Ley de Precios Acordados. El trabajo y la política del capital

Por: Lenin Brea

Pero, de pronto, se alza la voz del obrero, que había enmudecido en medio del tráfago del proceso de producción.
La mercancía que te he vendido, dice esta voz, se distingue de la chusma de las otras mercancías en que su uso crea valor, más valor del que costó. Por eso, y no por otra cosa, fue por lo que tú la compraste. Lo que para ti es explotación de un capital, es para mí estrujamiento de energías. Para ti y para mí no rige en el mercado más ley que la del cambio de mercancías. Y el consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que se desprende de ella, sino al comprador que la adquiere. El uso de mi fuerza diaria de trabajo te pertenece, por tanto, a ti. Pero, hay algo más, y es que el precio diario de venta abonado por ella tiene que permitirme a mí reproducirla diariamente, para poder venderla de nuevo. Prescindiendo del desgaste natural que lleva consigo la vejez, etc., yo, asalariado, tengo que levantarme mañana en condiciones de poder trabajar en el mismo estado normal de fuerza, salud y diligencia que hoy. Tú me predicas a todas horas el evangelio del “ahorro” y la “abstención”. Perfectamente. De aquí en adelante, voy a administrar mi única riqueza, la fuerza de trabajo, como un hombre ahorrativo, absteniéndome de toda necia disipación. En lo sucesivo, me limitaré a poner en movimiento, en acción, la cantidad de energía estrictamente necesaria para no rebasar su duración normal y su desarrollo sano. Alargando desmedidamente la jornada de trabajo, puedes arrancarme en un solo día una cantidad de energía superior a la que yo alcanzo a reponer en tres. Por este camino, lo que tú ganas en trabajo lo pierdo yo en sustancia energética (…) Es como si me pagases la fuerza de trabajo de un día, empleando la de tres. Y esto va contra nuestro contrato y contra la ley del cambio de mercancías. Por eso exijo una jornada de trabajo de duración normal, y, al hacerlo, sé que no tengo que apelar a tu corazón, pues en materia de dinero los sentimientos salen sobrando. Podrás ser un ciudadano modelo, pertenecer acaso a la liga de protección de los animales y hasta vivir en olor de santidad, pero ese objeto a quien representas frente a mí no encierra en su pecho un corazón. Lo que parece palpitar en él son los latidos del mío. Exijo, pues, la jornada normal de trabajo, y, al hacerlo, no hago más que exigir el valor de mi mercancía, como todo vendedor.
C. Marx. El Capital, Tomo I, Capítulo 8. “La jornada de trabajo”.

El desafío de la LCPA

En la medida en que no pretende imponer los precios, sino convenirlos, la Ley Constitucional de Precios Acordados (LCPA) implica el reconocimiento por parte del Estado de que no puede establecerlos unilateralmente y valiéndose únicamente de la fuerza de la ley. Con esto el éxito del Programa de Precios Acordados (PPA), al que sirve de soporte la LCPA, depende de la cooperación voluntaria del capital nacional y transnacional, en particular de los sectores que tienen una influencia decisiva en la economía.

Aunque, según el artículo 12 de la LCPA, el Poder Ejecutivo tiene potestad para dictar los precios de los rubros que considere prioritarios, valerse de esto significaría que las negociaciones han fracasado, por lo que el artículo debe considerarse como el enunciado de un último recurso, suerte de garantía con la que el Estado siente que necesita dotarse en caso de que no se lleguen a acuerdos o estos se incumplan.

Sí es un hecho notable el que la LCPA haga vinculantes para todos los capitalistas involucrados en la importación, producción, distribución y comercialización de los productos priorizados, los acuerdos suscritos por lo que necesariamente tiene que ser solo una porción del empresariado. Esto implica que el PPA no apuesta solo a una baja de los precios mediante un aumento de la oferta y otros incentivos, que no es una política de estímulos pura, basada en el consentimiento del otro. Por eso será más efectivo en la medida que convoque a la parte decisiva del capital. De lo contrario, el Estado se verá obligado a recurrir a la violencia jurídica para meterlo en cintura.

El principal estimulo económico que puede ofrecer el Programa para granjearse el interés de los capitalistas es el ofrecimiento de incentivos a la inversión privada, de los cuales el más atractivo parece ser el subsidio directo mediante la asignación de divisas.

En lo que sigue se investiga en qué medida los incentivos que ofrece la LCPA y el PPA serán suficientes como para que el capital abandone su política inflacionaria y de cierre, con la cual, y a pesar de los riesgos, no le va mal ni económica ni políticamente. Además se tratará de determinar si la política de control de precios de las mercancías básicas es favorable para las clases asalariadas.

La LCPA el capital y el costo del trabajo

La principal interrogante económica que enfrenta el PPA es si el Estado dispone de suficientes divisas para impactar de forma efectiva y más o menos inmediata la oferta. Esto bajo la premisa de que si pudiese ofrecer suficientes a “buen precio” podría atraer a los capitalistas motivados por lucro.

Todo el mundo sabe que, desde un punto de vista económico, los estímulos, para ser atractivos, deben superar los costos de producción, incluidos los de reposición (según los estipula la LCPA) y además prometer una ganancia apetecible. En todo caso, lo que es seguro para Venezuela, porque nuestros empresarios no se cansan de repetirlo, es que “no invertirán a pérdidas”.

Por ende, para saber si al capital le parecerán atractivos los estímulos económicos que se le ofrecerán y tener una idea de la cuantía de la inversión pública necesaria para cumplir los fines jurídicos de la LCPA, es necesario tomar en cuenta el precio del trabajo. Aunque en la actualidad las remuneraciones a los asalariados son irrisorias en relación a los precios, y lo mismo sucede en relación a sus respectivos aumentos, el empresariado nacional argumenta que la legislación actual sobre el trabajo, aunada a la vigencia de la inamovilidad laboral y los aumentos del salario mínimo, componen una gran porción de los costos de producción, o, si se quiere, encarecen el precio de la mercancía trabajo.

