Del estado de excepción a la República necesaria

aquiles y la tortuga

Por : Lenin Brea

La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que vivimos es la regla. Debemos llegar a un concepto de la historia coherente con ello. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como nuestra tarea, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo.

Walter Benajmin. Tesis sobre la filosofía del derecho. 8va tesis (fragmento).

Un proceso no puede ser comprendido  interrumpiéndolo. La comprensión debe fluir al mismo tiempo que el proceso, debe unirse a él y caminar con él.

Frank Herbert. Dune. Primera Ley del Mentat.

El presente escrito es un comentario crítico del texto de Reinaldo Iturriza titulado “Constituyente, rebelión y estado de excepción”. Evidentemente toda crítica de unas ideas políticas acarrea un grado mínimo de polémica, sin embargo no es mi intención polemizar.

Si me he decidido a criticar el texto de Iturriza es porque vale la pena criticarlo. Y es que no cualquier texto se presta a la crítica e incluso hay posiciones e ideas que sencillamente no merecen ni un comentario. Por el contrario el texto de Iturriza se funda en una elaboración teórico-política y desarrolla, con base en esta, un diagnóstico de la situación a la vez que propone una  línea de acción política. Además, es innegable que posee cierta fuerza poética. Pero lo que más me parece destacable de su escrito es el destinatario, pues, va dirigido a las fuerzas populares a las que quiere convocar al esfuerzo constituyente.

El texto que sigue no quiere otra cosa que contribuir a ese esfuerzo.

La tesis

La tesis de Iturriza es como sigue: en Venezuela, “poderes fácticos han impuesto un  estado de excepción de hecho”.

Se entiende por poderes fácticos “fuerzas que ejercen un poder que nadie les delegó [potestas], que gobiernan sobre nuestras vidas al margen de nuestra voluntad [potentia]”, que no tienen, por tanto, autoridad [autoritas].

Se entiende por estado-de-excepción-de-hecho la suspensión del derecho (potestas) por la violencia de los poderes fácticos. El principal efecto político de la situación creada por estos poderes es la despolitización de la comunidad política (potentia). La impotencia que así afecta al “pueblo mismo” equivale a su desaparición, pues su existencia es precisamente política [1]. Se dirá que la comunidad política es potente o no es. La vigencia del derecho, que las instituciones garantizan, expresa esta potencia, o si se quiere, la voluntad de la comunidad política.

Hasta aquí tenemos lo que podríamos llamar el planteamiento del problema. Este problema se despliega a partir de la definición de la situación en que vivimos: “poderes fácticos han impuesto un  estado-de-excepción-de-hecho”. Entonces, ¿cómo advenir sobre la situación?

Mediante la Asamblea Nacional Constituyente, responde Iturriza. Esta “no tiene como propósito suspender la potestas, sino poner en suspenso el  estado de excepción de hecho. Votos en lugar de balas. Tiene que ser una herramienta para la defensa de la República, pero sobre todo para radicalizar la democracia, para repolitizar el conflicto”.

Sobre el planteamiento del problema

El planteamiento del problema o, si se prefiere, la definición de la situación en que vivimos, adolece de una omisión. Los actos jurídicos mediante los cuales el Poder Ejecutivo ha declarado el estado de excepción son reducidos a un mero reconocimiento de una situación de facto. Más al pie de la letra: al declarar el estado de excepción el Poder Ejecutivo no habría hecho “más que reconocer” que “poderes fácticos han impuesto un  estado-de-excepción-de-hecho”.

Lo que se omite es que las declaraciones de estado de excepción no sirven para reconocer que se es agredido o cualquiera situación que contravenga la vigencia del derecho. El estado de excepción sirve para advenir sobre una situación tal. Puesto de otra manera, lo que se reconoce en una declaración de estado de excepción no es la situación de agresión o de violencia que afecta al derecho y con esto al “pueblo mismo” (técnicamente hablando esta situación solo se constata, se indica, se describe), sino el hecho decisivo de que el poder constituido no puede restablecer el orden, el imperio de la ley, por las vías normales del derecho. Solo por mor de este reconocimiento es justificable la suspensión del derecho y las medidas que tendrán por objeto restablecer el orden.

