Constituyente y estado de excepción

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Por: Lenin Brea

VIII

La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el “estado de excepción” en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. Tendremos entonces en mientes como cometido nuestro, provocar el verdadero estado de excepción; con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo.

Walter Benjamin. Tesis de filosofía de la historia. 8va tesis (fragmento).

Pues bien, de eso se trata. Lejos de partir de una estructura partidista ya dada y trabajar en consecuencia en su beneficio, confiamos en que el movimiento de masas pueda tomar en sus manos la tarea de producir, de su seno y bajo su observación y control, un nuevo liderazgo.

Alfredo Maneiro. Nota sobre organización y política.

Situación excepcional  y convocatoria al poder constituyente

El presente texto quiere indagar sobre las condiciones en las cuales es posible que la convocatoria presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cumpla con el fin que se propone como primordial: “garantizar la preservación de la paz del país”. [1]

Estas condiciones se derivan tanto de la situación ante la cual quiere responder la iniciativa, como de la naturaleza misma del acto, a saber, se trata de una convocatoria al poder constituyente o, si se quiere, originario, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo. En cuanto a la situación, en el decreto presidencial que formaliza la iniciativa se expresa que la convocatoria quiere advenir “ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional…”. [2]

El término “amenazas internas y externas” sintetiza el conjunto de circunstancias que justifican el acto (la convocatoria). Estas pueden encontrarse disgregadas en los discursos del presidente y demás voceros de la iniciativa, pero en ninguna parte están enumeradas de forma más sintética y sistemática que en los considerandos de los sucesivos decretos de estado de excepción y emergencia económica promulgados hasta el presente [3]. Las circunstancias específicamente políticas, grosso modo, serían: la hostilidad de sectores privados de la economía nacional e internacional; el desconocimiento por parte de los partidos políticos opositores que hacen mayoría en la Asamblea Nacional de los restantes poderes públicos y sus reiterados intentos por defenestrarlos; la injerencia del gobierno de EE.UU. y otros países en la vida nacional; y, por último, la existencia de grupos criminales y paramilitares vinculados a los mencionados factores de oposición, tanto externos como internos.

Así, la situación ante la cual quiere responder la medida puede definirse como de hostilidad a la Constitución y a los poderes establecidos. El término “amenazas” designa una enemistad activa: actos de agresión concretos, llevados a cabo por sujetos específicos, que en adelante pueden ser calificados como enemigos o como sujetos fuera-de-ley.

Al hacer esto, al definir las fuerzas hostiles a sí, y la existencia de una pugna contra los poderes constituidos, la Presidencia reconoce que es parte en el conflicto: podrá ser la parte que tiene los derechos legítimos, pero es igual parte en la disputa. Además, reconoce que no puede advenir sobre la situación de amenaza con medios normales, que, dada la gravedad de las circunstancias, lo único que le quedaría sería recurrir a la máxima violencia que permite la ley.

Entonces, que el reconocimiento de las amenazas en cuestión tenga lugar para algo diferente a la declaración del estado de excepción político es destacable. Resalto: el Poder Ejecutivo ha preferido convocar un proceso nacional de reformulación del pacto constitucional, antes que seguir el guión regular de casi todos los gobiernos en circunstancias incluso mucho menos graves que estas: suspender las garantías políticas y arremeter contra los factores que amenazan el orden. Por esto la iniciativa es reivindicable, tanto a un nivel estratégico como a un nivel ético-político. Sin embargo, el gesto, por su misma naturaleza –se trata de una convocatoria al poder constituyente–, requiere cumplir con determinadas condiciones para alcanzar su cometido.