Por otra parte, la LCPA estipula la participación de los representantes de los trabajadores en las negociaciones, pero esto no garantiza nada. Si estos exigiesen aumentos en sus beneficios, o lo que sería lo mismo, mayor participación en la distribución del precio que se acuerde, entonces este último tendería al alza y el capitalista solo encontraría alivio para su desinterés en una abundante asignación de divisas y otros estímulos. La manera como los sindicatos y otras organizaciones obreras podrían contribuir a la disminución de los costos de los capitalistas es sacrificando los derechos de los trabajadores a los cuales representan.

Claro que una baja en el precio de las mercancías reguladasi supondría para los trabajadores que su retribución por el trabajo tiene mayor valor. Es decir, si los precios bajasen sería lo mismo que si subiesen los salarios, o si los primeros se estabilizasen, por lo menos, el salario dejaría de perder su poder de compra. Pero el primer caso es poco atractivo para los capitalistas, pues quedarían en las mismas. El segundo sería, por supuesto, mucho más llamativo, pero implica que los trabajadores acepten el sacrificio de sus derechos y beneficios, con lo que se legitimaría el actual estado de cosas en el cual el capital es quien lleva la voz cantante.

Es importante señalar que el aumento del precio del trabajo no necesariamente tiene que suponer pérdidas para los capitalistas, y de hecho hay ejemplos históricos y aportes teóricos que sostienen que mediante el aumento de los ingresos de los asalariados (aunado a otras políticas) el capital puede sacar ganancias mientras la población mejora su nivel de vida. No obstante, en la situación presente no parecen estar dadas las condiciones para que el capital acepte este tipo de políticas. Aunque se pudiese subsidiarlo de tal modo que los costos del trabajo le sean aceptables, la situación política resultante no le favorecería en lo absoluto y menos con relación a la situación actual en la que, reiteramos, lleva la voz de mando.

Las objeciones políticas del capital a las políticas de regulación de precios

Como es sabido, por lo general el capital, grande o pequeño, y sus representantes intelectuales, son reacios a cualquier intervención del Estado en la economía, y lo son incluso cuando las aceptan y todavía cuando las promuevenii. Pero lo verdaderamente relevante es que se oponen a ellas aun cuando favorezcan una alta tasa de ganancia.

Si se ven forzados a aceptar tal cosa es porque se dan determinadas condiciones. No entraré en las condiciones económicas sino para señalar que están asociadas a la necesidad que tiene el capital de estímulos cada cierto tiempo. Interesan las causas políticas. Para lo que sigue me baso en el artículo “Aspectos políticos del pleno empleo” de Michal Kalecki. [3]

Se desprende del texto de Kalecki que de todas las formas de intervención estatal en la economía los controles de precios son los más odiados por el empresariado. Según el autor, cuando al capital le toca aceptar la intervención estatal prefiere, primero que nada, el estímulo a la inversión privada; luego, ya con cierta preocupación, pero también expectativa a futuro, la inversión pública en infraestructura y otras áreas de la economía que el capital no pueda explotar de momento (salud, educación, transporte), por último, tolera, con dificultad, el subsidio directo al consumo.

El estímulo a la inversión privada, es decir, las rebajas a la tasa de interés, la disminución de los impuestos al ingreso, y, en particular, el subsidio a la inversión privada, molestan menos al capital en tanto que el mismo es el “conducto de ejecución de la intervención”. Lo importante sería que se le permitiera la mayor libertad de disposición sobre los incentivos que obtiene, porque así seguiría siendo el amo plenipotenciario de sus negocios. Alegará, sin embargo, según se trate de una porción del capital que se beneficie o no con la política, que los estímulos deben otorgase de forma transparente y sin favorecer a unos capitalistas sobre los otros.

La inversión pública en infraestructura le molesta casi siempre porque podría implicar la intrusión del Estado en nuevas esferas de actividad económica y con esto una competencia estatal “desleal”, es decir, con motivaciones políticas. Sin embargo, no siempre ve con malos ojos este tipo de inversión, sobre todo en la medida en que calcula que en un futuro próximo sería factible adquirirla para el usufructo propio.

Por último, el capital afirma que los subsidios masivos son un desperdicio de dinero. No le gustan porque además de aumentar el precio del trabajo, disminuyen la disposición de los trabajadores a fajarse para otros por poca cosa.

Según Kalecki, los tres tipos de medidas definen la política de pleno empleo y serían sostenibles en el tiempo (en realidad la primera es la más insostenible) sin que esto contravenga las ganancias de los capitalistas ni los intereses de los trabajadores. No entraré en el detalle de cómo esto es y ha sido posible, ni de los límites de estas políticas. Lo fundamental es la idea de que no es solamente por motivos económicos que el capital se opone a la intervención pública. Para él cualquier forma de intervención supone una disminución de su poder de mando sobre la economía, cuestiona su derecho a dirigir soberanamente sus negocios.

Pero, aunque hay condiciones donde el capital aceptará estas medidas, las regulaciones jurídicas en materia de precios son radicalmente rechazadas. Si este rechazo se debe a una caída de sus ganancias, es discutible. Sin embargo, es seguro que la aversión tiene un potente estímulo en que reduce a un nivel inaceptable sus prerrogativas políticas.

Las políticas señaladas por Kalecki, si bien suponen una intervención del Estado en la economía, no necesariamente implican una limitación directa de las actividades de los capitalistas. No se basan tanto en la capacidad de obligar que tiene el Estado, como en la de estimular al capital. Pero los controles de precios necesariamente obligan al empresario a limitar sus apetencias mientras limitan su capacidad de mandar y decidir sobre lo que considera sus predios.

No solo se trata de las limitaciones al derecho de comprar y vender según la propia conveniencia, sino del más fundamental a mandar y disponer libremente sobre la mercancía trabajo. Y es que en la mente de los capitalistas los empleados no son solamente un costo de producción más, cuyo precio debe ser el más bajo posible. Aunque lo nieguen, son conscientes de que el trabajo obediente es lo que hace posible el incremento de valor sin el cual no hay manera de hacer negocios.

