Paramilitarismo, sicariato y violencia terrateniente en el Sur del Lago

Por: Eduardo Viloria Daboín

I

Al mediodía del miércoles 19 de septiembre Kendri Adrián García Márquez se desplazaba en moto por la carretera panamericana. Venía de hacer un mandado familiar cuando, a la altura de Caño Caimán, desde un vehículo en movimiento, sicarios le dispararon a quemarropa.

El disparo fue hecho a menos de tres metros de distancia: la bala entró por la espalda y salió por el pecho, matando a Kendri en el acto. Tenía 16 años. La moto derrapó y quedó, junto al cuerpo de Kendri, en el fondo de un sanjón a orillas de la carretera.

En el entierro de Kendri, muchachas y muchachas de su edad, el entrenador y sus compañeros de los equipos de fútbol y softbol de la comunidad, niños y niñas de la zona, familiares y amistades, compañeros de lucha del padre de Kendri, lloraron el desconsuelo y la impotencia, el dolor de tener que enterrar este joven que, según comentaban, tenía serias posibilidades de llegar a jugar en el equipo de fútbol de El Vigía. Toda una vida por delante llena de posibilidades fue truncada de golpe por la violencia terrateniente.

Adelis García, padre de Kendri, conocido como Sardina, quien forma parte de la organización campesina que lucha el rescate del predio Montecarlo, presuntamente propiedad de la señora Mirella Sosa, venía recibiendo amenazas por parte de personas enviadas por la señora Sosa, su primo Omar Sosa y su sobrino, Melvin Sosa.

Los mensajes eran claros. Le decían que lo iban a ahorcar, que lo iban a picar y a enterrar en el mismo predio, que le darían donde más le duele, que se iba a arrepentir si no abandonaba la lucha por la tierra.

Previamente le habían enviado mensajes a través de su hermano ofreciéndole dinero, tierra para él solo, carros, a cambio de que abandonara la lucha y ayudara a convencer a sus compañeros y compañeras de que hicieran lo mismo. No consiguieron comprarlo ni intimidarlo y pasaron, finalmente, a asesinar a su hijo.

Pasó el entierro. El dolor está vivo, en su máximo punto. Pero las amenazas a los campesinos que luchan el rescate del predio Montecarlo continúan. La madrugada siguiente, bajo la puerta de la casa de la señora Vanessa Márquez, dejaron el siguiente mensaje escrito en tres hojas de papel:

Todos esos guajiros y no guajiros tendrán lo suyo. Ese chamo no tenía la culpa. Todos los que han sembrado los linderos van a recibir lo merecido. Sardina fue el primero.

Hagan saber esto: se deben retirar del sitio tomado, esas tierras tienen dueño. Todos los que han sembrado castigados serán. Señora Vanessa, usted les apoya y les da entrada por su casa. Amiga de Karina y el tal Sardina, todos van a tener su castigo. Corra la voz.  

Hay unos cuantos en la lista. Así que compren si quieren sembrar. Y cuando digo lista son hijos.

En medio del profundo dolor, no queda más que exigir actuación urgente de los cuerpos de seguridad y los órganos de justicia, que este crimen no quede impune y que se pueda evitar nuevos asesinatos. Está claro que las amenazas no son solo palabras. Los hechos señalan a la señora Mirella Sosa como principal sospechosa de la autoría intelectual del asesinato.

La inminente pérdida de las tierras que tenía abandonadas desde hacía años, las reiteradas amenazas contra el padre de Kendri y otros compañeros y compañeras de lucha y estas nuevas amenazas, son elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra.

II

Una constancia emitida por el Ministerio de Educación certifica que Jean Carlos Gil Sánchez, cédula de identidad 18.056.219, de 25 años de edad, “presenta Retardo Mental Moderado, con compromiso mayor en su capacidad cognitiva”.

Su tía, la señora Roza Huiza, forma parte del consejo campesino Tierras en Revolución, que lucha el rescate del predio El Trébol, en el municipio Obispo Ramos de Lora del Estado Mérida.

Luego de cumplir la escolarización básica, a la tía de Jean Carlos le recomendaron que lo mejor para él era que lo adiestrara en un oficio y ella y su esposo decidieron que, siendo campesinos, lo mejor era que aprendiera el trabajo de la tierra. Así vienen haciendo desde hace años, y su presencia en el rescate implica para Jean y la familia la oportunidad de que él pueda desempeñar ese oficio.

El viernes 14 de septiembre, Jean se encontraba solo en el cambuche levantado por la señora Rosa y su esposo en el predio, mientras ella iba al pueblo a proveerse de alimentos para tener en el cambuche. Serían un par de horas no más y Jean Carlos está en la capacidad de permanecer solo en ese lapso de tiempo.

Aproximadamente a las 6:30 de la tarde se presentó en el sitio un grupo de hombres armados, golpearon a Jean, le pusieron una soga en el cuello diciéndole que lo iban a ahorcar, le dijeron que le cortarían las manos y las orejas, le quemaron la espalda y lo golpearon con un machete y con las cachas de las armas de fuego. Además, le tomaron fotografías y le robaron el carnet del Psuv.

Esta agresión no es la única que han recibido los y las integrantes del consejo campesino Tierras en Revolución.

Además, son amedrentados constantemente por grupos de hombres encapuchados y armados que rondan el predio exhibiendo sus armas y haciendo disparos al aire.

Denuncian que estos sujetos se desplazan alternativamente a bordo de cuatro vehículos: una Silverado blanca, una Toyota roja, una Terios gris y un Ford Fiesta plateado, que entran y salen permanentemente de una finca vecina, propiedad del terrateniente Ramón Meza.