Si en principio el poder constituido suspende el derecho es para poder actuar sin los impedimentos que le impone la ley. Decimos “en principio”, porque según la Constitución no se puede suspender el derecho en su totalidad. Solo se pueden debilitar las restricciones normales que este les impone a las autoridades.

Por ejemplo, en los decretos de 2015 se restringía la garantía a la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque se consideraba que esto era necesario para luchar contra el contrabando de extracción. Desde el punto de vista de su diseño la medida se articuló dentro de los límites del derecho vigente e incluso de los cánones más liberales [2]. Se trataba de una restricción y no de una suspensión, porque en los decretos se establece todo un procedimiento en el que intervienen varias instancias de los poderes públicos (la Fiscalía, la Defensoría, entre otras) con la finalidad de que los afectados tengan todas las garantías posibles, aun en medio de la declaración de un estado de excepción. Se ve que en esta manera de proceder hay una contradicción de la cual se puede decir que haría revolcarse en su tumba a Carl Schmitt: “¡Se necesita suspender el derecho para poder actuar de forma expedita y no obstante se establecen límites que entorpecen la actuación de las autoridades!”. Este tipo de contradicciones son típicas de la teoría liberal que trata en todo lo posible que la garantía afectada se mantenga vigente o, más claramente, trata en todo momento (aun en condiciones excepcionales) de limitar la intervención del Estado en el ámbito de la vida protegida por la garantía en cuestión.

Volviendo al centro del asunto, al reducir las declaraciones de estado de excepción a meros reconocimientos del estado-de-excepción-de-hecho, se dejan de lado las medidas concretas que han sido tomadas y su impacto en la situación en que vivimos.

La inclusión de las acciones gubernamentales en el planteamiento del problema tiene importancia toda vez que la autoridad del Ejecutivo para declarar el estado de excepción depende de que el acto jurídico sea avalado y acatado por la comunidad política [3]. Dicho de otro modo, dado que la autoritas está distribuida de forma diversa entre el poder constituido y el poder constituyente, la suspensión del derecho (la declaratoria del estado de excepción) exige “el paso” del primero al segundo. Este paso supone la implicación del colectivo como sujeto activo en la suspensión. Entonces, ¿en qué grado el pueblo está implicado en las medidas excepcionales como algo diferente a un beneficiario?

Por otra parte y dado que toda declaratoria de estado de excepción supone que esta sirve a fines jurídicos incondicionados, como la defensa de la República y de la misma Constitución, como garantizar la alimentación del pueblo, se hace necesario evaluar la efectividad de las medidas. ¿Cómo afecta la situación en que vivimos y en particular a la potentia?, ¿la potencian o debilitan? En el mismo sentido: ¿debilitan los poderes fácticos?

Un ejemplo son los Clap, institución creada en el marco de los decretos de estado de excepción. Es de destacar que las organizaciones populares tienen en esto un papel casi absolutamente pasivo, como sujetos beneficiarios de una política gubernamental. Pero se dirá que los comités tienen un papel activo por el solo hecho de organizarse y porque tienen como misión la distribución de los alimentos en sus espacios locales. Sin embargo, esto no es una verdadera implicación en la medida, la actividad de los comités es la de una instancia administrativa antes que política y es así porque no deciden nada determinante. Para que los comités puedan involucrarse con potestad deben participar de las decisiones propiamente políticas contenidas en ella. En concreto deben participar en el proceso de importación para decidir a quién es más conveniente comprar los alimentos, qué tipo de alimentos se compran y en qué condiciones, por qué circuitos macro se distribuyen, etc. Las organizaciones populares no solo deben hacer contraloría, sino que deben participar directamente en estas decisiones.