Si el Estado pone leyes que protegen el salario y concede otros beneficios a los trabajadores, no solo impone una carga económica al capitalista, sino que además le desordena el patio, cosa que ya se haría de manera indirecta con el subsidio a las masas, la inversión pública, e incluso con el estímulo a la empresa privada [4]. Pero en la medida en que el Estado reduce por vía legal el poder de disposición del capitalista sobre el trabajo, confiriéndole derechos, el trabajador se vuelve mucho menos dócil, ya que puede, por ejemplo, exigir y negociar compensaciones por su despido, y en lo que le sea posible valerse de la ley para torcerle el brazo al patrón. La cosa se vuelve verdaderamente intolerable si el Estado, además de dificultarle al capital su potestad para prescindir del trabajo cuando y como le plazca, se la quita de un plumazo. Si el despido es la principal arma del control político del capital sobre el trabajo, la política de inamovilidad laboral le resta potencia a su arsenal.

Si a las regulaciones y controles del precio del trabajo le agregamos la de los bienes de primera necesidad o cualquier otro importante, entonces ya al capital no le queda de otra que rebelarse. De una parte no puede “recuperar” con los precios lo que tiene que invertir en los costos del trabajo. De la otra siente que si no tiene manera de demostrar quién es el que manda terminará trabajando “él” para sus empleados.

La política del capital frente a la LOTTT y LCPA

La entrada en vigencia de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), junto a los decretos de inamovilidad laboral y aumentos de sueldo, implican un conjunto de regulaciones al precio del trabajo y además abren cancha a los asalariados para que peleen por sus derechos. Más allá, la ley orgánica abre una posibilidad del todo catastrófica para los capitalistas. En sus dos últimos artículos habilita a los trabajadores para participar como decisores en la gestión de las empresas.

La oposición de nuestros capitalistas contra ella fue desde el inicio decidida: “La única manera de asumir los costos de la naciente LOTTT es trasladarlos a los precios y en consecuencia se elevará la inflación” [5]. Hablaba el expresidente de Fedecámaras Zulia en 2012, Francisco Martínez.

No es porque Martínez, quien luego fuera presidente de la patronal nacional hasta 2016, domine a cabalidad la ciencia económica que en la actualidad parece tener dotes de adivino frente a la inflación. Lo que enuncia es la política del capital en contra de la política laboral. La política inflacionaria del capital no solo trata de transmutar “pérdidas” en ganancias, también busca quebrar la voluntad estatal y disciplinar a los trabajadores.

El hecho de que la política basada en tolerar retribuciones altas al trabajo a cambio de precios altos está llegando a su fin, en la actualidad se expresa en los últimos lineamientos que esbozó el ahora expresidente de Fedecámaras. Según Martínez, la patronal se “declara en emergencia” porque consideró que para 2017 “las empresas presentarán dificultades para generar empleos con salarios dignos”. Para remediar esta situación propuso “la revisión de la LOTTT, de la política salarial, de la inamovilidad laboral, del procedimiento de calificación de despidos, del tiempo de descanso continuo en la jornada laboral, de la seguridad social, los planes de formación y capacitación técnica para los trabajadores y la tercerización”.[6]

Con respecto a la LCPA la posición de Fedecámaras se resume en la sentencia: “No se puede obligar a nadie a producir a pérdidas”. Claro que hay que entrecomillar la palabra “producir” o sustituirla por “invertir”. Esta consigna tiene un mensaje claro: anuncia la combinación de la política inflacionaria con la del desabastecimiento de los productos, y amenaza con la mayor medida de fuerza de que dispone el capital una vez que se ha apoderado de la oferta: el cierre de sus empredimientosvii. El capital considera, además, que la LCPA es un retroceso frente a la Ley de Precios Justos (LPJ), ya que con aquella podía a fin de cuentas poner los precios que quisiese.[7]

El resultado de la política inflacionaria ha sido contundente. Ha hecho trastabillar, al punto que parece inválida, la política gubernamental de precios accesibles para la gente, y destruido la retribución al trabajo.

¿Cuánto le vale al capital aceptar la LCPA?

La LCPA supone que es posible llegar a acuerdos con una parte del capital en una mesa a la que además se sentarán representantes de los trabajadores, las comunas y el Poder Ejecutivo (mediante la Vicepresidencia que asume funciones técnicas).

¿Cuánto querría un capitalista por aceptar la pérdida de su poder de mando? Más aun, ¿cuánto le valdría esta pérdida en una situación como la presente, en la que le tiene el brazo torcido al trabajo –calando con fuerza la idea de que los aumentos salariales y otros beneficios solo empeoran la situación–, y en la que controla efectivamente buena parte de la oferta, pudiendo así sacar ganancias exorbitantes a los asalariados y al Estado mientras demuestra a ambos quién tiene efectivamente el control sobre la economía? Parece que eso no tiene precio…

¿Por qué participar en una mesa así significaría para los patronos una derrota política? Suponiendo que los sindicatos presionen para una disminución de los precios y las comunas asuman la aptitud de vender barato comprometiéndose en un programa intensivo de aumento de la producción, entonces el capital: 1) Se vería forzado a retroceder frente a los asalariados, quienes le impondrían que asuma el precio del trabajo y que soporte las limitaciones a su derecho de disposición sobre el mismo. 2) Encontraría en la producción comunera un competidor imbatible. En la medida que las comunas pujaran por su autonomía, el capital encontraría incluso algo mucho más peligroso que la competencia estatal, algo que verdaderamente podría llamarse competencia socialista. 3) Para colmo, aceptaría que el Estado, con su cara de póker técnico, apoyase todas estas intromisiones en sus exclusivos predios. Un acuerdo de precios así significa la sumisión política del capital. En la medida en que el Estado apoye las condiciones que el trabajo y las comunas imponen a los patronos, para estos últimos no tendría ningún sentido una “alianza” con aquel, pues tales acuerdos suelen tener como sentido el aplastamiento o domesticación del trabajo y de cualquier forma de economía que desafíe su control de la economía.

