandato Constitucional, se rompe con fines inconfesables, el carácter soberano del pueblo, porque es el pueblo, quien ejerce la soberanía en forma directa, pues esto no es así; ya que el poder de decisión se encuentra en manos del poder constituido, los artículos de la Ley Orgánica del Poder Popular, como Ley Marco, al analizarlo a la luz de las otras Leyes del Poder Popular, lo que hace es, preparar el terreno, para la confiscación y tutela de los Movimientos Sociales Organizados, citaremos textualmente, para mayor comprensión el Artículo 2 LOPP.

    Artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Popular:
    “El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del Pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal”.
    Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Popular:
    “El Poder Popular se fundamenta en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo.
    Análisis
    En estos artículos, esta expresada la idea, acertada, de que el pueblo ejerce la soberanía plena, con la utilización del principio de la progresividad, es decir, ir mejorando en el tiempo y el espacio el alcance de esa soberanía, entonces, podemos deducir, que la misma de hecho no es plena, ¿dónde queda la definición, que la soberanía se ejerce y se expresa en todos los espacios del Estado, directamente a través de las Asambleas de ciudadanos

    de los Consejos Comunales?, ¡sencillamente no existe!, quedo confiscada por un gazapo introducido en las Ley de los Consejos Comunales y Comunas, con la deliberada intención de usurpar el mandato constitucional, que más adelante explicaremos.
    Soberanía Confiscada
    La Soberanía queda confiscada por el Poder Constituido, o dicho al estilo del Articulo 3 antes citado, el ejerció del desarrollo y la soberanía está determinado por los niveles de conciencia política; se intuye, que no es la conciencia del pueblo, sino de la burocracia formal, de no ser así, como se explica la fragmentación del estado, la cual garantiza, que la

    Toma de decisiones este localizada en los niveles superiores del Estado de Concepción Burguesa, obviando lógicamente, el Estado Justicia Social, concretándose la legitimación del Ordenamiento Jurídico, por la confiscación perpetrada, contra el Poder Popular.
    El artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece
    El artículo 70 de CRBV:
    “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicios de su soberanía, en lo Político: “la elección de Cargos Públicos, el referendo, la Consulta Popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS CUYAS DECISIONES SERAN DE CARÁCTER VINCULANTE”
    Carácter Vinculante
    El carácter vinculante, en la Constitución, determina, que las decisiones de las asambleas de ciudadanos son de obligatorio cumplimiento. La pregunta es: ¿por quién? Aclararemos esto, haciendo uso del materialismo dialectico, cuando establece que las categorías políticas, económicas o jurídicas, como es el caso que nos asiste. Están determinadas por las relaciones sociales reales, en el caso de nuestra Constitución, las relaciones sociales reales, que determinan su existencia, como Categoría Jurídica, es la relación entre el par dialectico, denominado Poder Constituyente Vs Poder Constituido, entonces si las Asambleas de Ciudadanos están constituida por el Poder Constituyente, las decisiones que ella tome, serán de carácter vinculante con relación al Poder Constituido (Alcaldías, Gobernaciones y Ministerios), desde luego, el rango constitucional antes citado, no encontró en las Leyes del Poder Popular, el espacio para el desarrollo del Derecho Constitucional, como lo expresa el Artículo 203 de la Constitución:
    Artículo 203 de la CRBV:
    “Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes”.
    Defensa de la Soberanía

    La usurpación es una clara violación de la Constitución, porque se violenta su integridad y se vulnera la compatibilidad entre la constitución y las leyes del Poder Popular: “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
    En caso de incompatibilidad entre la Constitución y una Ley u otra Norma Jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente (Artículo 334 de la Constitución).