La potencia de la Asamblea Nacional Constituyente

La situación es así: el Poder Ejecutivo toma la iniciativa de convocar al Poder Constituyente para que zanje una disputa política que ha transcendido el marco de los poderes constituidos y amenaza la Constitución y la paz. También se puede decir que la Presidencia quiere trasladar el conflicto del ámbito de lo casi-bélico –donde no quiere o puede resolverlo– al ámbito de lo político, definido por la Asamblea Nacional Constituyente. La apuesta se basa en la idea de que la ANC, y en particular el proceso de elección de los representantes populares que la compondrán, puede servir como espacio legítimo para la confrontación de proyectos políticos [4]. El resultado de esta confrontación se expresará en las modificaciones concretas que la ANC realice a la Constitución.

Puesto así, quien está llamado a advenir sobre el conflicto, sobre la casi-guerra, es el poder constituyente en su forma concreta de ANC. Teóricamente esto será posible en la medida en que la ANC sea efectivamente el máximo representante del Soberano. La premisa aquí es que el poder constituyente priva sobre todos los poderes constituidos, es decir, decide en última instancia sobre la materia en disputa. Si se toma en serio la preeminencia del poder constituyente, ninguno de los poderes constituidos puede preestablecer límites a la voluntad de la ANC, con lo que esta tiene libre potestad para modificar la Carta Maga.[5]

La potestad para decidir sin límite previamente establecido por ningún poder constituido sobre los cambios a realizar a la Constitución, es condición para que la ANC pueda dirimir la disputa. Si no tuviese la libertad para hacer y deshacer sobre el texto constitucional, con los únicos límites que le imponga el poder constituyente que le da origen, entonces sería una instancia subordinada al poder o poderes constituidos que la limitan y, por tanto, parte en la contienda, con lo que ya no podría zanjarla soberanamente, sino solo contribuir como un medio administrativo a la solución buscada por una de las partes.

Es necesario aclarar que al hablar de “zanjar soberanamente” el conflicto no quiero decir que la ANC deba tomar una posición imparcial en la diatriba, ni que la solución a la disputa vaya a tener lugar bajo la forma de un consenso nacional. En tanto que espacio para la disputa política, es de esperarse que la ANC tome posición no frente al conflicto sino en él, que no actúe como juez, sino que exprese la relación de fuerza entre las partes, y aunque pueda llegar a soluciones negociadas en algunos aspectos, determinará un ganador parcial: la Constitución será mucho más “socialista” o será la Constitución del “cambio”.

Pero la condición planteada hasta aquí –la potestad de decidir soberanamente sobre los cambios a la Constitución y con esto sobre el conflicto– no es suficiente para que la ANC cumpla su cometido de lograr la paz por medios políticos. La potencia de la ANC para dirimir el conflicto radica en última instancia en el hecho de que sea electa por el poder constituyente, es decir, por el conjunto de todos los venezolanos. Dicho de otro modo, la autoridad para modificar la Constitución y resolver el conflicto no la concede ni el Poder Ejecutivo, ni la Asamblea Nacional ni el CNE, sino el voto popular.

Más aún tratándose de una convocatoria, pues para que esta sea efectiva tiene que ser respondida. Nada obliga al conjunto de las fuerzas políticas nacionales a participar en ella, y basta su indiferencia para dejarla sin efecto. En tal sentido, si bien es verdad que hubiese sido más democrático convocar a una consulta popular previa para que el pueblo decidiese sobre la pertinencia de la Constituyente, esto no es estrictamente necesario, ya que, una abstención elevada y hasta moderada, y/o la falta de concurrencia a la postulación de candidatos son suficientes para acabar con la iniciativa o hacer de ella un mero trámite administrativo, impotente para dirimir nada.