La única manera de pensar una alianza en estas condiciones pasa porque el capital y el Estado estuviesen fundidos, fuesen una unidad de propósitos. No nos referimos a la situación en la cual el Estado tiene empresas públicas, sino aquella en la cual la distinción entre lo público y lo privado se hace opaca y deja de existir. Nos referimos a la situación en la que el capital es tan dependiente de las decisiones y financiamientos del Estado que se confunde con él, mientras los funcionarios públicos son servidores atentos de los capitales que patrocinan. Tales circunstancias explicarían las razones por las cuales una parte del empresariado ha decidido participar en el proceso de acuerdo de precios. La cuestión sería, entonces, saber si esa porción es la decisiva. En una situación como la planteada cabría esperar que los representantes del trabajo se comprometan a una política de paz laboral traidora a los intereses de sus representados. Por otra parte, sería difícil explicar qué hacen las comunas allí a no ser que fuesen un simulacro de economía socialista, una mera extensión del capital público.

Pero también existe la posibilidad de que el capital dispuesto a acordar precios no busque ninguna alianza sino ganancias más o menos rápidas. Una vez acordados los precios el problema que se le plantearía a esta parte del capital es el de resolver lo más diligentemente que pueda la transformación en divisas de los bolívares que haya obtenido mediante la inversión de los incentivos. Si el Estado lo apoya hace su agosto, si no se verá “obligado” a recurrir al dólar ilegal, lo que lo empujará al alza. Como es sabido, las expectativas y acciones del empresariado dependen mucho de lo que considere será la situación financiera y política del gobierno. Si le parece que no da para futuro se verá estimulado a cuanta villanía considere necesaria para sacar su ganancia. Lo incentivará mucho más la posibilidad de que la oferta de la mercancía que posee y que ha “producido” barata, caiga como consecuencia de los acuerdos en los que participa. El hecho de que haya dinero en la calle por los beneficios laborales de diciembre, lo impulsará aún más a moverse con premura y así, considerando siempre aquello que lo estimula en contraposición de lo que le costaría obtenerlo, resolverá sus dilemas.

Como actuará la otra parte del capital lo sabemos porque ya lo anunció. Le bastará, de momento, con esconder su mercancía y especular mientras mantiene la amenaza del cierre.

De la aplicación de la LCPA y el desarrollo del PPA

Con respecto a la aplicación de la LCPA y al desarrollo del PPA es necesario preguntarse, antes que nada, cómo fue posible que se convinieran los precios de forma tan expedita. La explicación de este milagro puede estar en el detalle de las negociaciones, por lo que es importante conocerlo: ¿qué capitales fueron beneficiados?, ¿son “nacionales” o transnacionales?, ¿grandes o chicos?, ¿de quiénes se trata en concreto?, ¿cuáles fueron los estímulos concedidos y en qué condiciones?, ¿las comunas participaron como productores o consumidores o como ambas?, ¿qué grado de automomía tienen estas?, ¿en cuanto a la inversión pública y la concesión de incentivos, se les dio el mismo trato que a la empresa privada?, ¿se le concedieron divisas, por ejemplo?, ¿qué sindicatos en específico participaron y cuál fue su posición considerando el peso que tiene el trabajo en la determinación de los costos de producción?, ¿qué dictaminó la Vicepresidencia desde el punto de vista técnico en cuanto a los costos de producción y el proceso en general?

La evaluación de la LCPA en lo que lleva de vigencia, y del programa que implementa, debe tomar en cuenta que su aplicación comporta una forma determinada de distribución de la riqueza pública.

En la medida en que la guerra económica se entiende como una pugna por la apropiación, tanto de la riqueza derivada del monopolio estatal sobre los productos del subsuelo, como de aquella producida mediante el trabajo, la LCPA implica una toma de posición en esa pugna. Lo importante aquí es si favorece a las fuerzas productivas alternativas o al capital o a una porción de este. Luego hay que saber en qué medida favorece a capitales íntimamente ligados con el Estado. Por último, en qué grado favorece al trabajo por sobre el capital.

¿Es la LCPA favorable a los asalariados?

La LPJ representó un triunfo para la concepción de justicia del capital, claro que relativo dadas sus apetencias políticas y económicas. Representó, por otro lado, un punto de inflexión en tanto que expresaba el reconocimiento velado por parte del Estado de su impotencia frente a los precios, o, si se quiere, de su dependencia relativa del capital no estatal en general. Aunque no era esa la finalidad jurídica de la LPJ con ella los empresarios podían fácticamente fijar a placer el precio que consideraran justo y también actualizarlo, mientras que el Estado podía “dejar hacer”. Por su parte la LCPA reconoce de forma abierta que no puede imponer los precios y que quiere llegar a acuerdos, pero igual intenta imponerlos. Para comprender esto la clave está en el hecho de que universaliza a todo el capital los resultados de unas negociaciones con una porción suya. También, en la medida en que la fijación del costo de producción tiene lugar con base en criterios técnico-políticos y no según la opinión exclusiva del capital. Lo mismo sucede para la actualización de precios. En síntesis, la LPJ permitía un “dejar hacer” al capital, mientras que LCPA exige la actuación gubernamental con la violencia jurídica como medio. Parece entonces que en realidad la LCPA es mucho mejor para las masas asalariadas que su predecesora. Pero esto no es así.

En la actualidad, la principal objeción a la fijación estatal de precios de los bienes básicos está en que es imposible para las autoridades hacerla cumplir. Nada hará para mejorar esto el que se cree el sistema informático de control de precios más blindado e inteligente del mundo, puesto que el principal problema que tiene la aplicación de LCPA y el PPA es de orden político y no técnico ni tecnológico. En la medida en que los procesos de fiscalización sean inefectivos, porque el Estado no cuenta con la capacidad de llevarlos a cabo de forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, o porque a los poderes fácticos que lo controlan no les interesa hacer esto (dado que tiene compromisos con la parte del capital que se verá afectada y/o con la que se verá beneficiada), los resultados de la aplicación de la ley (acaparamiento, especulación y amenaza de cierre) serán contrarios a las clases trabajadoras.