    CAPITULO II
    TITULO III
    DEL CARÁCTER VINCULANTE
    Poder de Decisión Política
    Ahora bien, revisemos la Ley del Poder Popular, Ley de los Consejos Comunales, la Ley de las Comunas, para determinar el carácter confiscatorio, en cuanto a la toma de decisiones; es de resaltar que las Leyes del Poder Popular, entregan el Poder de Iniciativa, por eso, es que se pueden organizar las comunidades, entregan el poder de contraloría, es por ello, que de oficio se puede abrir cualquiera averiguación, pero lo que no entregaron fue el Poder de Decisión Político, que es lo que tiene que ver con la descentralización política, donde se concibe al pueblo, no como un seudoparticipante, muchas veces, recolector de impuestos y de basura, sino como un Gobernador de Gestión General de Gobierno Municipal y Regional, el Poder Popular no es una parte del poder del Estado, es la fuente fundamental, de donde emana, todo poder en una Democracia Popular y Revolucionaria, la cual, tiene como principio fundamental, tomar las decisiones, afectando, a todos los niveles del Estado y sobre todo en materia de Gestión General de Gobierno, el Estado debe estar sujeto a este principio.
    Examinemos la Ley Orgánica del Poder Popular, con relación a la organización social, para mayor comprensión de esta exposición de motivo: “Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo Endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de las Venezolanas Venezolanos.
    La célula fundamental De conformación del estado comunal es la Comuna” (Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Popular), Claro está, estamos en presencia de una ley marco,

    muy general, que no define con detalle, las relaciones entre el Poder Popular y el Poder Constituido, las cuales encontraremos más adelante en el análisis de las Leyes del Poder Popular, y ante el carácter tutelar y confiscatorio del poder constituido, el Artículo citado queda como un mero enunciado de buenas intenciones.
    Veamos ahora el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Popular:
    “Constituidas por los diferentes sistemas de Agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: Consejos Comunales, Comunas, Ciudades Comunales, Federaciones Comunales, Confederaciones Comunales y las que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, surjan de la Iniciativa Popular”.

    Agregación y Articulación
    Este Artículo prepara el escenario y la palabra clave es agregación y articulación, cabe preguntarse, ¿que se agrega? y ¿con quién me articulo? y ¿bajo cual condición?, para mayor comprensión, debemos revisar, el decreto en atención a lo dispuesto en la disposición transitoria novena de Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.335 de fecha 28 dic. 2009, queda origen a la Gaceta 35.337 del 28 de diciembre del 2010, donde dice, en su segundo considerando:
    “De conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, los constituido bajo régimen legal anterior será objeto de un proceso de adecuación de sus Estatutos, Estructura y Funcionamiento Orgánico, a los fines de su registro por ante el Ministerio del Poder Popular, con competencia en Participación Ciudadana”.
    Hasta aquí se define, quien se agrega, quien articula, quien acompaña, claro está, no se trata de crear un Estado de anarquía, porque, la unidad del Estado debe estar caracterizado por posiciones ideológicas de fondo, donde la relación este determinada por el mandato de la mayoría, de ello, no hay duda, ahora sería bueno examinar, ¿bajo cual condición?, las Leyes del Poder Popular, definen la relación política, económica y social, caracterizadas por una profunda Ficción Legal.
    Examinemos por ejemplo el Artículo 63 de la Ley Orgánica de las Comunas:
    “El Ministerio Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, dictará los lineamientos estratégicos y normas técnicas para el desarrollo y consolidación de las Comunas, en una relación de

    Acompañamiento en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitando su articulación y sus relaciones con los otros Órganos y Entes del Poder Público”.

    Participación y Protagonismo
    La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su Artículo 62 del derecho a la participación, cuya condición para que tengamos certeza de esto, el medio necesario es, la formación, ejecución y control de la Gestión Pública, desde luego, el constituyentista está hablando, de cómo debe ser la relación entre el Poder Constituyente y el Poder Constituido. Cualquiera otra cosa cercena el derecho a la Participación y el Protagonismo del Pueblo Organizado, cabe preguntar ¿bajo qué aspecto legal se atribuye el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, la competencia en materia de participación ciudadana?, ya que el Artículo 63 de la Ley Orgánica de las Comunas, permite la confiscación del Rango Constitucional; sin embargo, si leemos con detenimiento en la segunda línea del Articulo 63, encontraremos que la competencia en materia de Participación Ciudadana, está establecida por una Ley Orgánica, en este caso, por la Ley orgánica de La Comuna, concretándose la confiscación, la usurpación de funciones y un claro despojo.
    Para mayor claridad, observemos otra condición, esta vez, citaremos el Artículo 56 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales:
    “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Participación Ciudadana dictará las políticas estratégicas, planes generales, programas y proyectos para la Participación Comunitaria en los Asuntos Públicos y acompañará a los Consejos Comunales en el cumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitará la articulación en las relaciones entre éstos y los órganos y entes del Poder Público”.
    Claramente vemos, como se concreta el despojo del derecho a la participación y el protagonismo del Pueblo Organizado, en clara violación de la integridad constitucional, cuya articulación está claro, yo tomo las decisiones y ustedes la ejecutan, pero la competencia en materia de Participación y Protagonismo, claramente queda confiscada por el Poder Constituido.
    Carácter Vinculante
    Ahora bien, el carácter vinculante según el Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es letra muerta, no puede ejercitarse en la práctica, porque la articulación no lo permite; el estado está fragmentado, impidiendo el desarrollo político social de los movimientos sociales, los cuales pertenecen a una instancias, que limita la toma de decisión por parte de los Movimientos Sociales, es por ello, que el ¡Poder Popular no existe!, porque no tiene el Poder de Decisión Político, decíamos, que el carácter vinculante es de obligatorio cumplimiento por el Poder Constituido, en una