La situación que vivimos según la óptica de la crítica de la violencia jurídica

El conjunto de prácticas que el concepto de estado-de-excepción-de-hecho sintetiza y describe, así como la situación resultante, pueden analizarse bajo la óptica de la crítica de la violencia jurídica [4]. De este modo, la violencia que los poderes fácticos ejercen no tendría por objeto suspender el derecho sino crear un nuevo derecho mediante la destrucción del vigente.

Desde este punto de vista y para bajar un poco a lo concreto, las prácticas que definen la guerra económica se oponen de forma directa, tal que violentan, al conjunto de leyes que promueven el bienestar económico de los trabajadores. Pero la especulación no solo afecta negativamente la vida economía como tal sino que, en la medida en que no encuentra una oposición efectiva, se impone como praxis económica legítima. Así, en la actualidad, mucha gente piensa que esta es legítima independientemente de lo que diga la ley. Las reiteradas declaraciones de Luis Vicente León y otros voceros, como el diputado Guerra, que legitiman el bachaqueo y la especulación de todo tipo, en tanto que fenómenos de mercado, son el correlato discursivo de la violencia económica. Brindan una base discursiva para sustentar estas prácticas como un derecho.

Otro caso en el que la función creadora de derecho de la violencia se presenta clara y horrorosamente, podemos verlo en la más reciente actualidad. En varios lugares del país el levantamiento de barricadas ha dado lugar al cobro de peaje. En efecto, las fuerzas hostiles al derecho, por el solo hecho del control que logran sobre el territorio –el cual implica una amenaza de violencia que pende sobre todo aquel que habite o transite por el espacio en cuestión– se habilitan para cobrar lo que viene a ser un impuesto.

Ahora bien, frente a la intención de crear un nuevo derecho mediante la violencia económica y de todo tipo, el poder constituido, sujeto y guardián del orden jurídico amenazado, responde, primero, con los medios legales a su disposición. Opone a la violencia de hecho su potestad para actuar mediante la violencia que conserva el derecho, lo que supone mantener su actuación dentro de los límites del derecho a conservar. Reafirma las leyes que protegen al trabajador y emite decretos e iniciativas con la misma finalidad; lanza funcionarios a la calle y a los cuerpos de seguridad; pide a los ciudadanos que hagan respetar la ley, y hace todo esto de manera notoria y hasta espectacular. Pero esto no funciona. Diversas razones causan el fracaso, entre ellas, la más poderosa parece la magnitud de la fuerza de los poderes fácticos. Pero esta no es la única razón… Sucede que las leyes e iniciativas son desviadas de su finalidad y usadas para hacer negocios y ejercer poder por fuerzas fácticas que controlan sectores fundamentales del Estado. Para decirlo de otra manera, los poderes fácticos demuestran que no tienen color político. Entonces las fuerzas hostiles distribuidas en ambos bandos del espectro político redoblan sus esfuerzos por apropiarse del derecho.

En esta situación el poder constituido y en particular el Ejecutivo se ve forzado a declarar el estado de excepción para advenir sobre la situación. El estado de excepción, considerado desde la óptica de la crítica de la violencia jurídica, supone la suspensión del derecho –en realidad de algunos derechos y potestades y dentro de determinados límites– con la finalidad de conservar el derecho. Pero esta suspensión no puede limitarse a un acto negativo (a un puro dejar en suspenso el derecho), supone además la creación de derecho (los Clap son un ejemplo). Dicho de otro modo, supone la creación de derecho mediante una violencia cuyo estatuto jurídico está en juego, pues el derecho que legitima la violencia se halla precisamente suspendido. [5]

Es necesario bajar un poco más y destacar un rasgo de la situación nacional. Lo que en concreto determina el estado de excepción vigente es la hostilidad de la Asamblea Nacional. Antes de la toma de este poder público por parte del liderazgo opositor, el Poder Ejecutivo contaba con el apoyo de los demás poderes para actuar. Ahora no solo encuentra una oposición sino una oposición violenta. Esta violencia se ve claramente cuando se comprende que la posición de la AN tiene la forma de una extorsión: si el Poder Ejecutivo no renuncia entonces el Poder Legislativo entorpecerá todas sus acciones sin importar las consecuencias. En la medida en que esto puede crear una situación de parálisis institucional el Poder Ejecutivo se ve obligado a suspender la potestad de la AN para regular su actuación o, dicho inversamente, se autoriza a actuar pese a lo que pueda decir la AN basada en sus atribuciones legales. Con lo cual se cierra el ciclo abierto por la élite opositora: ya no hay un equilibrio de poderes sino una lucha entre los mismos.

