¿Qué está pasando en Argentina? La economía política de Alberto Fernández.

Por: Ernesto Bertoglio 

El 10 de Diciembre del pasado año 2019, Alberto Fernández asumió como Presidente de la Nación. Él y su equipo reciben un país socialmente devastado con una economía en estanflación, múltiples desequilibrios macro y financieramente maniatada por acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A casi 5 semanas del inicio de su mandato, hacemos una minuciosa radiografía acerca de las medidas que se tomaron hasta ahora, explicando el sentido de las mismas.

En nuestro anterior texto “Argentina: la economía que se va y la economía que se viene” habíamos proyectado que el plan económico-financiero del presidente Alberto Fernández, su Ministro de Economía, Martín Guzmán, y su presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, podría consistir en lo siguiente: reactivar la economía impulsando el consumo interno, impulsar un nuevo plan impositivo que evite elevar el déficit fiscal, flexibilizar la política monetaria y relajar la tasa de interés referencial con el objetivo de abaratar el crédito industrial, evitar subas vertiginosas en la tasa de inflación mediante una ley de góndolas, alentar exportaciones, y renegociar con bonistas privados y el FMI para posponer vencimientos alivianando pagos de deuda externa en el corto plazo.

Eso fue lo que estimamos y fue así que ocurrieron las cosas. El nuevo gobierno no perdió tiempo e hizo que el 21 de Diciembre el Congreso de la Nación (poder legislativo), comandado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aprobara el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, enviado allí por el poder ejecutivo. Este proyecto declara, entre otras cosas, la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, social y sanitaria dándole potestad al presidente para poder decidir sobre todos estos puntos hasta el 31 de diciembre de este año 2020.

El plan fiscal

Que en el título de este proyecto de ley se utilice el término “solidaridad” no es algo menor: dicho concepto hace referencia al plano fiscal-impositivo. El plano fiscal-impositivo es el corazón del plan económico. En efecto, se aumentan aquellos impuestos que suelen afectar al sector social que goza de mayor poder adquisitivo, el cual deberá hacer un “sacrificio” en “solidaridad” con los que menos tienen y que están, efectivamente, al borde del abismo en una lucha diaria por subsistir. Es que Martín Guzmán (Min. de Economía) y Miguel Pesce (BCRA) no quieren recurrir a la emisión monetaria para financiar el gasto social e impulsar el consumo, sino que desean hacerlo vía incremento de la recaudación impositiva manteniendo el equilibrio fiscal.

Una vez aprobado este proyecto de ley, se hicieron efectivas las siguientes resoluciones en lo que refiere a la cuestión impositiva:

  • Suba del Impuesto a los Bienes Personales (impuesto a la riqueza): es un impuesto que pagan aquellos que tengan bienes cuyo valor conjunto estén por encima de 33 mil 500 dólares (2 millones de pesos argentinos) e inmuebles por encima de los 301 mil dólares (18 millones de pesos argentinos). Los cambios implican que los primeros 3 millones de pesos por encima de ese mínimo no imponible y que tributaba una tasa del 0,25%, ahora tributará el 0,50%; por encima de esos 3 millones de pesos y hasta los 6 millones 500 mil pesos que antes tributaba el 0,50% ahora tributará el 0,75% más una suma fija de 15 mil pesos; por encima de los 6 millones 500 mil pesos hasta los 18 millones de pesos que antes tributaba el 0,75% ahora tributará el 1% más una suma fija de 41 mil 250 pesos; y por encima de 18 millones en adelante que antes tributaba el 1% ahora tributará el 1,25% más una suma fija de 156 mil pesos. En lo que refiere a los bienes en el exterior que excedan el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país pagarán una tasa de 0,70% hasta 3 millones de pesos; de 1,2% entre 3 y 6 millones 500 mil pesos; de 1,80% entre 6 millones 500 mil y 18 millones de pesos; y de 2,25% a partir de los 18 millones de pesos. Se exceptúa el pago del impuesto a quienes hubieran repatriado activos financieros y que representen, como mínimo, el 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior, medida que busca estimular la repatriación de bienes (dolares).
  • Suba de los derechos de exportación de granos (las mal llamadas “retenciones”): En esto voy ahondar y a extenderme bastante porque es un tema de mucha relevancia histórica y económica en mi país. Las (mal) llamadas “retenciones” es un impuesto en carácter de Derechos de Exportación que pagan los exportadores de commodities agropecuarios (principalmente soja, maíz, y trigo). El nuevo gobierno aumentó las alícuotas de este impuesto: la exportación de soja que tributaba el 24,70% pasará a tributar el 33% y la exportación de Maíz y Trigo que tributaban el 6,70% pasaran a tributar el 15%. Por cuestiones geo-climáticas, el principal recurso natural de Argentina es la Pampa Húmeda ubicada en el centro-este del país (donde yo resido), algo así como el equivalente a la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, solo que en vez de reservas de petróleo este recurso está constituido por ricas y fértiles tierras con capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, es decir, 1 mil veces la población argentina, cuestión por la cual, que aquí en Argentina se padezca hambre, es motivo de mucha polémica, y en mi caso, vergüenza. Además, la exportación de granos y demás productos agropecuarios es la principal fuente de divisas del país.

