¿Cómo terminará todo esto? (II)

Por: Lenin Brea

I

La coyuntura venezolana puede definirse como una carrera contra el tiempo en la que los corredores deben cumplir ciertos objetivos antes de que se les agoten las fuerzas.

Del lado de los golpistas la meta inmediata se centraría en lograr un Gobierno efectivo, o al menos dar alguna manifestación de él, lo que puede traducirse, entre otras alternativas, en el intento de dominar cuando poco una parte del territorio nacional. Para esto su estrategia parece consistir en debilitar las bases que hacen posible el gobierno de su rival, mediante medidas económicas punitivas de envergadura, la amenaza de una acción bélica internacional y el ofrecimiento de amnistía, como medios para rendir por hambre, miedo y corrupción.

Según lo que se observó el 2 de febrero, las movilizaciones opositoras han decaído bruscamente con respeto a las del 23 de enero, pero se han radicalizado las consignas en favor de una intervención estadounidense y la guerra civil. Sucede lo contrario con el apoyo al Gobierno, amalgamado y unificado por la amenaza de exterminio que pende sobre el chavismo y la izquierda en general.

De todas maneras, ni el crecimiento del apoyo al Gobierno ha sido importante, más que de tal cosa se puede hablar de recuperación parcial, ni el decrecimiento sustantivo de la causa golpista da para hacerla insignificante o despreciable desde el punto de vista de una política de masas o como fuerza de apoyo a la violencia.

Un factor de peso en la situación es el protagonismo que tiene en la jugada golpista el partido de ultraderecha Voluntad Popular, al cual pertenece el Diputado Guaidó. Los liderazgos de AD., Primero Justicia, y algunos otros partidos minoritarios dentro del espectro opositor han mantenido cierta distancia con los acontecimientos y aunque recientemente, algunos, han dado signos de apoyar el golpe, parece que no tienen influencia en su conducción.

Por su parte, la alianza que apoya al gobierno se ve unificada en torno al imperialismo y la amenaza de un gobierno de ultraderecha, pero también, divida en cuanto a la praxis gubernamental. En todo caso el gobierno nacional cuenta con el apoyo del PSUV, que sigue siendo el partido más grande del país y cuya dinámica interna no da para que se expresen sus contradicciones.

Con respecto a los golpistas, se puede resumir diciendo que la falta de dominio efectivo de la situación ha mellado, con el paso del tiempo, su credibilidad política en el grueso de la población que desaprueba la gestión del presidente Maduro y que poco a poco irá mellando incluso el ánimo de sus militantes.

Además, la radicalización paulatina del discurso de la dirigencia opositora que encabeza el golpe de Estado[1] y su correlato, el cálculo que la gente comienza a sacar de las consecuencias catastróficas que tendría una intervención militar o una guerra civil, son otros factores que habrían contribuido a la desmovilización de gran parte de la gente que el 23 de enero vio a Guaidó como opción.

De ser acertado lo dicho, el autoproclamado presidente tendría que hacer algo pronto que demuestre que tiene gobierno efectivo de la situación, así fuese un show mediático. Su anuncio, respaldado por las autoridades estadounidenses, de la pronta llegada de la ayuda humanitaria, quizás, dé la clave para lo que sigue.

El autoproclamado intentará valerse de lo que tiene de movilización popular, magnitud que, repetimos, no es despreciable, sobre todo en algunos estados fronterizos, para forzar al Gobierno de Maduro a aceptar dicha ayuda o a negarse. Para esto cuenta además con cuantiosos recursos con los que podría crear organizaciones paramilitares que disputen el control territorial al ejército nacional, o también, contar con fuerzas extranjeras. Siempre está abierta la opción de un golpe militar en los estados fronterizos, aunque parece difícil que esto venga de los altos mandos militares de dichas regiones y no hay manifestaciones visibles de alzamiento. Como sea que finalmente se dé la jugada, se basaría en crear condiciones para la declaración de una “zona liberada” al estilo de lo sucedido en Siria y Libia y equivaldría al inicio de una guerra civil o algo peor.

Sin embargo, si los golpistas no lograran su objetivo inmediato, aun podrían jugar una carta a un plazo un poco mayor, basada en explotar la situación de caos que pudiese crear el bloqueo económico si el Gobierno nacional no logra contrarrestar sus efectos. De hecho, se dirá que en el momento presente el mayor problema para el Gobierno nacional es enfrentar los efectos del bloqueo económico, a los que se suman los de sus propias políticas económicas “internas”.

II

La posición del Gobierno nacional frente a la ayuda humanitaria es de rechazo, como es previsible, por lo que se convierte en parte su tarea evitar que efectivamente llegue al país. La dificultad estaría, sobre todo, en contener la violencia que apoye la recepción de la ayuda humanitaria sin desgastarse. Además, si el Gobierno tiene que valerse de la represión para evitarlo será acusado en las instancias internacionales, lo que servirá como excusa para la intervención militar humanitaria.