Entonces el estado de excepción sirve en concreto para evitar la parálisis institucional, para dejar en suspenso la potestad de la AN, para impedir las acciones gubernamentales en una situación de conflicto institucional y agresión. Todo bien hasta aquí. Pero los decretos de estado de excepción comentados hacen algo más que suspender el derecho de la AN. Permiten al Poder Ejecutivo y al Estado en general tomar una serie de medidas. El rasgo general de estas es que afectan la distribución y redistribución de la riqueza nacional y orientan o regulan los flujos económicos. La respuesta a la pregunta de si el diseño de estas medidas y su aplicación contribuyen a la realización de los fines jurídicos en que se funda el estado de excepción,  deja mal paradas las acciones gubernamentales. No nos detendremos en la cuestión. Bastará con señalar que todo parece indicar que estas han sido desviadas de sus fines y que son usadas con finalidades políticas y pecuniarias propias de los poderes fácticos que habitan el Estado. Por otro lado, no parecen afectar mucho los poderes fácticos oligárquico-exógenos que abiertamente intentan socavar el orden jurídico.

A medida que la situación política y económica se deteriora y la confrontación entre los poderes fácticos –que luchan a uno y otro lado del espectro político por el poder y la riqueza nacional– se intensifica, el derecho vigente se debilita. Cada agrupación de fuerzas trata de crear o recrear su propio derecho (lo que implica hacerlo pasar como un derecho universal) mediante la violencia, mientras procura arrancar a la otra sus vestiduras político-jurídicas. Toda vez que cada una de estas fuerzas es apoyada por una parte de la población, adquiere forma política y  no carece de legitimidad y beligerancia.

En este contexto surge de parte de un poder público (el Ejecutivo) la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como un medio para detener la violencia, lograr la paz y llevar el conflicto a un cauce político.

Con lo dicho hasta aquí puede entenderse por qué el liderazgo opositor y oligárquico no quiere la constituyente. Ya han emprendido una campaña para establecer su derecho, cuyo fundamento y programa se basa en la violencia, con lo cual realmente puede decirse que militan en la antipolítica.

Del otro lado se abren las preguntas en torno a la finalidad de la iniciativa constituyente. ¿En qué condiciones puede decirse que es un medio al servicio de determinados poderes fácticos y, por tanto, una violencia por fuera del derecho? ¿En qué condiciones será un medio, y más que un medio un espacio, para la profundización de la revolución? Esta última pregunta es difícil de responder en un espacio como este y la dejaremos abierta. La primera tiene una respuesta simple: En la medida en que la ANC solo represente una parte de la sociedad su resultado será considerado por la parte no participante como un abuso y una arbitrariedad.

Algunos apuntes para un advenir popular sobre la situación   

Al día de hoy, cuando se ha cerrado el plazo para inscribir candidaturas a la ANC, creo que pueden decirse dos cosas.

Efectivamente la convocatoria ha logrado una repolitización del país, pero esta politización se está dando en torno a la misma realización de la constituyente. Si bien las fuerzas populares que apoyan al gobierno se han lanzado con entusiasmo a la convocatoria, es dudoso que se haya logrado movilizar al resto de la comunidad política y en particular a la inmensa masa que no participa directamente en el conflicto o que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. En particular la negativa del gobierno a someter la convocatoria a consulta popular ha creado la duda acerca de su finalidad. Buena parte del país, y en particular buena parte de las bases del chavismo, piensa que es una iniciativa bien intencionada pero que visto el desarrollo de los acontecimientos ha terminado por ser una mala idea. Además da la impresión de que tanto la forma sorpresiva como fue lanzada la convocatoria, como las reglas establecidas en las bases comiciales, y en particular las relativas a la elección sectorial, y los cortos plazos del proceso en sus diferentes fases, no contribuyen al entusiasmo general por la iniciativa. También es necesario señalar que parte del apoyo que ha recibido la propuesta no deriva del convencimiento en torno a su viabilidad y pertinencia, sino del hecho de que es la única alternativa a la violencia que se vislumbra en el horizonte.