Con lo anterior la forma como se elijan los representantes será determinante para la potencia de la ANC, es decir, para su capacidad de resolver el conflicto y hacer respetar sus decisiones si fuese necesario. Esto trae a colación lo que debería ser el centro del debate actual: las bases comiciales. De hecho el decreto Nº 2831 [6] crea una Comisión Presidencial facultada exclusivamente para elaborar una propuesta de tales bases, y no para que consulte sobre las modificaciones a realizar a la Constitución. Es imposible no insistir sobre la cuestión. En el momento presente lo más importante no es el debate sobre los cambios que habría que realizar o no a la Constitución, sino sobre las condiciones en que se realizará la contienda o, si se quiere, sobre las reglas de juego.[7]

Se ha dicho que se harán votaciones universales, directas y secretas. Mas el sentido de la palabra “universal” se hace confuso y ambiguo en la medida en que se habla de representación sectorial y se reducen los sectores o sujetos a entidades cuya existencia se debe al reconocimiento de poderes constituidos y/o la existencia de registros comprobables.

Por ejemplo, si van a haber delegados obreros en la Constituyente estos no pueden ni ser electos exclusivamente por los obreros sindicalizados ni ser elegibles solo si pertenecen a un sindicato. De implementarse estas condiciones (ambas o cualquiera de ellas) el universo al que se referiría la elección sería el de los obreros sindicalizados con exclusión del resto, que en el país es la gran mayoría, y el resultado sería una ANC impotente e impostora. ¿Quiénes son elegibles a la representación de los obreros? ¿Del conjunto nacional, quiénes votarán por los delegados obreros? ¿Qué se entiende por “obrero” de forma concreta? ¿Se trata de los asalariados? Estas son las cuestiones importantes a debatir. Cuestiones similares pueden plantearse al respecto de los otros sujetos sociales, e incluso al respecto de la representación territorial.[8]

La cuestión es destacar la importancia de unas bases comiciales abiertas para la potencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Su fuerza política dependerá del grado en que la nación esté efectivamente representada, y esto dependerá de la amplitud de las reglas de juego. ¿Quiere decir esto que es necesario que las fuerzas políticas estén todas e igualmente representadas en la ANC? No, para nada. Quiere decir que la composición de la instancia suprema debe estar determinada por la voluntad popular. Aprovecho para aclarar que este “debe” no alude a la moral ni a la ética. No se trata de afirmar que es necesario cumplir la ley, que hay que ser “buenos” frente a los “malos” que nada respetan. Se trata de esclarecer una condición política y no moral. Si la ANC no representa al pueblo como un todo, sencillamente no tendrá la potencia necesaria para cumplir sus fines, ya que no contará con el reconocimiento público.

Ahora bien, los riesgos de las dos condiciones delineadas (1.-supremacía de la ANC sobre los otros poderes y libertad para modificar la Constitución, y 2.- elecciones libres y abiertas ‒voto popular, universal, directo y secreto‒ y selección libre de los candidatos) son gigantescos e incluso abrumadores: abren las compuertas a los factores hostiles al gobierno, y más peligroso aún, a las fuerzas hostiles al devenir popular de la revolución, de las que hay que decir que se reparten a ambos polos del campo político. Pero lo otro sería seguir la confrontación en el plano de la fuerza, y la Asamblea Nacional Constituyente resultaría un trámite burocrático-administrativo, una instancia vacía de toda calidad política y, más aún, revolucionaria.

Con todo hay una tercera condición necesaria. La nueva constitución o los cambios que se le realicen tienen que ser refrendados por el poder soberano. La relación de representación entra la ANC y el poder originario debe ser superada mediante la sanción definitiva del que es, en boca de todos, el poder de los poderes. Tal poder podrá aspirar a esos títulos solo si decide en última instancia sobre la cuestión. Por supuesto que esto no disminuye los peligros antes referidos, y en particular no garantiza que un determinado proyecto se imponga al final. Pero si esta condición no se cumple, el resultado de la convocatoria será un desatino que solo estarán dispuestos a defender las minorías e intereses particulares que hayan ganado con el proceso constituyente, y solo podrán hacerlo mediante la mera fuerza. [9]

Establecida la difícil situación en que nos coloca la convocatoria es posible preguntarse qué se requiere para que la ANC tenga un carácter revolucionario.