En el mismo sentido, en la medida en que buena parte del capital se opone a la LCPA y al PPA, y no solo los grandes capitales, sino también muchos de los pequeños, incluidos aquellos que están en el extremo de las cadenas de comercialización, estos instrumentos gubernamentales funcionarán como unificadores de la voluntad política de los capitalistas, pero no sucederá lo mismo con los trabajadores, considerados como consumidores, a los cuales se les atribuye una función meramente policial, esto es, de apoyo y subordinación a las instituciones encargadas de fiscalizar los precios.

Ciertamente la LCPA pretende disciplinar al empresariado, no solo mediante la acción fiscalizadora de la fuerza pública y las autoridades, sino también del pueblo. Pero de esto no se desprende una politización de los asalariados, sino su transformación en parte del aparato policial encargado de vigilar los precios. En tal sentido es un hecho notable que se apueste por juramentar fiscales populares. Esto no revela una voluntad política de apoyar las luchas del pueblo, de empoderar a la gente. Revela más bien el temor a que el pueblo actúe motus propio, como soberano que es, sin pedirle autorización a nadie frente a los precios. Si un ciudadano cualquiera o conjunto de estos se planta frente a un comercio para exigirle al especulador que venda la mercancía y que la venda al precio que dicta la ley, estamos frente a una situación en que chocan ciudadanos con iguales derechos. Por más que los ciudadanos que encaren al capitalista, y posiblemente a sus empleados, lo hagan armados del texto de la LCPA y de la misma constitución, ante la negativa del otro llegará el momento en que no les quedará de otra que pegársela por la cabeza para que, entonces, comience la verdadera violencia. Sin embargo, si la concentración de gente es suficientemente grande y amenazadora y los empleados del capitalista son cimarrones y no lo apoyan, es posible que el empresario acceda incluso a sacar la mercancía que tenía engordando. En cualquiera de los dos casos el emprendedor optará por el cierre, y a la gente no le quedará de otra que organizarse mejor y tomar el establecimiento. Entonces se habrá cumplido una fase de la abolición del capital por las masas. Claro que antes de que eso ocurra también es posible que el empresario llame a la fuerza pública y que para sorpresa de todos esta se ponga en contra de la gente que defiende las leyes. También lo es, que ante una situación de tumulto más o menos generalizado el Estado se vea obligado a reprimir a quienes promueven el cumplimiento de las leyes. Por todo esto la única manera en que el Estado piensa que puede disciplinar al capital es haciendo crecer su policía. Ganaría con esto, además, el disciplinamiento de las masas.

Pero si el proceso de fiscalización funcionase bien (prescindiendo de la acción popular) pasaría algo parecido. Llegado cierto punto habría que recurrir a legislar para obligar a los capitalistas a invertir, esto es, a prestar sus medios de producción para una finalidad diferente a la acumulación propia de capital. Una legislación como esta estaría a un paso de abolir el capitalismo… ya que implicaría limitar los derechos del capital a disponer como le plazca de lo que aún domina de su capital constante. Ya no decidiría a satisfacción sobre el trabajo y tampoco sobre los precios de las mercancías producto de aquel. Solo le quedarían los medios de producción y su dinero. Pero con la nueva legislación tendría que prestar ambos para perpetuar lo que consideraría su subordinación al Estado y en menor grado a los trabajadores. En la situación definida por la aplicación de esta triple tenaza solo faltaría expropiar de forma absoluta y monopolizar los medios de producción para ejecutar la orden de caducidad del capital privado en favor del público.

Si todo esto es poco factible la razón está no solo en la oposición que el capital viene haciendo y que radicalizaría. También está la falta de voluntad política del gobierno y las demás autoridades, buena parte de las cuales no parecen demasiado interesadas en acabar con el capitalismo a plumazos y menos en que la resultante de su praxis política sea algo diferente a un capitalismo de Estado, es decir, un socialismo comunal. En cuanto al pueblo, confieso que desconozco qué piensa en su gran mayoría, pero sería interesante conocer cuántos están dispuestos a avanzar en cualquiera de las direcciones propuestas.

¿Qué hacer?

De lo dicho se desprende que las iniciativas que apuntan al control de los precios de las mercancías de primera necesidad parecen o inviables y/o perversas.
De una parte la idea de acordar o convenir los precios choca con la negativa de buena parte del capital que, por razones económicas y políticas (fundamentalmente), no tiene nada que ganar y sí mucho que perder. Sobre todo porque en la actualidad y mediante la política inflacionaria ha logrado tirar por el piso los ingresos de las clases trabajadoras para luego pisotearle sus derechos.

De la otra parte, la alternativa restante, valerse del monopolio estatal de la violencia legítima para forzar a los capitalistas a que fijen determinados precios, es prácticamente inaplicable y contraproducente pues el Estado no tiene la fuerza o la entereza para llevarla a cabo.

La condición para que el capital aceptase la intervención en la economía mediante una política de estímulos estaría en que el Estado adoptase definitivamente la liberación de los precios de las mercancías de primera necesidad y, fundamentalmente, la liberación de los precios del trabajo, esto sería, la implementación abierta de una política de paz laboral. También pediría la eliminación de ese odioso competidor en el terreno político y económico que son las comunas, y la privatización parcial o total de lo público que considere maduro para el usufructo privado. Le seguirían siendo atractivos los estímulos directos a la empresa privada y puede que, no sin asco, algunos subsidios directos al consumo.

Por lo visto, será fácil lograr que el capital en su conjunto coopere.

No obstante es imperativo prescindir, al menos por el momento, de cualquier política de imposición universal de precios. Si el Estado debe abandonarla esto es porque no puede hacerla cumplir. Lo anterior no significa que no deba intervenir en la economía mediante una política de incentivos. Puede y debe financiar la producción de determinados rubros, incluso haciendo convenios con algunos capitales privados, pero principalmente con las comunas que son productivas y autónomas, pero también con otras formas alternativas de organización económica que cumplan con las mismas características. Es decir, tiene sentido tratar de tirar los precios para abajo, principalmente mediante el incremento de la oferta comunal y en alianza con una parte del capital, pero no lo tiene imponer un precio de forma universal. Esto no implica tampoco abandonar la lucha política por precios bajos como una cuestión de justicia, sino prescindir de una herramienta gubernamental que termina por funcionarle bien al capital en general, y en particular a aquel que, amándolo u odiándolo, tiene vínculos con el Estado.