    relación de abajo hacia arriba, dando concreción al Estado Federal, Artículo 4 de la Constitución, pero cuando examinamos las leyes del Poder Popular, notamos que no es así, al contrario, queda determinado el carácter confiscatorio y tutelar de ellas, veamos la articulación del Poder Constituido, en su relación, con el Poder Constituyente, sigue a todo lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico, creando condiciones que facilitan la confiscación y la tutela del Poder De Decisión de los Movimientos Sociales Organizados, basta con examinar el Artículo 20 de la Ley Orgánica De Los Consejos Comunales para darnos cuenta, como se desvirtuó el Mandato Constitucional.
    Artículo 20 de la Ley Orgánica De Los Consejos Comunales:
    “La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del Poder Comunitario, la Participación y el Protagonismo Popular, sus decisiones son de Carácter Vinculante para el Consejo Comunal en el marco de esta ley”
    Desconocimiento Del Rango Constitucional
    La única justificación, para que alguien quiera desconocer, el principio y el Rango Constitucional, establecido en el Artículo 70 de la Constitución, y el Carácter Vinculante como mandato, que resuelve de fondo, quien manda y quien obedece, es que quiera confiscar y tutelar a los Movimientos Sociales Organizados, deformando de esta manera el papel histórico de los movimientos sociales, que son los únicos que pueden garantizar, las transformaciones de las Estructuras del Estado (la Estructura Jurídica Política, la Estructura Económica y la Estructura Ideológica), para dar paso al Estado Comunal o Estado Popular.

    Definición
    En otras palabras el Poder de Decisión está en manos de la Burocracia formal, la cual existe en tanto y en cuanto, tenga en sus manos el Poder de Decisión, es por ello, que exigimos, la Descentralización Política, consistente en la entrega del Poder de Decisión político, para los Movimientos Sociales.
    CAPITULO II
    TITULO IV
    DEL PODER POPULAR
    Todo el Poder para el pueblo
    Todo el control para el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Por otro lado, el Poder Popular se expresa constituyendo las Comunidades, las Comunas y el Autogobierno de las ciudades, a través de los Consejos Comunales, los Consejos Obreros, los Consejos Campesinos, los Consejos Estudiantiles y otros entes que señale la ley, el Parlamento Comunal por ejemplo, veamos el Articulo 21 de la Ley de las Comunas.