Las disputas políticas en Argentina han pasado siempre por quien se hace con la renta extraordinaria de semejante recurso. De un lado, la oligarquía terrateniente y sus gobiernos liberales y conservadores, y del otro, los gobiernos populares (Juan. D. Perón en 1946 y Cristina Fernández de Kirchner en 2007), y las clases postergadas. Una lucha sin tregua entre la Argentina agroexportadora contra la industrial, entre la estancia contra la fábrica, entre los terratenientes contra la clase obrera. La historia argentina se sintetiza en dos bandos: de un lado, las 1 mil 294 familias propietarias de siempre; una clase dominante con apellidos aristocráticos que de herencia en herencia poseen propiedades que van de 2 mil  500 hectáreas a más de 20 mil hectáreas cada uno, y que concentran el 32% de las tierras más fértiles del país; del otro lado, están el resto de los 40 millones de argentinos. Esta clase dominante minoritaria resulta muy poderosa e influyente ya que utilizan a propietarios pequeños y medianos como punta de lanza en sus embestidas y gozan de un infranqueable lobby mediático-comunicacional que  ha convencido a gran parte de la opinión pública de que Argentina es un país que subsiste gracias al arduo trabajo de sus productores rurales, cuando en todo caso, es gracias a las enormes ventajas competitivas del recurso natural (tierra fértil) que ellos usufructúan.

Así es que el nuevo gobierno aumentó los derechos de exportación de granos, el cual pagan las cerealeras exportadoras que compran el grano a los productores agropecuarios para luego exportarlo. 15 grandes cerealeras exportadoras (Cargill, Dreyfus, A.D.M Agro, etc.) controlan el 96,1% de los granos que comercializa nuestro país con el mundo. El problema es que cuando las cerealeras les compran el grano a los productores agropecuarios, las primeras le descuentan el impuesto en el precio de compra del mismo a los segundos, es decir, que indirectamente, es un impuesto que lo termina pagando el productor agropecuario. El drama está en que este mecanismo impositivo, como el IVA, es distorsivo y hace difícil (pero no imposible) segmentar entre chicos, medianos y grandes.

Cuando en el año 2008 la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner quiso aumentar las alícuotas de los derechos de exportación de granos, la oligarquía terrateniente, en alianza con pequeños y medianos productores de granos, no solo obligaron a su gobierno a retrotraer la medida (traición de su entonces vicepresidente Julio Cobos mediante) sino que casi se ve obligada a renunciar luego de que los productores bloquearan carreteras e impidieran el abastecimiento de las ciudades. Con el objetivo de intentar evitar el mismo desenlace, el nuevo gobierno segmentará socialmente el impuesto haciendo un reintegro parcial o total del mismo a pequeños y medianos productores rurales, según corresponda.