En todo caso estas son impresiones personales que bien pueden ser falsas, pero lo cierto es que la ANC enfrenta –además de la oposición violenta, directa y malintencionada, y del legítimo descontento que ha provocado en algunos sectores nacionales– dos desafíos que pueden resultar en el socavamiento de su legitimidad y potencia. El primero es la elección de los asambleístas, y el segundo el referéndum aprobatorio. ¿Qué pasaría si para las elecciones de candidatos a la ANC hubiese una alta abstención?, ¿qué sentido tiene reformar la constitución si la mayoría del país no participa en la elección de sus representantes? Se dirá que la ANC resultante será, pese a todo, legal. Pero este argumento es en realidad un consuelo sin efectividad política. Un resultado así no solo deja mal parada la representatividad de la ANC, sino que vaticina una derrota aplastante en el referéndum posterior. ¿Qué consecuencias tendría este resultado?

Sea como sea parece evidente que si la repolitización se da en torno a si la convocatoria es legal o legítima, a su validez, la iniciativa no traerá paz ni democracia a menos que se piense en una paz y una democracia posteriores a una guerra.

Por otra parte, la convocatoria ha logrado una movilización sin precedente en el campo de las fuerzas populares que apoyan al gobierno. 60 mil precandidatos no es poca cosa y hubiese sido muy interesante y productivo haber otorgado plazos más largos de tal modo que diese el tiempo de que se formasen agrupaciones políticas y que se diese un debate a lo interno de estas fuerzas. Habrá que ver cuántos candidatos quedan en pie una vez que culmine el proceso de validación de las candidaturas y también a quién en concreto representan. En definitiva habrá que ver en qué medida la representación incluye fuerzas más allá del chavismo y, más importante aún, si hay una importante representación de las fuerzas populares y en particular del chavismo subalterno.

Un aspecto a destacar de la conducta política del presidente Chávez, que puede ser clave en este momento, se sintetiza en su famoso “por ahora”. Precisamente porque la política no se basa en avanzar como sea en el logro de los objetivos propuestos, sino en una evaluación constante de la situación, que permita corregir el curso aunque a veces esto signifique retroceder. No quiero decir que necesariamente hay que dar marcha atrás con la constituyente sino que pueden negociarse y reformularse tanto las reglas de juego como los plazos establecidos, puede incluso someterse la iniciativa a referéndum.

En mi opinión la convocatoria a la ANC ha traído una potenciación de las fuerzas populares, cuya vigencia es importantísima porque apunta a la construcción de una verdadera vanguardia popular. Creo, además, que a eso apuntan los esfuerzos políticos e intelectuales de Iturriza. Pero un proceso constituyente no tiene por qué reducirse al espacio abierto por una iniciativa gubernamental. El problema actual de las fuerzas populares es el de su rearticulación, y este proceso puede llamarse constituyente y definirse como un momento en un esfuerzo más amplio. Ciertamente enfrenta inmensos peligros y en concreto la amenaza de una violencia ilimitada.

Quisiera decirlo de la manera más clara: la iniciativa constituyente es inconmensurablemente más democrática que cualquier cosa que el liderazgo opositor haya propuesto. Ahora hablan de “negociar”, término que sustituyen por “dialogar” como si el chavismo tuviese que “capitular”. Mientras contratan mercenarios, mientras sostienen que no les importan las consecuencias.