Pero liberar los precios de las mercancías en cuestión no traerá como consecuencia –al menos no inmediata– una estabilización de los precios, y menos un apaciguamiento de las expectativas políticas del capital. Aún así exigirá que se le devuelva su control político sobre la economía, para lo cual el Estado tendría que abolir los límites jurídicos a la disposición de la fuerza de trabajo por parte del capital.

Con respecto a la política inflacionaria que llevan adelante los patronos, en teoría, habría que buscar la manera de que sirva contra sus mismos intereses. Por eso las políticas de estímulos, en el sentido señalado arriba, tienen un papel que cumplir, pues redundan en una competencia de precios. Más allá de la economía, en el terreno político, hay que buscar la manera de traer al frente, de poner en primer plano, la contradicción entre capital y trabajo.

Por eso preocupa que las políticas que regulan el precio del salario, mediante la limitación del derecho del capital a disponer de él y el aumento de sus ingresos y otros beneficios, han venido siendo en los últimos tiempos insuficientes. Se hace notar, por ejemplo, que desde hace un tiempo para acá la parte más significativa de los aumentos no tiene consecuencias sobre los beneficios del salario. Parece que la idea de dignidad del ingreso laboral es interpretada unívocamente según los conceptos de justicia del capital, como si el trabajo fuese meramente un costo más de producción o, si se quiere, negando su cualidad privativa de ser la fuente de todo valor. Es un dato significativo que, según el Ministerio del Trabajo, los conflictos laborales han disminuido drásticamente desde 2014, por lo cual es necesario preguntarse en qué medida los patrones están cumpliendo con los lineamientos de la LOTTT y las otras leyes que protegen al trabajo, también, en qué grado las instancias públicas de defensa de los trabajadores están funcionando, y por último, en qué medida los trabajadores, organizados o no, están luchando por sus reivindicaciones laborales.

Después de todo hay una diferencia radical entre las mercancías de primera necesidad y el trabajo. Este último tiene, además de la facultad de crear valor, la de rebelarse y luchar contra el capital con base en los derechos que su esfuerzo le confiere. Puede exigir una compensación más alta por su trabajo o también la abolición del trabajo explotado y subordinado. La LOTTT brinda los instrumentos para ambos tipos de lucha. Frente a la política inflacionaria los asalariados pueden valerse de la denuncia, la protesta y en última instancia de la huelga, frente al cierre pueden valerse de los dos últimos artículos de la ley que habilitan el control obrero.

Puesto así, las posibilidades de que sea el trabajo quien enfrente las apetencias políticas del capital pasan porque las autoridades abandonen su política de paz laboral relativa y adopten la contraria. La política del gobierno en esta materia debe fortalecer las instituciones donde se resuelven las diferencias entre el trabajo y el capital a favor del primero. Además la política de aumento del salario debe adecuarse a la ley y tender a su indexación al alza de los precios como medida de presión contra la política inflacionaria. Esta bajo el entendido de que el trabajo defenderá sus ingresos.

El trabajo como sujeto político y la política del capital

La existencia de un asalariado se basa en la aceptación de que vende su fuerza de trabajo y con esto dona parte de su producción al capitalista, a cambio de un salario y otras compensaciones. Esto implica el reconocimiento de que la mercancía producto de su esfuerzo es, pese a todo, del capitalista. Este es el negocio en el que el asalariado sabe que se mete cuando acepta trabajar para otro. El llamado control de precios quiere regular lo que es del capitalista, las mercancías producto del trabajo, las políticas en pro de mejores compensaciones por el trabajo abren la puerta a la lucha por lo que es considerado por cada cual como derecho propio: la compensación por la capacidad de hacer de sus nervios, músculos y cerebros una maquina de producir valor. Claro que existen diversos grados de conciencia política en cuanto a la situación asalariada, pero lo importante de esto es que la LOTTT brinda instrumentos de lucha, no al Estado que está allí como juez, sino a los asalariados, y esto independientemente de su nivel de conciencia política.

El epígrafe que preside este escrito mienta un momento de la lucha entre el capital y el trabajo. Expresa más que la toma de conciencia del trabajador frente a la explotación (aquella explotación particular, basada en la extensión de la duración de la jornada de trabajo) el instante en que el asalariado confronta al patrón y es singular que lo haga, no en términos de la abolición del capital, sino del cumplimiento de la ley del intercambio de mercancías. ¿Cuánto vale, pues, nuestra fuerza de trabajo?, ¿cuánto vale en relación a lo que saca el capitalista?, ¿vale lo que nos paga?, ¿vale lo que nos paga en relación a lo que nos cuesta mantener las condiciones para la continuidad de la vida? Estas preguntas quizás estén a la saga de las posturas más radicales, pero en el momento actual tienen mucho más relevancia que aquellas para la activación política de las clases asalariadas.

El problema con la LCPA es que su sujeto es en última instancia el capital, al que hay que estimular o reprimir, en cambio el sujeto de la LOTTT son las clases asalariadas y la cuestión de qué posición tendrá en las luchas presentes y por venir.

Por otra parte, el asalariado puede luchar también por la baja del precio de las mercancías que le son expropiadas no bien se entrega al proceso de producción. Pero puede hacer esto mejor como productor que como consumidor, es decir, luchando por sus ingresos antes que por los precios de los productos que consume. Incluso se dirá que la potencia política de las organizaciones de consumidores no está en vigilar el acatamiento de los precios, sino en su capacidad para comprar al mayor y prescindir de intermediarios y de esta manera afectar la oferta. Todo esto implica juntar ingresos y un trabajo de lo cual se puede concluir que las organizaciones de consumidores funcionan en tanto que productoras.

