Inoperancia (¿complicidad?) institucional y sicariato campesino: Caso La Escondida

Inoperancia (¿complicidad_) institucional y sicariato campesino (1)

Por: Eduardo Viloria Daboín

I

Un terrateniente es alguien que se cree dueño de grandes extensiones de tierra y se considera con el derecho de asesinar a cualquiera que pretenda disputarle eso que considera su propiedad. Un campesino es alguien que no posee tierra, aunque se pasa la vida trabajando la tierra que el terrateniente usurpa, y es, también, alguien que sabe que la tierra es suya por derecho histórico y está dispuesto a darlo todo por ella.

Ricardo Mora es un terrateniente y Orlando Reyes Parra era un campesino que, sorteando todas las trabas, obstáculos y zigzagueos puestos por la institucionalidad, en un proceso de justicia verdadera, a fuerza de lucha, resistencia, tenacidad y valentía, logró arrebatarle, junto a cientos de compañeros(as) más, unas hectáreas de tierra.

Pedro Vielma y Ramón Rosario eran, también, campesinos, que por solidaridad se atrevieron a dar apoyo a los compañeros en lucha. Ambos trabajaban en fincas vecinas a La Escondida. Uno, le permitía el paso por un costado hacia La Escondida a los compañeros del consejo campesino, porque el terrateniente Mora mantenía la entrada principal bloqueada. El otro, les prestaba una casa para que usaran el agua, se bañaran, lavaran ropa.

La historia de Mora, Reyes Parra, Vielma y Rosario se cruza en un pedazo de tierra llamado La Escondida, en Barinas. ¿Qué pasó? Aunque se tratara de tierras invadidas por Ricardo Mora, éste las creía suyas y se consideró con el derecho de asesinar a estos campesinos por haberse atrevido a tanto.

¿Lo hizo él mismo, con sus propias manos? No. Otro rasgo de los terratenientes es la cobardía y la flojera. Como tienen mucho dinero y no les gusta ensuciarse las manos ni trabajando, prefieren contratar sicarios y encargarles la tarea. Eso sí, después verán los videos y las fotos: un sicario eficiente no solo mata con saña, también graba el asesinato para demostrar fehacientemente que ha cumplido el encargo.

II

Nadie sabe cómo las tierras de La Escondida fueron a parar a manos de Ricardo Mora luego de que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) las rescatara en 2010 y las entregara en comodato al Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora S.A. (CAEEZ). Nadie sabe, aunque bastaría una mínima investigación para determinar quién firmó informes, certificaciones de finca productiva, reversiones de procesos, órdenes de desalojo.

Es muy fácil constatar, por ejemplo, que en 2014 la comunidad campesina hizo la Denuncia de Tierra Ociosa ante el INTI y jamás recibieron respuesta. También comprobar que, luego, apareció Ricardo Mora diciendo que él había comprado la finca (lo cual es ilegal, puesto que era propiedad del Estado) y exigiendo el desalojo de los “invasores”.

Es igualmente comprobable que en la gestión de José Ávila Bello como presidente del INTI se dio Certificación de Finca Productiva a favor de Ricardo Mora en octubre de 2017, y que el abogado que firmó se llama Omar Archilla, Impreabogado Nº 146.901. Ese expediente, además, debe tener los nombres de quienes realizaron las inspecciones.

Es sencillo verificar que apenas un mes después los(as) campesinos(as) fueron desalojados de forma extremadamente violenta por la Guardia Nacional Bolivariana, en una operación en la cual les robaron motos y herramientas de trabajo, les destruyeron los ranchos y las siembras de plátano, maíz y frijol. Fácilmente se puede determinar quién estaba al mando de la GNB de Barinas en esa fecha, y quién al mando de esa circunscripción, del comando y de la unidad que ejecutó la acción. Si hubo orden de desalojo, ¿no es extremadamente fácil averiguar cuál juez, jueza, fiscal, que la firmó?

Parece fácil, pero no es. ¿Por qué? Porque se desembolsa mucho dinero y tajadas de tierra en especias para comprar funcionarios(as), jueces y juezas, fiscales, comisarios, generales, capitanes.

III

“Aquí se presentó el señor Ricardo Mora con unos hombres armados. Tenían pistolas y escopetas pajizas. Vino a decir que si no nos salíamos de la tierra iba a matar a uno de nosotros. Nos obtstaculizan el camino y no nos dejan pasar las semillas y los insumos para sembrar plátano, yuca, maíz. Nosotros no enfrentamos la situación porque no tenemos armas. Las únicas armas que tenemos son las escardillas y los machetes para trabajar”. Así denunciaba Reyes Parra, en llamada telefónica, las amenazas de la que estaban siendo víctimas. El audio de esta llamada, difundido en redes sociales, consta como prueba.