Que esta excusa sea necesaria es algo que se puede poner en duda, pero es un hecho que de momento una intervención militar carece de sustento político-jurídico internacional, incluso las organizaciones humanitarias y las instancias internacionales que sirven a tal fin reconocen que el Gobierno de Maduro es la única vía para canalizar una posible ayuda.

En la medida en que las instituciones políticas internacionales están trancadas, la vía para lograr algún tipo de justificación es la judicial, mediante una sentencia del Tribunal Internacional contra el presidente Maduro por violador de los DD.HH. y/o la invocación de una emergencia humanaría por parte de organizaciones internacionales o grupos de facto.

Por otra parte, Trump necesita del permiso del Congreso para usar la fuerza directamente. Lo mismo sucede con los Gobiernos de Brasil y Colombia. Es difícil saber si los juegos de poder internos darán para autorizar esto, pero al menos es de esperar que se cumplan los pasos formales. Mientras estos pasos no se den la única manera de avanzar en la declaración de una zona “liberada” pasaría por el apoyo interno que esto tenga de la FANB, por el uso de fuerzas paramilitares, y en menor medida por una política de masas.

La temporalidad de los golpistas también se ve comprimida por la dinámica política interna de EE.UU. Con su jugada contra Venezuela Trump ha hecho una apuesta grande luego de dos importantes derrotas políticas, la segunda, quizás, más contundente que la otra (elecciones de medio término y el cierre parcial del Gobierno). Además el éxito del golpe de Estado en Venezuela es consonó con su estrategia electoral, con lo cual el fracaso se cotiza a un alto precio.

Las posibilidades de que el Congreso estadounidense desbloquee la intervención militar en Venezuela aún están abiertas. De una parte, la llamada izquierda demócrata se ha opuesto firmemente a la política de Trump, tanto en lo bélico como en lo económico, mas la cuestión es qué hará el establishment de ese partido, el cual es mayoritario y decisivo. Hasta ahora ha sido favorable a un cambio de la situación política, pero, aunque se opone a una acción militar no tiene problemas con el bloqueo económico, cuyas consecuencias pueden ser más devastadoras, terminando por hacer “necesaria” la intervención. Se puede sugerir que la apuesta demócrata, su perverso ganar-ganar, se basa en culpar a Trump a futuro por las consecuencias nefastas que puede tener “su” política con respecto a Venezuela.

Además habría que tomar en cuenta en qué grado las medidas económicas tomadas por el presidente estadounidense, en particular las que afectan el suministro de petróleo venezolano, pueden perturbar, en un corto o mediano plazo, la economía estadounidense. Tomando esto en cuenta, la carrera estaría definida por quién sufrirá antes y de manera significativa los efectos de las medidas económicas punitivas.

Por su parte, el Gobierno Nacional tiene que vérselas con el impacto de dichas medidas en el breve y corto plazo. De no poder lidiar con ello, el tiempo jugará dramáticamente en contra suya, pues se estarán creando las condiciones para una situación excepcional (de caos) que además de permitir la sustentación de la tesis de la crisis humanitaria, significaría la pérdida de control sobre la situación. Por otra parte, si logra rearticular las exportaciones e importaciones con sus socios y aliados en un periodo breve, colocará al Gobierno de EE.UU. en una posición en que le será necesario actuar de forma definitiva y allí pesará la posición demócrata en el Congreso.

En síntesis, si se puede decir que el problema inmediato de los golpistas es cómo garantizar cuando menos una zona “liberada”; el problema del Gobierno, además de evitar esto, solventar la situación creada por las medidas económicas tomadas por el Gobierno de Trump. Una cuestión adicional que se constituye en un desafío para el Gobierno tiene que ver también con la economía. Aunque se lograse reorientarla evitando el bloqueo –lo que requiere tiempo y recursos–, se plantea la cuestión de si los costos sociales no serán demasiado altos a lo interno.

En efecto, desde que comenzó el intento del golpe el Gobierno no ha modificado sino radicalizado las medidas económicas ortodoxas, resultando esto en una agudización del deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías. En tal sentido, las carencias económicas plantean un escenario explosivo frente al cual el Gobierno solo ha podido responder con una política social importante aunque insuficiente, cuya viabilidad está, precisamente, puesta en juego por el bloqueo, y, por otra parte, con un endurecimiento de la política represiva, basada en normativas excepcionales y prácticas basadas en la violencia letal.

III

Para un observador exterior, que no tuviese nada que ver con lo que en Venezuela sucede, no digamos internacional, sino extraplanetario, la situación del pueblo venezolano sería posiblemente tragicómica.