No todo…

Hasta aquí hemos procedido como si la vida política y económica de Venezuela fuese una totalidad dividida en dos polaridades. Por supuesto que estos polos no son seres etéreos o abstractos, sino fuerzas concretas que se hostilizan mutuamente, pero el punto es que su oposición no lo resume todo.

No es mi intención en adelante quejarme de la polarización en tanto que oposición radical de contrarios que desvirtúa la política. La cuestión es más bien que la suerte de la convocatoria y, mucho más, su calidad revolucionaria dependerán de que sea posible articular políticamente, a favor de un proyecto popular, a aquella gente que ha sido excluida de facto del pacto constitucional o que ya no tiene razones para creérselo y respetarlo.

La situación actual invita a cuestionar no la polarización en abstracto, sino su configuración concreta. Para definir esta es posible ceñirse al esquema planteado hasta ahora.

Ciertamente existe una amenaza existencial a la República y un conjunto de fuerzas hostilizan el orden establecido. Esto es así, pero no es todo.

Si disgregamos las amenazas para enfocarnos en las que afectan la economía es necesario reconocer que poderes fácticos nacionales e internacionales han hostigado y siguen hostigando la vida económica del país con motivaciones políticas y crematísticas. La guerra económica es, en efecto, un esfuerzo por apropiarse por la fuerza de la riqueza pública y privada. Sus agentes tienen por objeto final, no ya derrocar al gobierno, sino incluso cambiar el orden constitucional de tal modo que la apropiación sea legal, un derecho, su derecho. Para esto se han valido de la especulación, el acaparamiento, la corrupción, y de otros medios ya directamente violentos. Pero si es necesario un estado de excepción para advenir sobre la situación, no es el vigente.

La razón está en que la medida no sirve a la realización de los fines jurídicos que la justifican, sino que ha terminado por ser una herramienta para satisfacer intereses particulares. En concreto, el estado de excepción permite una administración discriminada de la riqueza pública y la regulación en determinada dirección de los flujos económicos. El sentido en que deben estar orientados esos flujos y ser discriminada la distribución de la riqueza está dado por los fines jurídicos a los que sirve la medida (por ejemplo, garantizar la alimentación de todos los venezolanos). Lo que termina por suceder es que es gran parte desviada, parasitada, por los intereses particulares de sus administradores y gestores. Así, el resultado es una lucha entre poderes fácticos (grupos opuestos de intereses particulares) que se visten con los ropajes del derecho mientras intentan desnudar a sus contrarios. Más allá, la consecuencia es la exclusión de mucha gente del pacto constitucional.

En el aspecto económico, es decir, en cuanto a la distribución de la riqueza nacional, la configuración concreta de la hostilidad, que por el momento determina el pulso de la vida nacional, demuestra que estos enemigos concuerdan al menos en cuanto a los fines que persiguen. Esto puede traer esperanza para algunos ya que, después de todo, sería posible un acuerdo que permitiera a ambos bandos ganar-ganar a costa del resto de la nación.

Una situación similar puede plantearse al respecto de la disputa entre poderes. Del conflicto entre la Asamblea Nacional y los restante poderes públicos (amén de la Fiscalía) todo lo que se puede afirmar es que una situación así, en que cada poder se propone públicamente defenestrar al otro, al final decidirá la fuerza. De hecho, se hace muy difícil determinar cuál de las partes lleva la razón, excepto, claro está, para las partes mismas, cada una absolutamente segura de poseerla. Y es que cada una intenta poner a la otra fuera de la ley y atribuirle a sus acciones el carácter de una violación a la normativa vigente que en última instancia trae consigo una amenaza al orden constitucional, por lo que se argumenta que es legítimo e incluso imperativo proceder contra ella con cualquier medio al alcance. El Ejecutivo Nacional en su alianza con el TSJ, por ejemplo, recurre a la figura del desacato y la Asamblea Nacional se inventa la falta absoluta del presidente. Como sucede con la amenaza anterior, lo importante aquí es dejar de lado la cuestión de quién tiene la razón, para pasar a la determinación de las fuerzas en juego y de sus intereses. Entonces se verá claramente que la disputa tiene muy poco que ver con la realización o respeto de los fines jurídicos expresados en la Carta Magna, y con esto se haría posible tomar una posición por una constituyente revolucionaria.