  • Impuesto a la compra de dólares para ahorro y turismo: Se creó un impuesto a la adquisición de moneda extranjera para ahorro y turismo. El impuesto consiste en un recargo del 30% al momento de comprar la divisa. Es decir, siendo el tipo de cambio promedio a la fecha de 62,98 pesos por dólar, constituye un recargo de 18,89 pesos adicionales por dólar. El control de cambios queda vigente permitiendo comprar a los minoristas un máximo de 200 dólares mensuales para ahorro.
  • Impuesto a los autos importados de alta gama: El proyecto de ley presentado por el nuevo Gobierno incluye un fuerte aumento del impuesto a los autos cuyo precio supere los 28 mil dólares, impuesto cuyas alícuotas irán del 20% al 54% según corresponda. Estas medidas impositivas permitirán a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encabezada por su directora, la economista Mercedes Marcó del Pont, recaudar un adicional de 8 mil  millones de dólares, equivalente al 2,14% del PBI, posibilitando compensar el déficit fiscal de 1,5% del PBI heredado. De esos 8 mil millones de dólares, como aseveramos en la parte 1 de este artículo, 1 mil 600 millones de dólares irán destinados a los sectores más vulnerables con una intención, por un lado, humana, aliviándolos, y por el otro, económica, alentando el consumo interno (el cual explica el 70% del PBI) para recuperar la actividad económica y salir de la recesión impulsando así el crecimiento.

Medidas para alentar el consumo interno: el “New Deal” de Alberto Fernández

En lo que refiere a aliviar a los sectores vulnerables e incentivar el consumo interno y la producción, el nuevo gobierno tomó una batería de medidas de las cuales destacamos las siguientes:

  1. Congelamiento del precio de las tarifas de los servicios públicos (electricidad y gas) y combustible por 180 días (esto último podría complicarse si el precio del barril de petróleo continúa subiendo por los sucesos que ocurren en la República Islámica de Irán y la República de Irak mientras escribo).
  2. Rebaja del 8% en medicamentos.
  3. Bono de 5 mil pesos (83 dólares) en el mes de Diciembre y Enero para jubilados y pensionados que perciban la jubilación mínima nacional. Además, se establecerá una nueva fórmula de cálculo previsional para los aumentos de jubilaciones y pensiones, la cual permita que ganen más quienes cobran menos.
  4. Bono de 2 mil pesos (33 dólares) en diciembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La AUH es un seguro social que entró en vigencia en 2009 por iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que perciben aquellas familias más carenciadas, es decir, aquellas que no tengan un ingreso-salario formal (desocupación o informalidad laboral). Actualmente dichas familias perciben 2 mil 746 pesos (41 dólares) mensuales por hijo. Impacta sobre unas 3 millones 500 mil personas que actualmente perciben el beneficio.
  5. En el marco del programa “Argentina Contra el Hambre” se hará entrega de una Tarjeta Alimentaria a 4 millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social, la cual servirá únicamente para adquirir alimentos en supermercados, hipermercados y comercios por un monto de 4 mil a 6 mil pesos mensuales.
  6. Se estableció un piso de aumento salarial de 4 mil pesos (67 dólares) a los trabajadores del sector privado a partir de Febrero. Se prevé un aumento salarial similar para los trabajadores del sector público.
  7. Se estableció el pago de la doble indemnización por despidos sin causa.
  8. El AFIP suspendió embargos a las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) que adeuden impuestos con el Estado Nacional y los beneficia con planes de pago de hasta 120 cuotas mensuales y una moratoria con quita del 100% en intereses y multas.

La política monetaria del BCRA

Como también preveíamos en la primera parte de este artículo, el BCRA comandando por su presidente, Miguel Pesce, relajó la tasa referencial de política monetaria del 63% al 55%. Se prevé que la misma siga disminuyendo gradualmente.

Esto tiene dos efectos:

  • Favorece el crédito productivo y comercial relajando la tasa de interés crediticia y aliviando la cadena de pagos (giro al descubierto). La tasa promedio de créditos bajó desde 73% al 69%.
  • Perjudica la especulación financiera, rebajando los intereses percibidos por aquellos que apuestan a instrumentos financieros a tasas estratosféricas como las Letras de Liquidez (LELIQs) en el caso de los bancos, y los Plazos Fijos en el caso de los inversores privados, empujándolos a invertir ese dinero en producción y no en la renta financiera. La tasa de interés promedio de Plazos Fijos bajó del 42,8% al 37,3%.

Carrera contra el tiempo: reperfilar vencimientos de deuda

La cuestión aquí es sencilla y ya lo hemos explicitado en detalle en la parte primera de este artículo. Tras la apertura de la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos y liberar los controles cambiarios a partir de 2015, la administración de Mauricio Macri empachó al país de deuda para financiar la enorme fuga de capitales destapada por esas dos medidas.