La noticia se divulgó en varios sitios web de información alternativa, en cuentas de redes sociales de estos sitios y de organizaciones políticas revolucionarias como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y la Plataforma de Lucha Campesina.

Pero ningún medio público ni privado se hizo eco de la denuncia. Ninguna autoridad pública se pronunció al respecto. La denuncia fue puesta formalmente en la fiscalía en Barinas y desde allí tampoco se hizo nada. Al señor Mora no se lo citó, no se lo interpeló ni investigó por las amenazas cometidas. Una actuación seria, eficaz y contundente de la justicia pudo evitar, sin lugar a dudas, que al final Reyes Parra fuera torturado, mutilado, degollado y recibiera un tiro de gracia en la cabeza.

IV

En el país hay cientos de campesinos(as) con medidas cautelares y regímenes de presentación por denuncias puestas por los terratenientes. Los denuncian por delitos ambientales, invasión, robo de ganado.

En estos casos la fiscalía y los órganos de justicia y seguridad sí proceden con celeridad y eficiencia. Pero ante las graves denuncias puestas por los campesinos no hacen nada, permanecen paralizados.

En algunos casos, ni siquiera reciben ni procesan las denuncias, como el caso de Norka Aragón, en el Sur del Lago, que fue agredida con una motosierra y a los sujetos implicados, Máximo Quintero, Eduardo Celis y Rogelio Arteaga, ni siquiera se los detuvo para averiguaciones, no se los interrogó, no se pasó el caso a fiscalía.

A Norka la han amenazado reiteradas veces por teléfono, con mensajes que llegan a casa de su madre: “Te va a caer el motorizado”, le dicen. El motorizado es la forma como se llama en la zona a los sicarios.

V

Uno de los modos operandi de la corrupción que se articula en las llamadas mafias agrarias es el siguiente:

1) No dar respuesta a Denuncias de Tierra Ociosa a cambio de cobrar cuantiosas sumas en dólares a los terratenientes supuestamente propietarios de las tierras denunciadas.

2) Trucar inspecciones para dar Certificado de Finca Productiva a favor de los terratenientes.

3) Dejar pasar los lapsos definidos en la ley a los pasos que requiere el cumplimiento del rescate, para así dar oportunidad a que los jueces agrarios y ambientales reviertan los rescates iniciados por el INTI.

4) Generar órdenes de desalojo, por medio de jueces, juezas y fiscales.

5) Con o sin orden formal, ejecutar desalojos violentos a campesinos en proceso de lucha por la tierra utilizando para ello a la policía o la GNB. EL objetivo de la escuencia es garantizar que la productividad de los predios sea “demostrada” para así poder justificar el desalojo de los campesinos.

Es elevadísima la cantidad de procesos de rescate de tierra en el país que han sido y están siendo víctimas de este esquema. Llegó a tal extremo de gravedad esta situación, que a finales de mayo el presidente Maduro se pronunció contundentemente al respecto y prohibió por completo la práctica de desalojos a campesinos.

La orden se ha venido cumpliendo, con la excepción del violento desalojo ocurrido en días pasados en San Silvestre, Barinas, en el predio El Chavero, a cargo de la policía regional del estado Barinas, adscrita a la gobernación del estado.

Sobre dicho desalojo no ha habido pronunciamiento del gobernador Argenis Chávez, ni condenando que la policía a su cargo hubiera cometido tal acción violatoria de los derechos humanos ni ordenando abrir una investigación al respecto.

Al contrario, Argenis colocó un mensaje en redes sociales en el que llamaba “invasores” a los campesinos que están luchando tierra en Barinas. Afirmó que el 98% de los predios “invadidos” (es decir, todos) está en condiciones de productividad. Concluyó afirmando que resolvería esa situación para devolverle la paz y la tranquilidad a esos “productores”.

VI

Por su parte, el fiscal general de la república, Tareck William Saab informó que los autores intelectuales y materiales del triple sicariato de La Escondida estaban identificados. Señaló que se trata de terratenientes y dijo que sobre ellos caería todo el peso de la ley. Que esto ocurra es en extremo necesario. Es fundamental que la justicia actúe con eficacia y contundencia. Debe sentarse precedentes de que la actuación criminal de los terratenientes es castigada, independientemente del dinero y del poder que tengan.