    Artículo 21 de la Ley Orgánica de las Comunas:
    “es la Máxima Instancia del Autogobierno de la Comuna y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativa para la regulación de la vida social y comunitaria”.
    Este no es el papel de los Movimientos Sociales, esta definición justifica la usurpación y la confiscación de los Movimientos Sociales organizados, no permite, por otro lado, el desarrollo político de los Movimientos Sociales, garante de la emancipación política y económica de la sociedad, necesario es que tengamos el control del estado, cuya condición debe estar caracterizada, por el ejercicio del Estado Popular de Derecho y de Justicia, combinando la descentralización presupuestaria y administrativa, con la lucha por la Descentralización Política, consistente en la restauración del Poder de Decisión Político de las Comunidades Organizadas.
    CAPITULO II
    TITULO V
    FRAGMENTACION DEL ESTADO
    Estado Burgués
    La concepción burguesa, que se expresa a través de la confiscación y tutelaje del Poder Popular, tiene también su cámara alta en la Constitución, Articulo 136, donde queda establecido el carácter piramidal del Poder Público, condición esta, que justifica de fondo la fragmentación del Estado, que es, donde se apoya el Estado Burgués, convirtiéndolo en el enemigo número uno de sus propios cambios, frenando el desarrollo y los cambios de las estructuras sociales he imposibilitado el desarrollo colectivo de las Comunidades Organizadas, observemos algunos artículos que garantizan la tutela de los Movimientos Sociales en su relación con el poder constituido.
    Artículo 1 de la Ley De Los Consejos Locales de Planificación Pública:
    “la presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los Consejos Locales de Planificación Pública y su relación con las instancia del Poder Popular, para garantizar la tutela efectiva del Derecho Constitucional a la participación libre y democrática en la toma de decisiones en todo el ámbito municipal.”
    Carácter Piramidal
    Debemos estar claros, lo que se regula, es la relación entre los Movimientos Sociales Organizados y los Órganos del Poder Constituido, para garantizar la tutela efectiva del Derecho Constitucional, representado por el Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no es más que el carácter piramidal de la relaciones sociales reales, ¿Dónde queda el Principio Rector del Poder Popular?, pero si todavía nos queda alguna duda, de cuál es la verdadera intención del poder constituido en cuanto al carácter vinculante, revisemos el Articulo 26 de la Ley Orgánica de los Consejos Locales de Planificación Pública:

    “los Concejeros y Concejera, ante el Consejo Local de Planificación Publica por los movimientos y Organizaciones Sociales, articuladas e integradas en los Consejos Comunales, en el ejercicios de sus funciones, deberán vincular sus decisiones y rendir cuenta de sus actos a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas en la cual fueron electos”.
    Distancia del Poder Constituido y el Pueblo
    Todo consejero sabe que fue electo en una asamblea de consejos comunales, y sabe también, que cuantitativamente es mayoría en esa plenaria del consejo local de planificación pública, en aras de preservar el verdadero orden constitucional tradicional, se hace necesario señalar, que sus decisiones no son de carácter vinculante con el consejo de planificación pública, y se hace impostergable, marcar distancia entre el Poder Constituido y el Poder Constituyente, en cuanto al Poder de Decisión Político en ese espacio.
    Definición Final
    Reconociéndose, como una instancia diferente, donde predomina la autonomía del Poder Público Municipal, expresado en sus Artículos 1,2, y 3 de ley del Poder Púbico Municipal, la cual no se discute con nadie y tienen su asiento en el Artículo 75, como principio general de la organización municipal, es por ello, que usted consejero, sus decisiones son vinculante, pero con el organismo que lo eligió, desde luego, todo esto es un plan bien orquestado, tiene como objetivo, materializar la fragmentación del estado y romper de plano con el Mandato Constitucional, que las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos son de carácter vinculante en lo Político, Económico y Social. Evidenciándose el carácter ideológico de fondo de esta usurpación, que tutela y confisca al movimiento social organizado, que deja intacto los Fundamentos de la Democracia Representativa.

    CAPITULO III
    ASPEPTO FILOSOFICO
    TITULO I
    FETICHISMO JURIDICO
    Desviación Conceptual
    Este tipo de desviación conceptual es lo que se conoce como “Fetichismo Jurídico”, la cual encuentra su forma más acabada en la filosofía del derecho de Hegel, herencia esta que sé continua en el fundamentalismo constitucional de Hans Kelsen, estos dos, son, Ideólogos Fundamentales del Capitalismo Moderno. Analizar este misterio se hace indispensable si queremos avanzar en su denuncia y superación. Tarea esta que nos conduce a un análisis más profundo sobre el “Fetichismo Jurídico”, como el método ideológico utilizado en la elaboración de las Leyes del Poder Popular, Los antecedentes filosóficos de esta conducta