Sin embargo, ¿qué se puede esperar de la oligarquía?, ¿qué se puede esperar del liderazgo opositor?, ¿qué se puede esperar del vínculo grosero que mantienen con las fuerzas que quieren acabar con la patria? Nada más que violencia y prepotencia. No quiero en ningún momento deslegitimar el discurso y la acción, incluso, el sufrimiento de ese sector del pueblo que por una u otra causa se opone al gobierno. Pero es una verdad que no hay necesidad de destruir la patria para reconstruirla. Es evidente que esa es la opción que el liderazgo opositor promueve y la razón es sencilla: eso los proveerá de una fuente de capital que somos incapaces de soñar los asalariados. Pese a todo ello, quedará de nuestra parte, de quienes apostamos por el bienestar de las mayorías, asumir las responsabilidades de nuestras acciones.

Notas y referencias

[1] Lo que quiere decir que existe como pueblo, como comunidad, en virtud de una decisión política.

[2]  No obstante es necesario al menos indicar que lo preocupante de la política gubernamental en cuanto a la suspensión de garantías no está en los decretos de estado de excepción aquí comentados. El marco jurídico que sustenta las Operaciones de Liberación del Pueblo, y más aún la praxis policial a que han dado lugar, suponen y realizan la suspensión de múltiples garantías.

[3] El texto deja abierto un problema teórico interesante: ¿puede el pueblo mismo declarar el estado de excepción sin mediación institucional?, ¿sería tal cosa un estado de rebelión?

[4] Walter Benjamin. Para una crítica de la violencia.

[5] El método de activación no violenta (Gene Sharp) se basa en lo fundamental en la conciencia de que en el momento en que el poder constituido decreta el estado de excepción y en particular suspende las garantías políticas –lo que sencillamente lo habilita a reprimir–, se juega su legitimidad porque pone en práctica una violencia cuyo carácter jurídico es cuestionable.

 

4 Comentarios en Del estado de excepción a la República necesaria

  1. Estaba viendo la cadena cuando el Presidente anunció (sorprendiéndonos a muchos) la decisión de convocar a La Asamblea Nacional Constituyente, me apresuré a calificarla de jugada maestra ……(también pensé que se jugó a Rosalinda)……en términos populares: boxeador contra las cuerdas “saca su calidad”, pega un upper-cut que aturde a su oponente, se coloca en el centro del ring y comienza a controlar la pelea y debilitar al contrario….luego me dije: “que pretencioso soy, que audaz, con mi ignorancia y limitaciones”…..pero lo que ha sucedido desde el 1° de mayo, las reacciones de unos y otros y lo expresado por Iturriza así como lo que acabo de leer, me confirman que esta vez, por pura suerte….acerté.

  2. EL GOBIERNO DEL CHAVISMO-MADURISMO DEBE RETIRAR LA PROPUESTA DE ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ANC) Y DEDICARSE A GOBERNAR PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE MAS AQUEJAN A LOS VENEZOLANOS, EL ECONOMICO Y LA SEGURIDAD VALIENDOSE DEL VALIOSISMO INSTRUMENTO LEGAL DEL “ESTADO DE EXCEPCION” CONJUNTAMENTE CON “EMERGENCIA ECONOMICA”…..La propuesta de anc, por parte del chavismo-madurismo era de naturaleza entreguista y buscando un nuevo tratado con la derecha, un tratado de coche actualizado, ya que la anc implica elecciones y ahora cualquier elección las pierde el gobierno de la burocracia chavista-madurista de calle, la idea era que la derecha desistiera de las guarimbas acogiera la propuesta y se viniese a repartirse el país con el chavismo-madurismo, inclusive la derecha, al ser mayoría en la anc podia re-instalar el neoliberalismo derogando el estado social de derecho y de justicia; pero la derecha “patea” la propuesta no porque no quiera sino porque ella no se gobierna sola, ella tiene un amo que es el imperialismo yanqui, y este en pleno desarrollo de un golpe suave en contra del país, no iba a detener las operaciones guarimberas del “golpe-OEA” para buscar un pacto con el chavismo, el imperialismo sabe que la única forma no solo de apoderarse de las riquezas naturales y sobre todo de someter al pueblo, exterminar a por lo menos 200.000 personas, en el lapso de 6 meses o menos, en otras palabras acabar con la revolución de raíz y para los próximos 50 años y de paso desalojar a chinos y rusos del negocio del petróleo y de los minerales, es tomando el poder por la fuerza e instaurar un gobierno de facto, por eso el imperialismo para nada esta interesado en “diálogos”, “pactos” un punto fijo o coche actualizados, nada que ver. Al no aceptar la derecha la propuesta de la anc que fue el motivo para el cual la realizo el gobierno madurista, esta ha debido retirarse, la mantiene porque se las quiere dar de vivo, como ve, que gracias a las FANB esta derrotando a la derecha en su golpe suave, se quiere quedar con el chivo y el mecate por intermedio de la anc, esto puede ser contraproducente y el tiro le puede salir por la culata a Maduro, tal y como paso con el retiro de los billetes de Bs. 100, en diciembre pasado, por eso lo mas saludable es que el presidente retire la propuesta y se dedique gobernar por intermedio del decreto de estado de excepción conjuntamente con emergencia económica, para entrarle de lleno a los problemas económica de hiperinflación, especulación con alimentos y demás productos y la seguridad.