III

Estamos con el corazón agitado por las agresiones y amenazas que venimos recibiendo por parte del presunto Ramón Meza y su esposa.

El día 10 de septiembre se presentó acá en el predio un grupo de hombres fuertemente armados que se hacen pasar por colectivos revolucionarios.

Tenían pistolas automáticas y bombas lacrimógenas. Nos amenazaron con que nos iban a picar y a enterrar aquí en estas tierras.

El sábado 15 se presentaron nuevamente, junto a la esposa del señor Meza. Esta vez eran más hombres y tenían más armas. Quitaron las balizas que el Inti había puesto con la demarcación de las parcelas y las metieron en la camioneta en que andaban”.

Esto relatan los campesinos y campesinas que rescatan las tierras del predio El Carmen, en el municipio Obispo Ramos de Lora de Mérida.

Además de las amenazas, el grupo de hombres armados destruyó dos ranchos y les metieron candela, quemaron un montón de semilla de yuca y arrancaron unas semillas de ocumo recién sembradas.

Días atrás habían destruido otro cambuche, con presencia también de la esposa del señor Meza. También denuncian que con frecuencia son interceptados e interrogados en los caminos por hombres encapuchados armados de ametralladoras.

IV

En el municipio Sucre del estado Zulia hay denuncias similares por parte de los campesinos y campesinas. Allí hay, al menos, tres rescates importantes: Buena Esperanza, Santa María y Santa Rosa. En las últimas semanas han hecho presencia en estos predios grupos de hombres armados que se autodenominan colectivos. Hacen rondas, exhiben sus armas, intimidan. No es gente de la zona, aseguran los y las integrantes de los consejos campesinos.

Hace dos semanas el presidente del Inti, Luis Soteldo, estuvo en la zona informando sobre la pronta conclusión de los actos administrativos para la entrega de las tierras.

En el predio Buena Esperanza entregó la notificación de rescate y al presunto dueño, Rogelio Arteaga, se le entregó la notificación y se le dio la orden de retirar el poco ganado que tiene en la finca en un lapso no mayor a sesenta días.

Luego de la partida de Soteldo, el propio terrateniente Arteaga se presentó en Buena Esperanza acompañado de uno de estos grupos, le rompió en la cara a la gente la notificación y golpeó a uno de los campesinos.

V

Todos estos hechos evidencian que está en desarrollo una escalada grave de los niveles de violencia de la clase terrateniente en contra del pueblo campesino organizado que lucha por la democratización de la tierra.

Se trata de una arremetida que traduce organización y planificación para su ejecución: vehículos, logística, armamento, dinero. La similitud de las acciones y de las amenazas sugiere coordinación.

Se sabe de reuniones en las que han estado presentes los más pesados terratenientes de la zona. La gente reconoce sus vehículos, los campesinos saben cuando se juntan en algunas de sus haciendas. Allí se deciden acciones, se hacen planes, se mencionan los nombres de los(as) dirigentes campesinos(as), se hacen listas. Los planes están en marcha, en plena ejecución.

VI

A raíz del atropello cometido en el mes de mayo con funcionarios de la Guardia Nacional contra campesinos del predio La Magdalena, y del encarcelamiento ilegal de 32 campesinos de ese rescate, el presidente Maduro se pronunció públicamente en contra de estos hechos y prohibió expresamente la utilización de la FANB y de otros cuerpos de seguridad para amedrentar y atropellar al campesinado, y ordenó, además, la inmediata entrega de los predios en disputa.

Dirigentes campesinos de la zona coinciden en analizar que, al haber sido manifestado tal apoyo del Presidente de la República al pueblo campesino, los terratenientes se han venido reuniendo y organizando para arremeter con paramilitarismo y sicariato.

Al día de hoy, la orden de no utilizar la FANB contra los campesinos se ha venido cumpliendo, pero no ha sido así con la entrega de las tierras: dilaciones, retardos burocráticos, posposición de inspecciones, informes trucados, mantienen a los campesinos en un total estado de inseguridad jurídica con respecto a los predios que ocupan. Este limbo da tiempo a los terratenientes para actuar y deja a los campesinos a merced de la violencia.

En la zona fue instalada y está en funcionamiento un espacio interinstitucional llamado Mesa de Paz del Campo Soberano como estrategia para combatir las mafias agrarias y dar celeridad a los casos de rescates de tierras. Allí está la ZODI, las policías, los tribunales agrarios y ambiental, la fiscalía, la ANC y el Inti. Allí se vienen abordando los casos, pero con muchas dificultades operativas y poca celeridad. Es una iniciativa importante, pero la actual situación requiere de acciones más contundentes.

A raíz del asesinato de Kendri, se están adelantando algunas acciones. El comando rural de la Guardia Nacional se ha acercado a los predios a escuchar a los(as) campesinos(as) y a ofrecerles su protección, empezarán patrullajes más frecuentes y están abiertos canales de comunicación directos ante eventualidades. Se planteó, además, la posibilidad de instalar carpas para tener presencia permanente en zonas más críticas.

La élite latifundista ha dado muestras de su decisión de llevar la disputa por la tierra a niveles mayores en los que la violencia está en primer plano. No cabe esperar escrúpulos. No se puede bajar la guardia.

Las autoridades de la revolución bolivariana deben responder con igual fuerza y determinación. La protección de la seguridad personal y la vida de los campesinos y las campesinas que luchan por la democratización de la tierra y por elevar la producción de alimentos está en sus manos.

En las asambleas de los consejos campesinos, cuando se discuten estos temas, se percibe su esperanza y su confianza en las instituciones. La revolución debe ser radical en la defensa del campesinado y eso es lo que espera la gente. Que no haya un campesino más asesinado depende en buena medida de eso.

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