La idea es que en cada aspecto de la enemistad en cuestión será posible determinar aquello que resta, aquello que está en desacuerdo y en actitud de descontento con la forma en que se lleva la disputa. Lo importante es tener presente que cada una de las totalidades en conflicto es en sí misma una configuración de fuerzas que puede, al menos teóricamente, ser alterada. La posibilidad de una ANC potente está en una renovación de las dirigencias o, si se quiere, en un cambio en las respectivas hegemonías internas. Su posibilidad revolucionaria está en la articulación de la parte que de facto no tiene parte en la distribución de las riquezas y derechos, del descontento que se planta contra los términos en que está planteada la confrontación en que vivimos. Se dirá, incluso, que tal articulación sería ya, por sí misma, un proyecto popular.

Con todo no resta más que decir que la situación es difícil, muy difícil en particular para las fuerzas populares, y que hay razones para ser pesimistas en cuanto a la convocatoria a la ANC. En concreto se corre el riesgo de que le suceda lo que a otras iniciativas y políticas públicas: esto es que se transforme de un medio soberano para la solución de un conflicto casi-bélico, en una herramienta al servicio de algunos de los poderes fácticos en disputa.

Notas y referencias

[1] Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.295. Decreto N° 2.830. Aprovecho la oportunidad para aclarar que el significado de paz no puede ser, en el contexto actual, nada parecido a una paz perpetua, ni al fin definitivo de las hostilidades, y ni siquiera de la confrontación política. La paz a la que se hace referencia implica el desarme del conflicto, el cual esta planteado en términos de hostilidad, y su transformación en un conflicto político, tramitable de forma institucional.

[2] Ibídem.

[3] Citamos aquí el primer decreto y el último. Es importante notar que en los considerandos se expresan circunstancias de todo tipo, entre las cuales hay algunas meramente contingentes, como la sequía que azotó al país y produjo la emergencia eléctrica. En este escrito nos interesan en particular las circunstancias políticas.

[4] Esto ya lo ha adelantado la Presidencia quien ha expuesto algunos aspectos del proyecto de modificación que desea para la Constitución. No entraré aquí en el detalle, la propuesta está en el decreto que formaliza la iniciativa. Solo interesa resaltar que como bien dice el instrumento jurídico, los nueve puntos nombrados allí no pueden ser más que la propuesta a la ANC de la parte convocante.

[5] ¿Quién tendría la autoridad para ponerle un límite al representante del poder originario si este decidiese cualquier cambio a la Constitución? ¿El CNE? Este puede y debe definir las reglas de juego para que sea elegida, pero una vez en funciones ya no podría nada contra ella, incluso si decidiese hacer desaparecer este poder.

[6] Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.295. Decreto N° 2.831.

[7] De hecho creo que queda la cuestión abierta de si es posible que otros actores políticos puedan entregar propuestas de bases comiciales o si se les reconocerá beligerancia para tramitar frente al CNE –quien a fin de cuentas decidirá sobre las reglas de juego– modificaciones a la propuesta de la Comisión Presidencial.

[8] Mas sin embargo, el criterio territorial tiene un mérito y es que se basa en la distribución poblacional en el espacio. Quizás, la representación de los sujetos sociales debería ceñirse al mismo criterio: tantos delegados obreros como porcentaje de asalariados hay en el país. Por otra parte, se ha dicho a manera de argumento a favor del criterio territorial que en la constituyente pasada y en la elección de cargos públicos, los pueblos originarios votan por lo que vendría a ser su sector. Pero realmente estas votaciones circunscriben el criterio sectorial al territorial, tal que se reconocen como miembros de los pueblos indígenas a aquellas gentes que viven en determinados territorios.