Para que la política de regulación de los precios del trabajo sirva a los intereses de los asalariados tiene que forzar a los empresarios a luchar directamente con el trabajo. Para esto es necesario abandonar la política de paz laboral relativa que sostiene el gobierno y demás autoridades. Tal opción les plantea un problema, porque implicaría el recrudecimiento de la hostilidad entre patronos y trabajadores. Esto hace preguntarse por el papel que están jugando los sindicatos en la actualidad, tanto aquellos que apoyan al gobierno como aquellos que lo adversan: ¿sirven a la paz laboral o a su contrario? También obliga a preguntarse si existen sindicatos y organizaciones obreras de otro tipo que cumplan con la condición de autonomía en cuanto a sus decisiones políticas. Pero, en todo caso, el conflicto entre capital y trabajo ya está en la calle y la cuestión no solo es cómo, cuándo y dónde se manifestará, sino fundamentalmente quién lo protagonizará e impulsará, si el empresariado o nosotros, los asalariados.

Puede ser aventurado, pero en la actual coyuntura parece que están dadas las condiciones para que sea el capital quien lleve la batuta, lo cual se realizaría principalmente radicalizando aún más la política inflacionaria y la huelga de inversión con un lock out patronal.

Para terminar, dos cosas: la primera es que nada de lo propuesto traerá como consecuencia una mejoría inmediata de la situación y menos si esto se entiende como una vuelta al nivel de vida que se tenía por allá en 2011 cuando, para poner un ejemplo, los caraqueños nos dábamos el gusto de quemar el Ávila en navidad y año nuevo a punta de dispendiosos fuegos artificiales. La tan anhelada recuperación económica –entendida como la recuperación de los ingresos de los trabajadores– no tendrá lugar sin lucha política. Las propuestas hechas persiguen llevar la lucha a un terreno más favorable para la causa popular.

La segunda, es que este escrito parte de una tesis: la política inflacionaria del capital ha sido exitosa procurándole grandes ganancias mientras debilita las políticas del Estado y aplasta a los trabajadores. Sin embargo, no se analizan aquí los límites propios de esa política, es decir, en qué medida es sostenible para los capitalistas, en qué medida ya no está llegando a su fin por los obstáculos que ella misma va creando a la acumulación de capital. Si la lucha autónoma por las retribuciones del trabajo, con el Estado como garante de la ley, puede torcerle el brazo al capital es cosa que está por verse.

Notas y referencias bibliográficas

[1] Según lo que va de la aplicación de la ley está ha establecido precios más bajos, para el momento de su entrada en vigencia, que los de la calle.

[2] Esto es patente en Venezuela al respecto de Fedecamaras en la década de los sesenta. Como puede verse, por ejemplo en la Carta de Merida de 1962, la patronal exige a la vez máxima libertad de acción para el empresariado (la no intervención del Estado en economía), pero en el marco de una política estatal que fomente la acumulación de capital mediante el gasto público, el subsidio de la inversión privada, la exoneración de impuestos, la participación de capital privado en la naciente Cooperación Venezolana del Petróleo, etc.

[3] http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/21/pdfs/KaleckiOlaFinanciera21.pdf

[4] Esto porque todas redundan en un aumento en la demanda del trabajo lo que lleva a su encarecimiento.

[5] https://www.aporrea.org/actualidad/a142998.html /// http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120430/persisten-criticas-en-torno-a-la-promulgacion-de-la-nueva-lot

[6] http://globovision.com/article/fedecamaras-afirma-que-apuesta-al-dialogo-social-tripartito-en-el-pais

[7] http://efectococuyo.com/economia/consecomercio-y-fedecamaras-preven-cierre-de-negocios-tras-fiscalizaciones-de-la-sundde

[8] http://www.bancaynegocios.com/ley-de-precios-acordados-consideraciones-y-como-prepararse-para-su-aplicacion/

10 Comentarios en Ley de Precios Acordados. El trabajo y la política del capital

  1. Saludos Lenin.
    Con respecto a los planteamientos esbozados, le invito a reconsiderar la propuesta que alguna vez le mencioné sobre la pertinencia de decretar la indexación periódica de todas las escalas salariales a la tasa real inflacionaria, como fórmula para encontrar el equilibrio entre los precios y los salarios, en el sano espíritu del ganar-ganar. Por supuesto, para ello se requiere de apertura ante fundamentos teóricos no convencionales que no han sido del todo desarrollados por la negativa de parte de intereses en su constante lucha para hacer prevalecer corrientes ideológicas inclinadas a favorecer a una de las partes en perjuicio de las otras.

    Para que se comprenda mejor le dejo un enlace que es bastante explicativo.

    Competencia vs Cooperación. Una mente brillante.
    https://youtu.be/PSKQ-egVQbM

    • Estimado Alexander Riera, la verdad es que no creo que una medida como un decreto de indexación del salario a la inflación sirva. Brevemente le diré que un decreto así adolecería de mismo problema que las regulaciones de precios. Es difícil hacerla cumplir e incluso de implementarla. La política de indexación deben llevarla adelante los asalariados y el Estado lo que debe hacer es potenciarla y dejar de ponerle trabas, lo que se traduciría en la autonomía de los trabajadores. Es curioso, pero parece que cada vez que el gobierno sube los salarios los trabajadores ya no deben luchar por sus beneficios en sus espacios concretos. A veces me parece que, tal como están planteados los aumentos en la actualidad, son más una medida de contención de los trabajadores que otra una medida de justicia social. Esto no quiere decir que el gobierno no deba actuar en el sentido de subir el salario mínimo de tal modo que se acerque o incluso supere, a la inflación, pero además, el gobierno quiere presentarse como el que dictamina la política de los trabajadores y exclusivamente los representa. “yo decido sobre los ingresos de los asalariados”, ese es el mensaje básico. En el mismo sentido no se ve muy claro que papel juegan los sindicatos en la lucha en cuestión. Una política no puede ser popular sino es impulsada por un sujeto popular y el resultado de la actual parece ser y haber sido, el debilitamiento de la autonomía de los sectores populares (los asalariados en nuestro caso) en sus luchas. Por otro lado no veo como sería posible una solución ganar-ganar en este contexto. La indexación vía decreto o vía clamor popular traerá como consecuencia la hostilidad de los capitalistas. Si viene del Estado sería, al menos, un mensaje a favor de la causa asalariada pero todo dependerá de cómo y de si el trabajo es capaz y esta deseoso de enfrentar al capital . Si viene de los trabajadores, ya sería otra cosa… pero la hostilidad sería la misma y a los mejor hasta contaría con apoyo estatal.
      No obstante al gobierno siempre le queda la posibilidad de hacer una consulta pública para que sea la gente quien opine sobre la política a desarrollar. Esta sería una manera en la cual activar a los asalariados, mediante un referéndum en cuanto a la política que desean que el gobierno asuma.