Lo que ya era una auténtica tragedia financiera se convirtió en un apocalipsis cuando desde Wall Street, a principios de 2018, le cerraron el grifo de deuda a su entonces Ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputto (a quien apodaban “el Messi de las finanzas”). Macri, en medio de una bataola cambiaria, entonces acudió en pánico al FMI, organismo que le ofreció, mediante un crédito stand by, 57 mil millones de dólares desembolsados en varios tramos para no entrar en default, de los cuales su gobierno tomó 44 mil millones de dólares. Fue el préstamo más voluminoso en la historia del FMI. De hecho, este monto representa el 46% de los créditos vigentes que posee el FMI con el mundo.

La primera medida que tomó Alberto Fernández fue anunciar que su gobierno rechazara el resto del monto pendiente prescindiendo de más “ayuda” del FMI. La buena noticia es que los vencimientos de deuda con el organismo multilateral no representan hasta ahora una preocupación ya que los más significativos deben afrontarse a partir del año 2021, y el más importante (15 mil millones de dólares aprox.) en el año 2022.

El problema inmediato está situado en este año 2020: Argentina debe afrontar pagos equivalentes a 36 mil 800 millones de dólares de los cuales, 20 mil 950 millones de dólares debe hacerlos en esa moneda, y el resto (el equivalente a 15 mil 873 millones de dólares), en pesos argentinos. El equivalente a 28 mil 700 millones de dólares es para con los acreedores privados, el equivalente a 4 mil 216 millones de dólares es para con organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, CAF, etc.) y el equivalente a 4 mil 600 millones de dólares es para con el Club de París.

Con un BCRA con Reservas Netas en el orden de los 15 mil millones de dólares, este año es imposible de sobrevolarse normalmente en materia de deuda pública. El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva recientemente aprobado autoriza al Tesoro Nacional a tomar solo  4 mil 570 millones de dólares del BCRA para afrontar el pago de bonos soberanos. De ese monto el Tesoro ya tomó 1 mil 300 millones de dólares.

Argentina está en virtual default. Es entonces que el Ministro de Economía Martín Guzmán tomó la decisión de re-perfilar el vencimiento de unos 9 mil millones de dólares de deuda que vencían en estos meses (pago de Letras del Tesoro) para el 31 de Agosto de este año, buscando algo de aire, para en el mientras tanto, negociar plazos de pago. Aparentemente, el plan del nuevo gobierno no consiste en negociar quitas de capital e intereses sino en negociar los plazos de pago de los vencimientos “pateando” para adelante los mismos, mientras la economía toma impulso vía consumo interno haciendo del ratio PBI-vencimientos de deuda (que sitúa actualmente entre el 9% y 10% del PBI) algo medianamente sustentable y admisible.

De la inflación y los problemas macro-estructurales de la economía argentina

En lo que respecta al tema inflacionario no ha habido muchas novedades o anuncios más de allá de la previsible vuelta del programa “Precios Cuidados”, el cual tuvo relativo éxito en los últimos años de gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que consiste en un acuerdo de precios que incluye más o menos unos 300 productos básicos. Este programa puede constituir un alivio pero obviamente no resuelve de fondo el problema inflacionario.

Se estima que la inflación del pasado año 2019 fue del 53% (aún no témenos el resultado oficial de Diciembre), siendo la más elevada desde el año 1991, último periodo hiperinflacionario que padeció nuestro país. Argentina ha sido víctima de sucesivas crisis inflacionarias. Incluso la inflación ha persistido en dos dígitos anuales en gran parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (algunos años más y otros menos pero siempre en dos dígitos).

Las crisis inflacionarias en Argentina van siempre de la mano con las crisis cambiarias siendo estas últimas la causa de las primeras. De hecho, el único periodo en que Argentina no padeció inflación de dos dígitos (incluso llegó a tener deflación) fue, como hemos dicho, a partir de 1991, cuando el entonces gobierno neoliberal de Carlos Menem y su emblemático Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, establecieron la convertibilidad fija 1 dólar–1 peso argentino (lo cual requirió de endeudamiento y numerosas privatizaciones con el fin de mantener esa paridad insostenible en el tiempo, haciendo la misma estallar la economía en 2001, default mediante).