Es igualmente necesario que los medios de comunicación masivos informen al país sobre la problemática del campesinado, sobre sus luchas, denuncias y sobre las agresiones y atropellos que sufren. Es necesario que hagan visibles los casos, las denuncias concretas:

¿Por qué VTV, El Correo del Orinoco, AVN, Telesur, entre otros medios de comunicación del Estado venezolano, no difundieron las denuncias previas ni una sola vez? ¿Por qué no han dicho nada del caso de sicariato de Palo Quemao, ocurrido hace casi tres meses? ¿Por qué no informan de las denucias de Norka Aragón y otros casos parecidos? ¿Por qué retiran del aire repentinamente una nota sobre la Marcha Campesina Admirable? ¿No están estos medios al servicio del pueblo venezolano y de sus luchas?

En el caso de La Escondida, el más reciente de sicariato, ha habido esta respuesta rápida de la Fiscalía General de la República. Pero no ha sido así en otros casos, como el ya mencionado de Palo Quemao, en el que fueron asesinados Jesús León y Guillermo Toledo. El principal sospechoso es el terrateniente Carlos Eduardo Pardi y sobre él no hay ninguna investigación. Las familias de las víctimas y los compañeros y compañeros de lucha de León y Toledo han hecho públicamente la denuncia y también ante los órganos competentes. En ese caso sigue la parálisis, la inoperancia, la falta de respuesta.

Es imprescindible que se actúe contra las mafias agrarias. Es central actuar contra el retardo en la conclusión de los rescates y la reversión de los procesos. Esa suerte de limbo en el que entran los procesos administrativos y jurídicos que adelantan los consejos campesinos y cooperativas que disputan tierras, es el caldo de cultivo para que los cuerpos de seguridad ejecuten desalojos y para que los terratientes activen sus métodos para lograr que los campesinos desistan: la amenaza, el amedrentamiento, el acoso y, finalmente, el sicariato.

5 Comentarios en Inoperancia (¿complicidad?) institucional y sicariato campesino: Caso La Escondida

  1. La ilusión siempre oculta la verdad. La CRBV prohibe el latifundio, el oligopolio y el monopolio. ¿Que justifica que en casi 20 años (1999 – 2018) no hayamos eliminado estructuras económicas y de mercado que violan los más elementales derechos humanos: hambre, miseria, desalojos, asesinatos). Presidente Maduro, camarada, usted acaba de experimentar la violencia material de la oligarquía. La única forma de mantener la paz es el ejercicio de la justicia ( no basta decir: “caiga quien caiga”). La palabra campesina me lleno de orgullo patrio. Sus ministros, viceministros deben cumplir con la palabra empeñada al juramentarse como tales. Ponga al pueblo, al obrero, al campesino a ejercer la contraloría social. Estamos en revolución, extirpe del gobierno a quienes han dañado con su actuación la obra del comandante Chávez, y de usted. ¡Radicalice su gestión de gobierno!

  2. En tu buen y bien documentado artículo, sólo nombras a un exfuncionario que fue presidente del INTI y viceministro, quien apenas estuvo 15 meses en el cargo e hizo una buena gestión (los logros están a la costa), más allá de algún acto administrativo indebido. A nadie defiendo a ultranza. Lo curioso es que, ni por asomo, nombras o aludes a personeros, padres del desastre agrario, que estuvieron desde 2001 para acá, a partir de cuando el Comandante Chávez promulgara la Ley de Tierras. Uno celebra la crítica fundamentada y argumentada porque es insumo para el debate y la acción transformadora, revolucionaria. Pero, también uno se pone en guardia cuando la investigación irreverente se queda corta o complace peticiones…

  3. y bien documentado artículo, sólo nombras a un exfuncionario que fue presidente del INTI y viceministro, quien apenas estuvo 15 meses en el cargo e hizo una buena gestión (los logros están a la vista), más allá de alguno que otro acto administrativo indebido que pueda haber ocurrido. A nadie defiendo a ultranza. Lo curioso es que, ni por asomo, nombras o aludes a personeros, padres del desastre agrario, que estuvieron al frente del INTI y el MAT, desde 2001 para acá, a partir de cuando el Comandante Chávez promulgara la Ley de Tierras. Uno celebra la crítica fundamentada y argumentada porque es insumo para el debate y la acción transformadora, revolucionaria. Pero, también uno se pone en guardia cuando la investigación irreverente se queda corta o complace peticione. Usted dirá…

  4. La derecha nos ha infiltrado hasta los tuetanos, tenemos quinta columnas administrando y dirigiendo desde los cargos mas importantes de la administración publica, que se puede esperar, no me causaria asombro que todos estos individuos, en realidad se conocieran entre ellos y estuvieran bien organizados , destruyendo desde dentro, la revolucion bolivariana: con sus actos deslenables, saboteos, mediocridad, desmoralizacion, complicidad, etc.

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