    de carácter jurídico, tienen su fundamento en el Estado Capitalista, siendo sus pilares básicos las formulaciones y doctrinas de Locke, Rousseau, y Montesquieu, pero, la que resume todo este bagaje ideológico del derecho lo encontramos en la obra del filósofo alemán Hegel, titulada filosofía del derecho. Por Otro lado, Carlos Marx decía que “…los planteamientos hegelianos constituyen el alma y el misterio del derecho y del estado moderno burgués…”.
    CAPITULO III
    TITULO II
    ANALISIS PROFUNDO DEL CARÁCTER CONFISCATORIO
    Ficciones Legales
    Esto no se pude explicar, interpretar, sin comprender las ficciones legales (las contradicciones entre la Norma y la Práctica), si no examinamos con cuidado el proceso de sustitución del Sujeto por el Predicado, las Abstracciones Vacías y el Positivismo Acrítico del enfoque hegeliano.
    Desde el punto de vista epistemológico, este Fetichismo Jurídico tiene como sustento:
    1. La Inversión Sujeto Predicado
    2. Sustantivación o Abstracciones Vacías:
    3. Positivismo Acrítico:
    1.- La Inversión Sujeto Predicado: Contradicción que se expresa en la Constitución, cuando de manera ideal se asume al pueblo, como el sujeto que en el texto de la ley es poseedor de un conjunto de prerrogativas (políticas, económicas y sociales), pero que en la cruda realidad esta despojado de tales prerrogativas, que le impiden asumir el control y las decisiones en la gestión general de Gobierno. Aquí se coloca lo formal como el sujeto (La idea de la burocracia formal) y el ser real (el pueblo) sustancia y esencia de este proceso, como el predicado de las abstracciones vacías, que se legitiman en el cuerpo de leyes confiscatoria de la participación real”.
    Esta inversión entre sujeto-predicado, permite comprender las decisiones de la Burocracia Formal Representativa, que por un lado, habla de participación y protagonismo del pueblo y por otro lado lo niega, cuando formalmente en el cuerpo de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Comuna y La Ley de Los Consejos Locales de Planificación Publica; todas las formulaciones, ejecuciones y control se encuentran tuteladas por una burocracia formal, que desde las esferas del poder, discrecionalmente confisca, usurpa la Soberanía Popular, consagrada en la Constitución en su Artículo 62 cuando incluye a la participación, como una forma de ejercicio de los derechos políticos, en la formación, ejecución y control de la Gestión Pública y declara explícitamente; que es, para lograr el

    Protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo, estas prácticas aberrantes, no se compadece con el momento histórico que vivimos, cuando estamos empeñados en reclamar todo el poder para el pueblo.
    Desde luego, esta sigue siendo la vieja concepción, que se encuentra fundada en la representación del poder y no en la conciencia revolucionaria, que es la que permite superar los vicios de la vieja burocracia burguesa, en términos abstractos, se enarbola la democracia participativa como consigna, pero en la práctica es un concepto vacío, sin poder ejercitarse, sin participación real, ya que la burocracia formal, usurpa, tutela y confisca el mandato constitucional y convierte al Estado, al Derecho y a las leyes en un fin en sí mismo, el cual posee vida propia separada del contexto social.
    2.- Sustantivación o Abstracciones Vacías: que quiere decir, separación, extrañamiento de la esfera jurídica de la realidad concreta: las leyes se convierten en letras muertas. Cuando en el caso específico se genera una contradicción entre el texto de la Constitución, que consagra la participación como un derecho político e intransferible consagrado en los Artículos 05 , 62 y 70, cuyo desarrollo debe estar garantizado por las Leyes del Poder Popular, sin embargo no es así. Por un lado, en las leyes y normas se dice una cosa, pero en la práctica ocurre otra que la niega, tomando en cuenta el peso que tiene este tipo de mistificación lógica en la interpretación de los aspectos legales (aspectos estos clave en la resolución del trasfondo de esta contradicción conceptual sobre legitimidad y legalidad).
    Carlos Marx nos dice al respecto: “…La burocracia formal basada en el conocimiento hegeliano, convierte constantemente a la idea en el sujeto, y el sujeto autentico y real en el predicado, cuando en la realidad el desarrollo corresponde siempre al predicado…”.
    Los sujetos reales, como aquí la Constitución se convierten en meros nombres de la idea (participación); y el conocimiento real es sustituido por su mera apariencia (Ley Orgánica); En vez de ser comprendido en su ser especifico, como realidad concreta que es…”Esta perspectiva hegeliana, se formaliza en el derecho y se trasmite a través de la educación formal de donde vienen la mayoría de nuestros profesionales, cuando lo que cuenta es el apego al ritual normativo: de leyes, reglamentos y resoluciones que tienen vida propia sin tomar en cuenta al Sujeto Social y el contexto.
    Podemos afirmar que las ideas y los conceptos de la burocracia formal están sustantivado (independiente) de la experiencia y la practica; Como afirmo el filósofo Kant en su obra “Critica a la Razón Pura”, cuando señalo que la burocracia formal no deja nada al azar, sus juicios analíticos individualizados, están caracterizados por un profundo contenido ideológico, al pretender convertir al sujeto en el predicado, como antes expusimos. Sin embargo afirma Kant, de manera muy sofisticada, qué el predicado no añade nada nuevo