Las recurrentes crisis cambiarias causantes de la alta inflación son a su vez producto de un desequilibrio externo crónico e histórico consistente en una deficitaria Balanza de Pagos del país, la cual, para equilibrarse, empuja a la moneda a devaluarse estimulando la liquidaciones de exportación de granos y deprimiendo las importaciones vía encarecimiento de las mismas (se da más esto último que lo primero).

En los últimos 9 años (2010-2019) la cuenta corriente de la balanza de pagos de la República Argentina ha sido deficitaria haciendo explosión en el año 2018 cuando el déficit de la misma llegó a ser el equivalente al 6% del PBI y es así que en abril del mismo año comenzó la debacle cambiaria de la administración Macri. Desde el 2002 al 2010 fue levemente superavitaria debido a los altos precios internacionales de los commodities agropecuarios, y debido a que el poder de compra de los argentinos todavía no terminaba por recomponerse de la crisis económica-social del 2001, cosa que empezó a ocurrir con fuerza en los años 2009, 2010 y 2011, cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su entonces Ministro de Economía, Amado Boudou, apretaron el acelerador en la batalla por la redistribución de la riqueza contra la élite agropecuaria-financiera y comunicacional, batalla que, por cierto, le valió a la expresidenta una feroz persecución judicial en estos últimos años, y a su Ministro, la cárcel, siendo hoy un preso político y todo un emblema de resistencia e integridad.

Pero la cuestión es que si nos retrotraemos a años previos al 2002 la cuenta corriente de la balanza de pagos vuelve a tornarse deficitaria; la escasez de divisas es un problema crónico e histórico en nuestra economía que se da por tres motivos:

  1. En periodos de alto consumo por parte de las clases populares (como ocurrió a partir de 2010) crece el uso de la capacidad industrial instalada de las fábricas e industrias, las cuales, para hacer afrontar el alza de la demanda de bienes y servicios mediante mayor producción de los mismos, incrementan la importación de maquinarias y bienes intermedios que no se confeccionan en el país.
  2. Cuando el tipo de cambio se mantiene estable (lo cual permite sostener el poder de compra de las clases populares) el complejo agro-exportador ralentiza la liquidación de exportación de granos demandando una devaluación de la moneda, y en última instancia, forzando a que esto ocurra, debido a que dejan al país sin ingreso genuino de divisas.
  3. Cuando el tipo de cambio se mantiene estable y la demanda de los sectores populares se recompone, y por lo tanto también los márgenes de utilidad de las empresas, los propietarios de las mismas comienzan a dolarizar ganancias para fugarlas a cuentas en el exterior e invertirlas en instrumentos financieros provistos por otros países (ej. bonos del Tesoro de EEUU a 10 años)

Conclusión: en periodos de auge del consumo y estabilidad cambiaria, ante el incremento de las importaciones, el estancamiento de las exportaciones y el ascenso de la fuga de capitales, la balanza de pagos se torna deficitaria y esto se compensa con dos recetas clásicas: endeudando primero, y luego, cuando esto resulta impagable y se cierra el acceso al crédito, devaluando, para una vez más volver a los puntos-años de crisis económica-financiera-social iniciales, 2001 y 1989, a lo cual debemos agregar ahora el año 2018.

Como suelen afirmar por acá, “cada 10 o 15 años chocamos la calesita”. Pero quienes esgrimen esto suelen ser economistas neoclásicos que sostienen que la causa de todos los males está en el también crónico e histórico déficit fiscal, sin advertir que la causa de este se da por el déficit continuo en la balanza de pagos el cual termina por devaluar la moneda, impulsando la tasa de inflación, licuando el poder de compra de la mayorías populares, derivando esto último en recesión,cuando finalmente, se recurre a la expansión del gasto público vía monetización con el objetivo de volver a un ciclo de recomposición de demanda y crecimiento, pero que, al no resolver los problemas estructurales antes descritos (importaciones-exportaciones-fuga), todo termina en un nuevo ciclo deficitario externo (punto de inicio).