[9] Esta última condición lleva una reflexión inevitable. Al convocar la ANC se han pospuesto las elecciones regionales. Sin embargo, la iniciativa supone dos procesos electorales. Como se ha señalado ,esto es ventajoso para la parte convocante, pues le permite mantener las posiciones conquistadas en alcaldías, gobernaciones y consejos municipales. No obstante, es evidente que una aplastante mayoría de la oposición en la ANC sería un revés político para el gobierno, que se traduciría no solo en la pérdida de las posiciones hasta ahora mantenidas, incluida la Presidencia, sino además de las conquistas legales plasmadas en la Constitución.

3 Comentarios en Constituyente y estado de excepción

  1. Buenos días, en particular muy interesante tu articulo desde el punto de vista político, económico y social. Pienso que hay mucha tela que cortar y relativamente el Gobierno tiene que reflexionar; esta polarización del país nos tienen en franco enfrentamiento. Como venezolano pienso en un país con mayores oportunidades, en los ámbitos de una economía sustentable y sostenible que realmente nos beneficies a todos, además de impulsar el desarrollo social con fundamentos reales. Esta confrontación lo que nos ha hecho es mas división y no atender el problema mas consecuente que es la economía que cada día el asalaria no le alcanza solo para medio comer quince y ultimo. Estamos como en una especie de revelación, un pasaje abierto al conocimiento, a la reflexión y a la discusión en torno al progreso, a la religión, a la utopía, a la política, a la teoría, a la historia. La historia del por ahora creo que ha llegado a su final por principalmente la corrupción, el poder popular que menciona ya no creen en el estado por que no hay eficacia ni eficiencia. Esta historia quiere un cambio que lamentablemente ya no se cree en el proyecto socialista, “Presidente no analiza o no ve mas allá” la lucha es por la Libertad, justicia social y el progreso económico con trabajo. Elecciones ya es lo que clama la gente de calle.

    • Estimado Jhoel, muchas gracias por su comentario. Permitame decirle que concuerdo con usted excepto en lo esencial.

      No negaría que la situación económica social y política es grave. Tampoco negaré la corrupción como forma en la que el poder de las oligarquías del dinero, nuevas y viejas, se apropia de los bienes públicos y comunes.

      En cuanto lo esencial, le diré, primero, que creo que todo su comentario se enfoca en hacer pasar como verdad una idea: “La historia del por ahora creo que ha llegado a su final”. Pues no, eso no es verdad. Es más, le diré que al afirmar eso Ud. niega lo que acaba de decir sobre los efectos de la violencia para tomar parte en la contienda. Lo que me preocupa es que no se si Ud. puede ver las consecuencias de lo que dice.

      Fijese usted que si llegase a ocurrir lo peor, esto es, que triunfe la violencia de los liderazgos opositores sucederán don cosas: La primera es que las fuerzas triunfantes desplegaran un intento de por acabar con la vida del “por ahora”. “Con la vida”, me refiero a la vida como comunión de lo físico y lo espiritual, me refiero, pues, al asesinato y al exterminio, me refiero al fascismo. Pero esto no triunfará, nosotros, volveremos a decir ganaron “por ahora”, y como el “por ahora” aquel del presidente Chávez en su momento cumpliremos.

      Es muy importante que comprenda que Chávez no se invento el “Por ahora”. Este define la existencia y la persistencia vital en la historia de la izquierda global. No tengo el tiempo que me gustaría para entrar en esta materia. Hemos fallado mil veces en parte por nuestras cagadas y en parte por brutal violencia que ha sido desplegada contra nuestros proyectos, pero al final venceremos. Esa el la idea, el “por ahora” no se va a acabar pase lo que pase.

      un saludo

      Lenin

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