  3. Una oposición reacia y tramposa, prepotente que desde el 99 viene socavando las bases de un proceso bolivariano que se enriqueció desde 1800 y dele hasta hoy en día con los dolares del pueblo con la complacencia de algunos miembros del actual gobierno podrías pensar que se puede negociar, con acciones de traición a la patria ¿ como dialogas? .Se llama a un Estado de Excepción a riesgo de otras consecuencias porque algo debe hacer el gobierno y de allí una ANC a riesgo de perder en la jugada.
    Es tal la desesperación del gobierno yanqui que esta apostando con todo porque su estilo de vida ha venido decayendo en todo los espacios y saben que nuestras riquezas seria una tabla de salvación. Que falto tiempo o que no todos van a participar es probable pero pienso que el tiempo apremia y debemos “por ahora” avanzar esta tempestad, debemos confrontar y seguir al timón del barco.

  4. DADO QUE TANTO OCCIDENTE ASI COMO TAMBIEN RUSIA Y CHINA HAN DECLARADO LA GUERRA TOTAL CONTRA EL TERRORISMO, PARA ESTA CONSTITUYENTE ES IMPRESCINDIBLE LA INCORPORACION DE LA MAYOR CANTIDAD DE ACTORES POPULARES, LIDERES QUE ESTAN EN LA BREGA DIARIA EN EL DIA A DIA CONECTADOS CON EL PUEBLO PARA QUE ESTA JORNADA VERDADERAMENTE SALGA DE LA S ENTRAÑAS DEL PUEBLO, PERO ADEMAS HAY QUE ENRIQUESER SUS ACCIONES CON LAS LEYES Y Y RESTRICCIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS , ASPECTOS COMO EL ORDEN PUBLICO, LOS MEDIOS DE PROPAGANDAS , LA DIFUSION DE INFORMACIONES SIN REPARO AVECES ALENTANDO LA VIOLENCIA Y LA SEDICION, EN FIN VENEZUELA AHORA MISMO ES UN LABORATORIO EN DONDE LAS CLASES OLIGARQUICAS NACIONAL E INTERNACIONAL LO HA PUESTO TODO A PRUEBA, DE AHI QUE SE IMPONGA EL ESTUDIO PROFUNDO DE OTRAS SOCIEDADES PARA APLICAR TAL COMO ESTAS LOS HAN HECHO DEMOCRATICAMENTE, VEAMOS A ESPAÑA. CHILE, COLOMBIA Y SU CONGRESO Y SUS LEYES, FRANCIA, EL REYNO UNIDO, ESTADOS UNIDOS Y SU SISTEMA RACISTA DE ELECCION POR DEMAS LA MAS EXCLUYENTE DEL MUNDO,, TURQUIA TIENES MUCHO QUE ENSEÑAR , ISRAEL LA DONCELLA PREFGERIDA DE LOS USA. Y SU NUEVO APARTHEI, MEJICO Y SU PLAN MERIDA Y SU MURO.

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