Es por ello que tanto Alberto Fernández como su equipo económico son resistentes a la emisión monetaria para financiar el gasto social e impulsar pronunciadamente el consumo; temen que un alza brusca en el consumo acentué vía importaciones y turismo exterior la escasez de divisas causando un nuevo estallido cambiario-inflacionario. Por eso tratan de hacerlo vía recaudación manteniendo la meta de déficit fiscal cero, sin hacer circular más pesos argentinos adicionales que se puedan ir contra el dólar. Mi valoración de esto es que si bien esta política sirve para atender necesidades sociales urgentes de una forma económicamente prudente, no alcanza para adentrarse en un ciclo de crecimiento amplio, sostenido y sustentable. Aún con las medidas anunciadas anteriormente, estas no alcanzan para recomponer el consumo, sino que en todo caso servirán apenas para amortiguar una caída mayor. Quien aquí escribe proyecta una caída del PBI del 0,5% en 2020. La del año 2019 estará entre el 1,5% y el 2%.

En estos años, e incluso durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), no ha habido consensos para atender de raíz las causas del desequilibrio externo; impulsar un proceso agresivo y consistente de sustitución de importaciones mediante el control del comercio exterior.

Durante esos 12 años se intentó hacer esto mismo, pero mediante diversos estímulos a una burguesía nacional ineficiente, especulativa y parasitaria, que alega que salarios e impuestos en Argentina resultan demasiado caros como para considerar invertir en producción a gran escala (una manera sutil de afirmar que las mayorías trabajadoras gozan de demasiados derechos en Argentina). Se avanzó poco y nada en este aspecto.

Como el sector privado se rehúsa a ser participe, solo queda una alternativa viable: el Estado como actor protagónico y productivo para sustituir importaciones de forma definitiva y pronunciada. Es así que se deberían tomar las siguientes medidas:

  • Estatizar parcial o totalmente el complejo agroexportador lo cual permitiría un ingreso regular y genuino de divisas.
  • Estatizar el comercio exterior e impedir el ingreso de bienes importados que no sean estrictamente necesarios para el normal funcionamiento de la economía.
  • Utilizar los saldos comerciales en dólares producto de esas medidas para crear y capitalizar empresas públicas que posibiliten sustituir importaciones realizando inversiones en materia de energía (petróleo y gas), maquinaria, tecnología y bienes intermedios.

En relación a la inflación la sociedad se pregunta porque cuando ocurre una devaluación esta se dispara en bienes que no son importados y que se producen casi íntegramente en suelo nacional como sucede en el caso de los alimentos. Esto ocurre por dos motivos:

  • Cuando se produce una devaluación, se requieren más pesos para comprar divisas. Esto hace que el sector empresarial suba los precios en los productos cuya demanda es inelástica, con el fin de obtener estos pesos para luego usarlos en la adquisición de moneda extranjera (dolarización de utilidades para posterior fuga). Esto también explica porque los precios de estos productos tienden a subir cuando sube el dólar paralelo-ilegal en periodos de restricción cambiaria.
  • Argentina es un país exportador de materias primas alimentarias por lo que su precio interno suelen acoplarse a su precio internacional. Cuando sube el dólar, el precio internacional traducido a pesos también lo hace, incrementando los costos en lo que refiere a la producción de alimentos para comercializar en el mercado interno. Y por supuesto, también suben los precios de los alimentos cuando el precio internacional de estas materias priman sube aunque el tipo de cambio se mantenga estable.

El gobierno debería estatizar al menos parte de la producción y comercialización interna de los alimentos centralizando esto en una empresa pública o mixta, creando así una palanca decisiva de intervención en este mercado, evitando abusos en la venta de alimentos, garantizando la estabilidad en sus precios y el acceso universal a los mismos, tal cual lo hace el mercado de combustibles mediante la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Sintetizando: devaluación e inflación no son más que fenómenos explicados por una sola cosa: la puja distributiva entre los que poseen capital de un lado, y los que poseen muy poco o nada, del otro.

La última crisis económica-social-financiera que inició en 2018 acentuó las contradicciones en la estructura económica nacional por lo que ya no quedan parches que puedan resultar. A mi entender, el éxito de la dupla Fernández-Fernández depende de que se tomen medidas decisivas y rápidas que vayan en el sentido antes expuesto y que permitan a la economía crecer con sustento en el desarrollo de las fuerzas productivas. Cristina y Alberto, parecen advertir los enormes riesgos y desafíos. De que se les dé una resolución positiva a los mismos dependerá de la valentía política del equipo de gobierno para tomar medidas que vayan, como he dicho, en el sentido antes explicado.

 

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