    al sujeto, aquí encontramos unos de los fundamentos del individualismo y el conocimiento a priori, que ve a su verdad independiente de la experiencia y del contexto social; es por ello, que no existe debate ni confrontación de los saberes. Por otro lado las abstracciones vacías, como expresión de la separación de la idea del contexto social, forma parte de los enunciados de Carlos Marx; en su obra “La Ideología Alemana”, este afirma, que la Alienación Ideológica se manifiesta en la práctica como una deformación de la realidad social, que sirve de justificación de las contradicciones de la sociedad, para enmarcarlas e impedir así cualquier transformación o cambio estructural.
    3.- Positivismo Acrítico: Marx denuncia en su obra critica a la filosofía del derecho, que dicho postulado filosófico pretende tomar el dato real tal como se nos presenta, en una especie de empirismo vulgar.“. De este modo la realidad empírica es tomada como es. También se la declara racional, pero no por su propia razón, sino porque el hecho empírico tal y como existe empíricamente tiene otro significado que el mismo.
    El hecho del que se parte, no es concebido como tal, sino como resultado místico. La realidad se convierte en fenómeno, cuando de hecho es el único contenido de la idea. Además la idea tiene un fin exclusivamente lógico, el ser espiritual Real Conscientemente e Infinito, en este párrafo se halla expresado todo el misterio de la filosofía del derecho y en general de la filosofía de Hegel “Filosofía burguesa”.
    En otras perspectivas complementarias, como ya indicamos, existe un vaciamiento o eliminación de contenido específico en los aspectos formales de la norma a través de las abstracciones vacías. En otras palabras hace aparecer al interés particular, como interés general, desde luego debemos hacer un esfuerzo, para evitar que los intereses particulares se simulen como interés de todos. Partiendo de la realidad, como elemento fundamental de toda la actividad, que se desarrolle dentro y fuera de él.

    CAPITULO IV
    DISPOSICIONES FINALES
    TITULO I
    REFORMA
    Mandato Constitucional
    En consecuencia declaramos la inconstitucionalidad del artículo 20 de Ley Orgánica De Los Consejos Comunales y exigimos la reforma de conformidad con el mandato constitucional

    En los términos aquí expuesto, así como también, con esta reforma, se restituya la integridad del rango constitucional, como lo establece el artículo 334 de la constitución.

    ASÍ DICE EL ARTÍCULO 20 DE LA LOCC EN LA ACTUALIDAD:

    “La Asamblea de Ciudadanos es la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del Poder Comunitario, la Participación y el Protagonismo Popular, sus decisiones son de carácter vinculante para el Consejo Comunal en el marco de esta Ley”.

    PROPUESTA DE REDACCIÓN DEL NUEVO ARTÍCULO:

    “la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del Poder Comunitario, la Participación y el Protagonismo Popular, sus decisiones son de carácter vinculante, en lo político, económico y social, en el espacio geográfico del Consejo Comunal, con relación a las Alcaldías, Gobernaciones y Ministerios”.

    Esta reforma concreta el Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela en su carácter vinculante, entre las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas y el Poder Constituido en la toma de decisiones.

    ¡Todo el Poder de Decisión Político
    Para el Pueblo Organizado!

    ¡Solo el pueblo Salva al Pueblo!…

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