  2. Los líderes gubernamentales insisten constantemente en que vamos rumbo al Socialismo o que estamos construyendo “Nuestro Socialismo”…..pero observamos claramente como pretenden que los capitalistas cooperen en ese propósito, evidentemente contrario a sus intereses…..tratan de obtener esa cooperación mediante amenazas, fórmulas legales y otros artilugios del tipo “mira todo el apoyo político que tengo”…..”tengo casi todas las alcaldias y gobernaciones”….” tengo mas del 70% de los votos”….la pretensión de “domar al Capitalismo” o lograr una situación de compromiso que imponga “el Capitalismo con rostro humano”…..es una forma de eludir la construcción del Socialsmo pues no se entra en combate, no se habla de lucha de clases y las prácticas son claramente típicas de la Socialdemocracia, pero como estamos en Venezuela y es nuestro estilo, son claramente ADECAS…..¿Hasta donde y cuando llevarán los dueños de los medios de producción su política hiperinflacionaria?…..¿les permitirá rendir al Gobierno?….¿lograrán rendir al Pueblo?….¿estan jugando al estallido social que no llega y terminarán destruyendo o paralizando todo?…..seguro que con algunas decisiones políticas y unas medidas concretas no hace falta responder nada de eso y entramos francamente a la construcción del Socialismo, pero están encerrados y no oyen muchas voces que claman en este “desierto” y realizan acciones calificables como de “palos de ciego”, son un “vamos a ver que pasa si…”, en este ajedrez no hay posibilidades de éxito si no se piensan varias jugadas hacia delante. Me da la impresión de que estan esperando “que pase algo”….es la esperanza siempre azarienta de la salvación que viene de fuera, no de nuestras decisiones y esfuerzos……a lo mejor es por la costumbre aquella de esperar que suba el Petróleo…..

      • Estimado Josefino. Concuerdo con usted en que la actual política gubernamental difícilmente apunta al socialismo. Todo parece indicar que esta se basa más bien en el imperativo de conservar el poder “como sea”, lo que significa, “así sea a costa del socialismo”. Todo esto resulta en el desprestigio del socialismo y de toda forma de organización económica alternativa al capitalismo. Sin embargo lo expuesto por Colussi me parece bien ambiguo y peligroso. Es verdad que la praxis gubernamental actual puede definirse como neoliberal con rostro socialista, tal como señala Bandres, pero su aptitud (de Colussi) con respecto a la llamada “renta petrolera” no me parece políticamente coherente. El petróleo y los frutos de su explotación son un recurso público y por tanto deben ser correctamente administrados, pero la idea de que hay que “salir del petróleo” es torpe y peligrosa porque parece que hubiese que privatizar. Incluso parece como si fuésemos culpables por usufructuar (y haber usufructuado) el petróleo y otros recursos. Se puede criticar, claro está, la forma en que aquello se hizo pero siempre con miras a mejorar la distribución mantener el estatuto público de la riqueza nuestra. En todo caso los resultados de la política distributiva del presidente Chávez no son despreciables y hay que evaluarlos con tino.
        El problema es que en la actualidad (y a decir verdad también durante Chávez) no existe forma alguna en la cual el pueblo venezolano pueda participar en la distribución de la riqueza como el sujeto que toma las decisiones que orientan esa distribución. ¿Qué hacemos con el petróleo? Esa es una pregunta que el soberano debería responder. No sé a usted pero a mí cada vez me molesta más que la democracia se base exclusivamente en elegir quien nos gobierna y no la dirección que debe asumir el gobierno.

  3. instrumentar una escala movil salarial indexando los precios a la par del dolar paralelo es tan dificil como lo es remarcar los precios continuamente por parte de los comerciantes , industriales y los pocos importadores que quedan…no hay ninguna dificultad en hacer el decreto como medida de combatir a dolar today y la especulacion, pues se trataria de conservar la proporcionalidad y al lograrse por los ajustes continuos hacen inoperante la especulacion monetaria y de precios …logrado el objetivo se estabiliza la moneda y por ende todo lo demas…mas diuficil es sobrevivir e ir aal mercado con un salario minimo o con una pension de 160 mil bolivares comprar una caja antihipertensivos…los cuales ya sobre pasan con creces dicha pension. SE IMAGINA UD A LA BANCA PRESIONADA POR SUBIR LOS SALARIOS INDEXADOS ESPECULANDO CON EL DOLAR? SON CONTRAMEDIDAS A LA GUERRA ECONOMICA.

  4. Estimado Sr. Lambert yo creo que, más allá de lo técnico, y tal como Ud. dice, no es tan difícil hacer el decreto de indexación de salarios. Más sin embargo el problema no es técnico sino político, en el sentido de que una medida como esa carece de un sujeto que la impulse. La cuestión sería que haría el capital como respuesta a una medida así, pero también y más importante, qué haría la gente, nosotros los asalariados, ¿la gente estaría de acuerdo o no? Lo relevante es que en la actualidad las organizaciones sindicales y de trabajadores en general, tanto chavistas como opositoras, no presionan por una mejora en sus condiciones de trabajo. No parece existir un movimiento de trabajadores autónomo con voluntad política propia… No parece factible que una medida así funcione sin un sujeto que la impulse… Muchas gracias por su comentario

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