De entre los pueblos del mundo, éste -y más en especifico- una parte minoritaria suya, ofrecería el espectáculo sin igual de estar dispuesto a matarse para determinar quién le entrega una bolsa de comida y unos bonos, si el Gobierno nacional mediante el Clap y el Carnet de la Patria, o el Gobierno de EE.UU. mediante la USAID, y unos mecanismos de bonificación directa que, según dicen sus representantes criollos, se implementarán en algún momento.

Se dirá que nuestro foráneo observador hace inferencias con base en datos superficiales, que lo que está en juego es mucho más grave y decisivo que la cuestión de ser o no beneficiario de determinada política social o de una ayuda humanitaria.

Diría nuestro extraterrestre que eso es verdad. Lo que está en juego no es exclusivamente el contenido de determinada política sino su sujeto: ¿quién es la autoridad que efectiva y legítimamente gobierna?, ¿en qué radica su autoridad para gobernar?

La recepción de ayuda humanitaria y la declaración de crisis o emergencia humanitaria que supone, implica que quien “gobierna” reconoce su impotencia ante una situación que lo desborda de tal manera que cede a un tercero temporalmente su potestad para gobernar. La diferencia con un estado de excepción, y se recuerda que la parte en discusión de la política social del Gobierno se basa precisamente en la declaración de un estado de excepción económico, es que aquí la idea es recuperar la capacidad de gobierno mediante la suspensión temporal del derecho.

Los juristas dirían que con el estado de excepción soberano se suspende la Constitución formal para que pueda actuar la Constitución real, en la emergencia humanitaria se deja en suspenso el conjunto de relaciones orgánicas que definen de facto la distribución concreta de derechos y riqueza (Constitución real) en favor de una fuerza extranjera.

Así la coyuntura nacional se definiría porque estamos en una situación cada vez más excepcional producto de las medidas tomadas por uno y otro bando para advenir sobre aquella. Dicho de otra forma: el estado de excepción y la emergencia humanitaria, tanto como actos performativos y praxis gubernamentales concretas, contribuyen a crear la situación excepcional y no a remediarla. La razón pasa porque tanto los golpistas como el Gobierno pretenden modificar la Constitución, tanto la formal como la real, para sus propios fines.

Mas allá, es inevitable recordar una de las dos consignas que más han animado los recientes actos de calle opositores: “No queremos bonos, no queremos Clap, lo que queremos es que se vaya Nicolás”. Al día de hoy esta consigna, puramente negativa, puesto que se basa en manifestar rechazo, se llena de sentido y positividad a partir de la oferta de una bolsa de ayuda humanitaria y la promesa de unos bonos, ergo: de una intervención militar humanitaria.

Pero del otro lado no es que la situación sea mejor. Luchar por mantener en el poder al Gobierno implica luchar por unas políticas que, en su conjunto, difícilmente se pueden calificar como populares. Ciertamente los subsidios directos y en particular los que son en especie como el Clap, pero sobre todo los subsidios indirectos (la electricidad, las telecomunicaciones, la gasolina) son importantes ayudas a la población, y pueden ser consideradas como auténticos derechos. A pesar de su deterioro, lo mismo puede decirse de las políticas de salud y educación gratuitas y públicas. Pero hay que balancear esto con la política laboral y monetaria recientemente implementada, que es un factor determinante para que, incluso con los subsidios y ayudas, la mayoría de la población se vea en una grave situación económica. Por último, el Gobierno nacional se ofrece como la única alternativa a la intervención extranjera directa, sea esta armada o no.

Así, todo parece conducir a una situación de violencia en el corto plazo, bien sea la directa por una agresión armada estadounidense, multilateral, paramilitar, por la sublevación de fuerzas del ejército nacional en apoyo a los golpistas, o por una combinación de las anteriores; bien sea por la violencia indirecta implicada en el bloqueo, la cual se traducirá en caos y posterior violencia directa.

Más allá, los liderazgos de los dos polos en pugna avanzan cada uno a su manera en la dirección de un inevitable desenlace violento. Es decir, pareciese que cada uno pugna por llegar al punto de no retorno hacia la violencia bélica bajo cualquiera de sus formas, pues ninguno se muestra dispuesto a ceder un ápice. Con esto la posibilidad de una salida negociada, basada en medios no violentos y democráticos se esfuma rápidamente.

La tragedia está en que esta última posibilidad es la de la mayoría, pero no puede escapar a la polarización más que haciéndose a un lado, porque no existe, al menos de momento, una posibilidad para su articulación política efectiva.

Nota al pie:

[1] Se evidencia particularmente en el despliegue de la propaganda proestadounidense, en el creciente protagonismo que aquellos han tenido en el desarrollo de los acontecimientos, en los llamados a la violencia, y en el planteamiento de amenazas explícitas en torno a los efectos de las medidas económicas